A diferencia de los ricos, la mayoría de las personas acusadas de infringir la ley necesitan un abogado de oficio o un abogado privado que las represente a costa del contribuyente.

El sistema ha funcionado así desde la década de 1960, pero el gobierno de Biden admitió que podría mejorarse. El jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) inició en Miami una gira por todo el país para conmemorar el 60 aniversario de una histórica sentencia de la Corte Suprema, Gideon contra Wainwright, que garantizaba el derecho del acusado a un abogado y a un juicio justo, de acuerdo con la Sexta Enmienda.

La gira “Gideon”, que lleva el nombre del hombre del norte de la Florida que tuvo que representarse a sí mismo luego de ser acusado de robar $5, refrescos y cervezas de un bar de Panama City, promete ser algo más que ceremonial. La vicefiscal general Lisa Monaco, segunda al mando en DOJ, se reunió en privado con el defensor público federal del sur de la Florida, Michael Caruso, y otros abogados defensores y fiscales para recabar información sobre cómo los acusados indigentes podrían estar mejor representados a lo largo del complicado proceso de arrestos, audiencias de detención, acuerdos de culpabilidad y juicios.

Como parte de la iniciativa, DOJ también puso en marcha una revisión de 100 días de sus esfuerzos para garantizar “la oportuna a un abogado” en las instalaciones de la Oficina de Prisiones (BOP), que ha sido una fuente de quejas de los abogados defensores que tratan de reunirse con sus clientes detenidos antes del juicio, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

Durante la reunión en la oficina del defensor público en Flagler Street, Monaco invocó el espíritu de la ex fiscal general de Estados Unidos Janet Reno, la difunta nativa de Miami para quien trabajó como abogada a finales de la década de 1990. Reno había convocado un “histórico” Simposio Nacional sobre Defensa de Indigentes. Monaco citó el mensaje central de Reno en un informe de 1999: “Nuestro sistema de justicia penal es interdependiente: si una pata del sistema es más débil que las demás, todo el sistema acabará por tambalearse”.

Caruso, quien supervisa a 50 defensores públicos adjuntos en el Distrito Sur de la Florida, describió cómo la histórica decisión Gideon y la posterior aprobación de la Ley de Justicia Penal allanaron el camino para que las personas indigentes fueran representadas por abogados privados financiados con fondos federales y, finalmente, por defensores públicos en la década de 1960.

Pero en la reunión, Caruso destacó las deficiencias del sistema, centrándose en la falta de acceso de un acusado a un abogado inmediatamente después de su detención e ingreso en el Federal Detention Center (FDC).

“En nuestro distrito, un acusado puede no tener abogado en varias fases críticas, como la comparecencia inicial y la audiencia de fianza [ante el tribunal]”, dijo Caruso. “Los que están en prisión —muchos de los cuales están gravemente enfermos o tienen un ser querido que requiere cuidados— pueden no tener un abogado para solicitar una libertad compasiva.

“Y hay muchas otras cuestiones estructurales que todavía plagan nuestro sistema jurídico penal e impiden la asistencia efectiva de un abogado”, dijo, citando “la falta de acceso significativo a nuestros clientes detenidos y las prácticas de descubrimiento desiguales”.

El abogado defensor de Miami Henry Bell, ex defensor público federal adjunto, comparte las opiniones de Caruso. Bell ahora representa a 175 abogados en los tribunales federales del sur de la Florida que son designados regularmente por un juez para representar a clientes indigentes.

“Las cosas realmente evolucionaron o empeoraron durante la pandemia”, dijo Bell en la reunión. “Y, en lo que a mí respecta, no hay ninguna buena razón para mantener en su lugar las prácticas pandémicas en las que debemos lidiar con los plazos y los derechos de juicio rápido de los clientes”.

Bell dijo que FDC, gestionado por BOP, no tiene en cuenta el derecho del acusado de ver a su abogado.

“Este es un centro de detención preventiva con una misión ligada a los casos judiciales y al proceso, en donde tienen que facilitar la representación de nuestros clientes, pero no es una prioridad para ellos”, dijo Bell, quien también señaló que las computadoras y el software “no están a la altura”, por lo que los clientes no pueden revisar las pruebas y la correspondencia de manera efectiva.

En la reunión del jueves también estuvieron presentes el fiscal Markenzy Lapointe, el defensor público de Miami-Dade Carlos Martínez y la directora de la Oficina de Acceso a la Justicia de DOJ Rachel Rossi.

“La misión de DOJ no es solo defender el Estado de Derecho y mantener la seguridad del país, sino también proteger los derechos individuales”, dijo Lapointe, quien representó a acusados de delitos penales antes de su nombramiento como principal fiscal del sur de la Florida. “El derecho a la Sexta Enmienda de los acusados de delitos penales es un principio básico del sistema de justicia de Estados Unidos, que mi oficina y el Departamento en su conjunto se toman muy en serio”.

Rossi, quien había trabajado en las oficinas estatales y federales de abogados de oficio en Los Ángeles, dijo a los asistentes que dirigirá la gira “Gideon” de Miami a Tulsa, luego a Las Vegas, Nashville y Des Moines y, por último, a Washington, D. C., en donde el fiscal general Merrick Garland y la Oficina de Acceso a la Justicia ofrecerán una recepción.

“Nuestra misión es derribar las barreras que impiden el acceso a las promesas y protecciones de nuestros sistemas jurídicos civil y penal”, incluido el apoyo a los defensores públicos y a la defensa de los indigentes, dijo Rossi, quien añadió que se necesitan más recursos federales para resolver el problema.

Caruso terminó con una nota de optimismo: “Espero que hoy se reafirme el diálogo que comenzó hace 60 años —entre DOJ y quienes trabajan en nombre de los pobres— para terminar lo que empezamos: trabajar por un sistema legal en el que la igualdad de justicia no dependa de la cantidad de dinero que tenga una persona.”