Colombia vive otro día de protestas contra la violencia

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BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El Comité del Paro Nacional, que agrupa a organizaciones sindicales y estudiantiles de Colombia, encabezaba el jueves una nueva jornada de protestas en reclamo de acciones que frenen los asesinatos de líderes sociales y la aprobación en el Congreso de un paquete de leyes que otorgan una renta básica a los más pobres y garantizan la gratuidad en la educación universitaria.

“Marchamos en rechazo a esta oleada de violencia, no creemos que sea el camino para salir de esta crisis que tiene el país, pedimos que se investiguen todos los asesinatos, los de líderes sociales y los de manifestantes”, dijo a The Associated Press Hami Gómez, líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, quien protestaba en Medellín sosteniendo la bandera de Colombia. “Queremos que se apruebe la matrícula cero de carácter universal en pregrado y posgrado y que se haga una reforma integral al Icetex (entidad que financia créditos para estudio)”, agregó.

Entre enero y agosto la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha verificado 40 homicidios de líderes sociales en Colombia y en 2020 documentaron 133 asesinatos y 76 masacres.

Al menos seis mil personas se manifestaban de manera pacífica en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, en una jornada con menos participación de la esperada, en comparación a las multitudinarias manifestaciones de abril y mayo contra el gobierno.

Al finalizar la jornada acompañada por más de 56.000 miembros de la fuerza pública, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que se desarrollaron 95 actividades de protesta en todo el país, todas pacíficas. “Podemos reportar total tranquilidad, ningún bloqueo (vial) ni actividad de vandalismo”, afirmó en una declaración oficial conjunta con la cúpula militar.

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, agregó que fueron capturadas dos personas durante la jornada, una de ellas en Villavicencio con un arma y otra en Medellín por llevar pólvora que "iba a ser utilizada para atacar muy probablemente a la fuerza pública”.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, dijo a la AP que la protesta también es en rechazo a la reforma tributaria que se tramita en el Congreso y que el miércoles fue aprobada en un primer debate.

“No es tan buena como la quieren hacer ver, pretende congelar los salarios de los empleados públicos por diez años, dar facultades al presidente para suprimir y fusionar entidades, lo que significaría una masacre laboral”, explicó Maltés.

Se trata de la segunda reforma fiscal que presenta el gobierno del presidente Iván Duque después de que la primera fracasara por la presión de las multitudinarias protestas que iniciaron el 28 de abril y se prolongaron por más de dos meses en reclamo de equidad, oportunidades laborales y garantías para protestar. Durante ese tiempo murieron al menos 50 personas y más de 3.000 resultaron heridas en las confrontaciones entre civiles y la policía.

Después de enviar una misión de verificación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) halló “graves violaciones a los derechos humanos” por el número de muertos y las denuncias de desaparecidos, detenciones arbitrarias y agresiones a periodistas y a misiones médicas.

Maltés indicó que también reclaman que el Estado cumpla con las recomendaciones que le hizo la CIDH, entre ellas separar a la policía del Ministerio de Defensa.

En Cali, una ciudad al suroeste del país que se convirtió en el epicentro de las protestas, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo a la AP están trabajando con los jóvenes que han manifestado en los últimos meses para resolver sus reclamos.

“No tengo problemas con la protesta, lo que no nos gusta y no toleraremos son los saqueos, el vandalismo o acciones que pongan en peligro la vida”, explicó Ospina.

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