Colombia tiene inicio de año violento que pone en riesgo la paz

·4  min de lectura

José Meléndez, corresponsal

SAN JOSÉ, Costa Rica, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Con una masacre cada cinco días en enero de 2021, la paz en Colombia pareció entrar a una de sus fases más complicadas desde 2016 por un cruce de factores: por la poderosa presencia criminal en áreas con débil presencia estatal persiste el riesgo de que la pacificación retroceda y cunda el miedo a promover la reconciliación.

El Acuerdo de Paz, suscrito en noviembre de 2016 y en vigencia desde diciembre de ese año para poner fin a una guerra que estalló en 1964 y con un plan que deberá quedar ejecutado a plenitud en 2031, enfrentó una nueva violenta arremetida en el primer mes de 2021 con seis matanzas con 18 víctimas mortales, entre ellos dos niños.

"El 2021 ha sido el inicio de año más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales" luego de 2016, reveló la (estatal) Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el trato que el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rubricaron hace 50 meses.

"En lo que va de 2021 se han presentado 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, 6 masacres y 5 asesinatos de excombatientes de las FARC", precisó.

Mientras que en enero de 2020 se sumaron 9 choques armados entre autoridades y criminales, 4 amenazas a dirigentes y 5 matanzas, en enero de 2019, sin reportar masacres, hubo 6 luchas a balazos de policías y militares con organizaciones delincuenciales y 6 hostigamientos a activistas, contrastó.

El (no estatal) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), de Bogotá, registró que, en 2020, hubo 309 homicidios de líderes sociales y 91 masacres con saldo de 381 víctimas mortales y que del 24 de noviembre de 2016 al 15 de julio de 2020 fueron asesinados 971 líderes y defensores de derechos humanos.

Mortal

En la cruenta fogata se cruzan delincuencia organizada—narcotráfico y modalidades mafiosas afines y paralelas—, disidencias de las FARC que rechazaron el Acuerdo, bandas criminales, grupos residuales, fuerzas estatales y paramilitares derechistas. Al panorama se sumó que el diálogo de paz con la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se sublevó en 1964, quedó cancelado en enero de 2019 por decisión del gobierno.

"Sabíamos que el proceso en Colombia iba a tener zonas muy complicadas de pacificar, en particular por las economías ilegales" de narcoactividad y minería, narró el politólogo colombiano Ariel Ávila, subdirector de la (no estatal) Fundación Paz y Reconciliación, de Bogotá, a consulta de EL UNIVERSAL.

"Del suroccidente colombiano, que limita con Ecuador y tiene costa en el Océano Pacífico, sale la droga para México y sabíamos que cuando las FARC se fueran de allí eso iba a ser una guerra civil. Nadie nunca dijo que habría cero violencias", adujo, al señalar que, con el pacto, la guerrilla prometió retirarse de sitios claves del narcotráfico.

"Lo que no sabíamos era que el Estado nunca iba a tener estrategia de copamiento territorial y las cosas se salieron de control. Hay 30%, 35% de las zonas de posconflicto donde el posconflicto si perdió y hay 60%, 65% en donde se ganó y la situación salió bastante bien", relató.

El Acuerdo, negociado de 2012 a 2016 en Cuba por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las FARC, fue recibido con profundas reticencias por las fuerzas derechistas que llevaron a Iván Duque a la presidencia colombiana de 2018 a 2022.

Acusado de oponerse al Acuerdo y de parar su ejecución, Duque expresó su respaldo y su "voluntad genuina" para la pacificación. "Construimos paz", garantizó el gobierno de Duque al rechazar los repetidos cuestionamientos por presuntas falencias.

El convenio definió cese de fuego y desmovilización, desarme y reinserción socioeconómica de la guerrilla entre múltiples asuntos que van desde los agrarios y de drogas ilícitas hasta el paso de las FARC en 2017 a partido político legal, entre otros.

Cautela

Como soporte de la misión internacional de paz en Colombia, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reiteró el 28 de este mes una "profunda preocupación por las amenazas, ataques y asesinatos persistentes" contra líderes comunitarios, mujeres, indígenas, afrodescendientes y exmiembros de las FARC.

Al alertar que esos hechos son "la mayor amenaza" para aplicar el Acuerdo, el Consejo reconoció "la significativa disminución de la violencia" si se compara con “décadas anteriores” y destacó que hay "desafíos significativos".

La violencia "sigue siendo la amenaza más seria a la construcción de la paz en Colombia", recalcó, por su parte, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del secretario general de la ONU, António Guterres, y jefe de la Misión de Verificación de ese foro mundial en Colombia.

Al comparecer el 21 de enero pasado ante el Consejo, Carlos Ruiz Massieu advirtió: "Cada asesinato es un golpe trágico a la paz".