Colombia: tiene ELA, pidió el derecho a la eutanasia y ahora sabe que morirá el próximo domingo

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La colombiana Martha Liria Sepúlveda Campo, de 51 años
Captura de video Noticias Caracol

Martha Liria Sepúlveda Campo, de 51 años, sabe que se va a morir. Pero, a diferencia del resto, ella ya fijó la fecha exacta. Será el próximo domingo y pidió que sea temprano, así ese mismo día pueden cremarla y entregarle las cenizas a sus familiares.

Sepúlveda Campo es colombiana y, en 2019, le diagnosticaron una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y por lo general tiende a reducir progresivamente la movilidad del cuerpo o afectar funciones como el habla. Es la misma enfermedad que atraviesa el senador Esteban Bullrich.

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De este modo, ella será la primera persona en Colombia sin una enfermedad terminal en acceder a la eutanasia; un país profundamente católico, pero que aún así es pionero en América Latina en brindar el derecho a la muerte asistida.

“Desde el plano espiritual, estoy totalmente tranquila. Soy católica y muy creyente, pero a Dios no le gusta verme sufrir, ni a mí ni a nadie, ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. En el estado en el que estoy, lo mejor que me puede pasar es descansar“, dijo en una entrevista que brindó al noticiero colombiano Noticias Caracol, mientras almuerza junto a su hijo y se la ve sonriendo y conversando animadamente. En su caso, el ELA no le afectó la capacidad para hablar, pero apenas puede caminar y su movilidad depende de una silla de ruedas.

Un aspecto complejo de su decisión fue comunicárselo a su familia. Según cuenta en la entrevista, su madre aún no puede comprender que haya solicitado el suicidio asistido. Mientras que su hijo la apoya. “Necesito a mi mamá, la quiero conmigo en cualquier condición, pero sé que, como dijo, ella ya no vive, sino que sobrevive”, dijo Federico Redondo Sepúlveda, su hijo, a ese medio local.

Un domingo

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Duermo más y me río más. Cuando voy a la Iglesia los sacerdotes me piden que les diga por qué y las respuesta es porque estoy sufriendo. Me da tranquilidad la certeza de que el 10 de octubre me voy a morir. Lo mejor que me puede pasar es descansar. Elegí el domingo porque siempre vamos a la Iglesia. Fui muy feliz”, agregó Sepúlveda Campo.

La respuesta de la Iglesia no demoró en llegar. Ayer, monseñor Francisco Ceballos, obispo de la ciudad colombiana de Riohacha, le pidió a Sepúlveda Campo que reflexione sobre su decisión: “De acuerdo con nuestras más profundas convicciones cristianas, la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos”.

Colombia, en 2015, se convirtió en el primer país latinoamericano en despenalizar la eutanasia y, de ese modo, se sumó a la escueta lista a nivel mundial de países que también la autorizaron, junto a Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España y Holanda.

Los datos del Ministerio de Salud colombiano indican que desde entonces se practicaron 157 procedimientos. La diferencia entre esos casos y el de Sepúlveda Campo es que ella no tiene una enfermedad terminal.

En la Argentina es un derecho para todos los ciudadanos poder elegir la muerte digna (Ley del Derecho al Paciente N26.742). Esa ley le permite a los pacientes con enfermedades terminales rechazar “procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”. Es decir, no se provoca la muerte, sino que se deja morir al paciente. Dicha ley fue aprobada en 2012 apoyándose en el caso de Camila Sánchez, una bebé que había nacido en estado vegetativo y sus padres pidieron desconectarla de las máquinas que la mantenían viva. En cambio, la eutanasia es provocar la muerte de un paciente por su propio requerimiento mediante la administración de fármacos o sustancias letales, y no es legal en la Argentina, aunque existe un debate activo sobre el tema.

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