Colombia: condena por asesinato de sindicalistas

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un juzgado penal condenó a 37 años y 11 meses de cárcel a un ex contratista de la empresa carbonífera Drummond como autor intelectual del asesinato de dos sindicalistas de esa multinacional estadounidense en 2001, se informó el miércoles.

En su fallo, el juez penal de Bogotá William Andrés Castiblanco también condenó a Jaime Blanco Maya a pagar una multa de 661 millones de pesos (o unos 369.000 dólares), según la sentencia de 81 páginas, copia de la cual tuvo acceso The Associated Press.

Blanco, de 60 años y quien está detenido en una prisión de Bogotá desde septiembre del 2010, fue acusado por la Fiscalía General de ser el determinador o autor intelectual, y le imputó cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso del asesinato de los sindicalistas Valmore Locarno, de 42 años, y Víctor Hugo Orcasita, de 36, quienes, en marzo de 2001, fueron bajados de un autobús de obreros y luego asesinados a tiros por un grupo de paramilitares en zona rural del municipio de Bosconia, departamento de Cesar y a unos 600 kilómetros al norte de Bogotá.

"El despacho encuentra probado...que valiéndose del discurso ideológico de las autodefensas (o paramilitares), que consiste en acabar con todas aquellas personas pertenecientes a grupos guerrilleros, el aquí acusado (Blanco Maya) aprovechó la cercanía que tenía con los comandantes de las autodefensas... para solicitarles le ayudaran a erradicar el 'problema de raíz', expresión que no puede traducirse en algo distinto a eliminar al presidente (Locarno) y vicepresidente (Orcasita) del sindicato, toda vez que estos se habían convertido en sus mayores opositores en lo que hacía a conservar el contrato de prestación del servicio de alimentación al personal de la Drummond", dijo el juez en su decisión fechada el 25 de enero pasado y que sólo trascendió hasta la jornada.

Según la Fiscalía, Blanco Maya ordenó el asesinato porque el sindicato dirigido por Locarno y Orcasita estaba protestando contra la calidad del servicio de alimentación que prestaba su empresa a la Drummond.

Blanco Maya siempre ha negado tal versión por considerar que era un motivo trivial lo del contrato de alimentación, y responsabiliza a los directivos de la carbonera de disponer el crimen porque consideraban a las dos víctimas supuestos simpatizantes de la guerrilla. Blanco Maya ha dicho también que su error fue quedarse callado y no denunciar que a los sindicalistas los iban a matar.

La condena fue apelada por Hernando Bocanegra, abogado de Blanco, según consta en la decisión del juzgado. Bocanegra no respondió de inmediato a llamados telefónicos de la AP.

Blanco siempre ha dicho que si bien tuvo nexos con paramilitares, él no tuvo responsabilidad directa en los homicidios de los dos sindicalistas y que éstos, en realidad, fueron ordenados desde la propia cúpula de la Drummond.

En una entrevista con la AP en abril de 2011, Blanco dijo que "hay un interés muy grande de la Drummond de que me condenen a mí porque ellos están montando su defensa, de un proceso civil muy grande que tienen en los Estados Unidos, sobre los hombros míos".

En su concepto, Drummond pretende "que todo se desvíe hacia Jaime Blanco Maya y con eso ellos se lavan las manos".

La Drummond siempre ha dicho que su posición "ante las cortes sobre el caso de la muerte de los sindicalistas ha sido y es una sola: Drummond es inocente" porque "jamás ha hecho pagos ilegales a organizaciones al margen de la ley".

En la misma decisión, el juez Castiblanco ordenó a la Fiscalía General investigar si el presidente de la empresa carbonífera, Garry Drummond, y tres de sus empleados --el ex jefe de seguridad de la empresa en Colombia, el estadounidense James Adkins, así como los colombianos Luis Carlos Rodríguez y Augusto Jiménez-- tuvieron alguna responsabilidad en el asesinato de los dos sindicalistas.

Terry Collingsworth, el abogado estadounidense que representa a parientes de las víctimas en un caso civil en Estados Unidos, dijo en un correo electrónico enviado a la AP que pedidos similares de investigar a directivos de la Drummond no han prosperado en Colombia.

"Aplaudiremos una legítima y rigurosa investigación de funcionarios de la Drummond, como dispone la sentencia, pero anteriores disposiciones (similares) fueron ignoradas", dijo Collingsworth.

"La condena de Jaime Blanco Maya, como autor intelectual de los asesinatos de dos líderes del sindicato de Drummond, Valmore Locarno y Victor Orcasita, es otro intento de proteger a los ejecutivos de la multinacional Drummond de aceptar responsabilidad del rol que tuvieron en los asesinatos. Ahora dos colombianos han sido condenados por sus roles en los asesinatos, Jaime Blanco Maya, y su ex asistente, Jairo Charris Castro. Los dos han tomado responsabilidad por su rol en los asesinatos y han recibido severas sentencias... Los dos nombraron a los ejecutivos de Drummnod que también participaron en la conspiración de asesinar los sindicalistas", agregó.

En concepto del jurista, "no habrá justicia hasta que las autoridades colombianas reúnan a los conspiradores de Drummond y los procese por sus crímenes", e insistió en que "Blanco y Charris están diciendo la verdad en cuanto al rol de los ejecutivos de Drummond en los asesinatos, y las autoridades colombianas ya no pueden ignorar la verdad".

En 2009, Charris fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de los dos dirigentes sindicales.

La Fiscalía no comentó la condena contra Blanco Maya, ni la solicitud del tribunal, pero en una caso aparte informó en la jornada la designación de uno de sus fiscales de la unidad de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente para una "indagación preliminar por el vertimiento de carbón que ocurrió...tras la emergencia que sufrió una barcaza en enero".

"La Fiscalía ordenó algunas labores de policía judicial y entrevistas en la zona. Los investigadores buscan verificar, entre otras situaciones, la posible afectación al lecho marino y a las especies marinas", dijo la Fiscalía en una nota divulgada a los medios en un mensaje de texto.

La noche del 12 de enero pasado, en aguas de la ciudad costera de San Marta, a 750 kilómetros al norte de Bogotá, una barcaza de la Drummond, cargada de carbón, sufrió una emergencia con la entrada de agua de mar, debido al mal tiempo en la zona, con fuertes vientos y oleaje, según ha indicado la empresa en un comunicado. Con grúas y bombas, se extrajo el agua de la barcaza que se había mezclado con el carbón y se dio por superada la contingencia, de acuerdo con Drummond.

Pero la Capitanía de Puerto de San Marta ha dicho que ha conseguido restos de carbón en aguas de la zona y que investiga si se trata del material del caso de la carbonera y cuánto pudo caer al mar.

Dora Lucy Arias, abogada del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y quien representó en el caso a las familias de las víctimas y al sindicato Sintramienergética, de los trabajadores de la Drummond, recordó en entrevista telefónica que aún faltan muchas acciones judiciales que van desde el reconocimiento del Estado de que hay una "persecución sistemática" contra sindicalistas, y que debe ofrecerse garantía de no repetición de esos actos, tanto como reparar a las víctimas que fueron falsamente presentadas inicialmente como simpatizantes de la guerrilla.

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