Colombia: aprueban reforma al fuero penal militar

BOGOTA, Colombia (AP) — El Congreso colombiano aprobó el martes una reforma constitucional al fuero penal militar, que según grupos de derechos humanos podría dejar impunes los delitos cometidos por uniformados.

La reforma fue aprobada por 57 votos a favor y siete en contra entre los senadores asistentes al octavo y último debate del proyecto, anunció la secretaría del Senado en la sesión transmitida en vivo por la televisora estatal.

El texto, aprobado luego de más de seis horas de debate, fue interpretado como una acto impulsado por el presidente Juan Manuel Santos para favorecer a los militares, un sector cuyo apoyo es vital en las actuales negociaciones de paz del gobierno con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Previamente el martes, varios congresistas propusieron algunos cambios al texto, en medio de críticas constantes de grupos de derechos humanos, que aseguran que la reforma deja abierta la puerta para que queden impunes delitos que no pueden ser considerados como actos del servicio.

El texto final aprobado por los congresistas dispone que "en ningún caso" la justicia militar podrá procesar a uniformados por los siguientes crímenes: de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Cualquier caso referente a alguno de estos siete crímenes deberá ser procesado por la justicia civil.

Los grupos de derechos humanos y senadores de izquierda, entre otros, buscaban incluir en ese listado otros delitos como "homicidio en persona protegida" y "detenciones arbitrarias", alegando que de quedar fuera de la norma podrían pasar directamente a la justicia castrense, y no como ahora, que se investigan y juzgan en cortes civiles.

Esta iniciativa fue derrotada en la votación y estos dos delitos no fueron incluidos.

"Los 'falsos positivos' van a quedar por fuera de la justicia ordinaria y no hay forma de engañar", dijo en la sesión el senador Parmenio Cuéllar, del izquierdista Polo Democrático Alternativo. Los llamados "falsos positivos" es como se conoció el escándalo que estalló en 2008 por el asesinato de civiles a manos de militares y que luego presentaban a sus víctimas como rebeldes o criminales abatidos en combate.

Esos militares son juzgados por la justicia civil por cargos de homicidio agravado, una denominación que no figura en la reforma aprobada. Por lo tanto, el temor de Cuéllar y de los activistas es que en el futuro, los soldados puedan alegar que casos como esos pasen a tribunales castrenses, que tienden a ser más lentos y con menores condenas.

El director para América del grupo Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que la reforma era innecesaria.

Además es "un golpe premeditado a los derechos humanos. Crea un serio riesgo para que asesinatos a sangre fría y otras atrocidades militares queden en la impunidad", dijo Vivanco en un correo electrónico a la AP.

Al hablar ante la cámara alta, uno de los promotores de la iniciativa, el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, descartó que los delitos no relacionados al servicio puedan llegar a cortes castrenses.

El fuero "no es un instrumento de defensa personal, no es un instrumento de impunidad...si estos actos no tiene relación con el servicio deben ir de inmediato a la justicia ordinaria", aseguró el congresista.

Militares retirados, congresistas y el ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) han sido algunos de los principales críticos a la reforma. Agregan que los uniformados carecen de garantías para cumplir sus funciones y que existe una guerra judicial en su contra.

Actualmente, la Fiscalía General realiza al menos 7.800 procesos en contra de uniformados por diferentes delitos, de los cuales, al menos 1.700 son por homicidios que involucran a unas 3.000 víctimas. Se han impuesto más de 200 sentencias condenatorios por esos delitos.

La reforma tiene un apartado en el que se asegura que los actuales procesos que lleva la justicia civil seguirán su curso, en lo que se aprueba la "ley estatutaria" o la que reglamente la reforma constitucional.

Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, presente en la sesión, dijo que ese proyecto de ley estatutaria será presentado en marzo, durante el nuevo período de sesiones, y que la reforma "no busca la impunidad".

Pinzón agregó que en una muestra de lo complicado del tema de la reforma, mientras las ONGs internacionales criticaban y hablaban de impunidad, en el país los críticos aseguraban que la reforma "nos va a poner una camisa de fuerza" debido a que los militares y policías evitarán realizar operaciones si creen que pueden ser juzgados.

Mientras el Congreso debatía y aprobaba la reforma, el llamado Consejo de Estado, una de las altas cortes colombianas, informó en un comunicado que anulaba "parcialmente" un acuerdo firmado en 2006 entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General, por el cual investigadores civiles judiciales de la Fiscalía no sólo recolectaban pruebas en sitios operaciones militares donde hubiera muertos, sino que las entregaban a sus propios despachos.

Por el fallo del Consejo, esas pruebas ahora deberán ser entregadas, no a la Fiscalía, sino a juzgados militares.

La reforma comenzó a debatirse hace más de un año y, por normas colombianas, necesitaba ocho distintos debates y votaciones para ser aprobada, o bien, cuatro en la Cámara de Representantes y otros cuatro en el Senado, donde se aprobó finalmente.

Ahora hay que esperar a que el presidente Juan Manuel Santos sancione la reforma, lo que se espera ocurra esta misma semana, y luego deberá someterse al análisis de la llamada Corte Constitucional o la máxima instancia para revisar y dirimir asuntos relativos a la Carta Magna, en un trámite que puede demorar varios meses.

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