La Coalición Cívica pide el juicio político del ministro Aníbal Fernández por las fallas en la custodia de Cristina Kirchner

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El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el centro de las críticas de la oposición
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el centro de las críticas de la oposición - Créditos: @silvana colombo

El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto para iniciar el juicio político contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su responsabilidad en las fallas en la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada sufrió un intento de asesinato en las puertas de su domicilio. Lo s legisladores le imputan mal desempeño en sus funciones.

“El mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible. Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la nación argentina ”, enfatizó la diputada Mónica Frade, impulsora de la iniciativa, la cual fue acompañada por sus compañeros de bloque.

En el proyecto, los legisladores advirtieron que las fuerzas de seguridad federales, que eran los responsables exclusivos de la custodia de la vicepresidenta tras la decisión del juez Roberto Gallardo –quien desplazó de esa función a la policía porteña-, no sólo fallaron en el operativo de seguridad sino que, además, incumplieron en la protección de las pruebas que comprometían al agresor, Fernando Sabaj Montiel.

“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, lo que desencadena inmediatamente un entrevero con los militantes testigos del hecho –relatan los diputados-. Los movimientos concomitantes a eso muestran a Cristina Kirchner—y a su custodia toda— sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad”.

Cristina Kirchner se retira de su casa en la calle Juncal
Cristina Kirchner se retira de su casa en la calle Juncal; atrás, el jefe de su custodia, el policía Diego Carbone

Asimismo, advirtieron que las fuerzas de seguridad no activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones. “Falló el servicio de los adelantados, quienes deben anticiparse a los sitios de destino de la protegida con prudente antelación”, indicaron. “Con la llegada de la vicepresidenta (a su domicilio) correspondía adecuar una ‘formación diamante’ (cobertura de 360 grados), que la fuera acompañando en su desplazamiento. Producida la agresión, el jefe de la custodia —ausente— debía ordenar la inmediata evacuación, con el ulterior traslado de la víctima en ‘formación diamante’ para llevarla a un sitio seguro previamente acordado”.

“Este protocolo fue íntegramente ignorado: la vicepresidente no estaba rodeada del modo técnicamente procedente; por el contrario, pudo observarse integrantes de esa comitiva de seguridad alejados del objetivo y —producido el episodio— no se evacuó el lugar ; lejos de esto, la firma de libros y la exposición corporal (de Cristina Kirchner) se prolongaron”, indicaron.

Además de ignorar el protocolo, las fuerzas de seguridad federales –a cargo de Fernández- también fallaron en la cadena de custodia del aparato de telefonía celular del agresor, enumeran los legisladores. “Lo cierto es que el aparato llega al Juzgado reseteado, lo que impidió, hasta la fecha, extraer la información e imágenes contenidos en su memoria. Información que, valga destacar, resulta vital para la averiguación de los hechos”, señalaron.

“No fue por obra del accionar de la custodia federal lo que impidió un desenlace trágico, sino la falta de expertise del agresor, quien tuvo a su alcance inmejorables condiciones para concretar su acción”, advirtieron.

Como conclusión, los legisladores sostienen que Fernández exhibió “falta de aptitud para el ejercicio del cargo, falta de idoneidad moral o técnica, insolvencia o negligencia en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que ocupa”, fundamentos que, a su juicio, lo hacen merecedor de un juicio político en el Congreso.