Personas en prisión votan por primera vez en prueba piloto organizada por el INE

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Este lunes 17 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la prueba piloto de votación de las personas en prisión preventiva en cinco Centros Federales de Readaptación Social.

Los comicios estuvieron agendados a desarrollarse entre los días 17, 18 y 19 de mayo en cinco Centros: N°11 Varonil en Sonora, N°12 CPS Varonil en Guanajuato, N°15 CPS Varonil en Chiapas; N°16 CPS Femenil en Morelos, N°17 CPS Varonil en Michoacán.

Con la participación de 949 personas seleccionadas, se arrancó la jornada electoral, entre las cuales había 148 mujeres y 801 hombres en prisión preventiva, quienes ejercieron dicho derecho político por primera vez en el país.

La iniciativa nació a partir de una sentencia hecha en 2018, en la que la Sala Superior del Tribunal Electoral encontró responsable al Estado mexicano de no contar con mecanismos necesarios para que las personas privadas de la libertad tuvieran derecho a votar.

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Fue en enero de 2021 que el INE dio a conocer los detalles del “Modelo de operación de la prueba piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva”. En este, informó que se seleccionarían a dos mil 699 personas en prisión preventiva para participar en el programa piloto.

No obstante, según el último informe del Instituto sobre la confirmación de la lista nominal de electores en estado de privación de la libertad, la cifra se redujo a 801 hombres y 145 mujeres.

Durante los tres días que duró la jornada, funcionarios del INE, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) visitaron los centros seleccionados, con la finalidad de que las personas participantes votaran en sobres cerrados personalizados.

Sus boletas serán resguardadas y posteriormente computarizadas para contabilizarse en la jornada electoral a realizarse el 6 de junio del presente año.

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que también realizó visitas de verificación a los Centros Federales el primer día de comicios, a través de la Tercera Visitaduría General.

En un comunicado, el organismo señaló que se le había informado que un total de 766 personas procesadas ejercieron su voto, de las cuales 624 fueron hombres y 142 mujeres.

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Derivado de su visita, constató que no se presentó ningún incidente y que se dio prioridad a las funciones con perspectiva de género. Esto, dándole preferencia para realizar el voto sin demora a las mujeres embarazadas o que se presentaron con hijos.

“Por todo ello, la CNDH reconoce que el ejercicio democrático que se desarrolló y se continuará desarrollando el día de hoy constituye un avance fundamental para reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, a fin de garantizar el derecho a una reinserción social efectiva y con ello evitar el debilitamiento al sentido de responsabilidad de la persona en prisión y el respeto a su dignidad”.

También celebró las acciones, coordinadas por parte del personal del INE y las autoridades penitenciarias a nivel federal, al haber sentado un precedente importante tras la logística, seguridad y coordinación institucional.

Sin embargo, quedaron varios espacios en blanco durante los comicios, prueba de ello es que la lista nominal final indicó que solamente se haría efectivo el derecho al voto al 1% de la población en prisión preventiva.

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Lo anterior significa que el INE tiene tres años para garantizar que el 99% restante pueda votar para las próximas elecciones de 2024, señaló la organización ASILEGAL.

Por otro lado, la misma lista fue recortada de un número inicial de dos mil 699 participantes, a 949. Y no hubo claridad sobre cuáles fueron las estrategias de difusión y campañas informativas implementadas en los centros penitenciarios para que se hiciera un voto informado.

Aunado a esto, el INE no ha realizado ningún exhorto a las y los candidatos para integrar en sus campañas a dicha población, no hay conocimiento sobre propuestas políticas públicas enfocadas a la población penitenciaria y sus familiares.

Pero el mayor de los retos viene en 2024, cuando el Instituto deba garantizar que más de 217 mil personas en prisión puedan ejercer su derecho a votar.

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