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CNDH responsabiliza al INM de muerte de migrante con COVID; Migración niega contagios

Un migrante salvadoreño murió el 22 de abril en el hospital Enrique Cabrera de la Ciudad de México con síntomas de COVID-19. Esta persona se había entregado una semana antes a la estación migratoria de Tijuana, Baja California, para ser deportado.

Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabiliza a la institución que dirige Francisco Garduño “por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la información en materia de salud, en agravio de un migrante de nacionalidad salvadoreña, quien falleció a consecuencia de COVID-19, por una responsabilidad institucional atribuible al INM, y por la negligencia y omisión de personal de ese Instituto, que contribuyó al deterioro de su estado de salud y su muerte”.

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La recomendación 34/2020, dirigida al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, es el primer reconocimiento oficial de la muerte de un migrante dentro de un centro de detención mexicano.

Las instituciones siempre han negado los contagios. De hecho, el subcomisionado Carlos Bohórquez aseguró en una reunión virtual con diputados celebrada el 12 de mayo que hasta la fecha no había ningún caso de contagio en las estaciones migratorias. Tres semanas antes, este migrante salvadoreño había fallecido en el hospital, al que fue conducido desde el centro de detención ubicado en la Ciudad de México.

Recientemente, en un comunicado oficial fechado a 6 de agosto, el INM reiteró no tener “hasta la fecha, el registro de algún caso de contagio de COVID-19 entre la población migrante alojada en estaciones migratorias o estancias provisionales”.

Animal Político consultó a INM sobre la recomendación pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

La CNDH responsabiliza al personal de la estación migratoria de la CDMX de “omitir brindar una atención médica adecuada conforme a los múltiples factores de riesgo que sufría la víctima, e identificar de manera oportuna un cuadro sospechoso de COVID-19 y por no haber canalizado al agraviado a un nosocomio para recibir atención médica especializada”.

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A su vez, la institución de Derechos Humanos asegura que el INM no acreditó que se hubiesen implementado medidas de atención médica y sana distancia al interior del centro de detención, “poniendo en mayor riesgo de contagio de SARS-CoV-2, a todas las personas que fueron alojadas, laboraron o transitaron por el recinto migratorio durante el periodo en que ocurrieron los hechos”.

El pasado 5 de agosto, un juez dio un ultimátum al comisionado del INM, Francisco Garduño, y le instó a cumplir con la suspensión de amparo decretada en abril en la que se ordenaba tomar medidas de prevención para evitar la COVID-19, así como informar sobre los protocolos empleados al interior de las estaciones migratorias.

La respuesta de Migración fue limitarse a asegurar que cumple con las disposiciones legales y negar la existencia de contagios, algo que la CNDH ha desmentido.

En su recomendación, la CNDH pide al INM que se coordine con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para “localizar, inscribir en el Registro Nacional de Víctimas y reparar de manera integral a los familiares que acrediten su derecho, por los daños causados a la víctima, se les otorgue atención psicológica y tanatológica, y se les informe de manera clara y precisa el derecho que les asiste a contar con una condición de estancia en territorio nacional y, en su caso, emita los documentos migratorios correspondientes”.

Además, pide a Garduño que colabora en la integración de la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia que la CNDH formulará ante la Fiscalía General de la República.

La CNDH pidió garantizar a las personas en contexto de migración alojadas en los recintos migratorios, así como a las que ingresan, transitan y trabajan en los mismos, el estricto cumplimiento de las medidas que establece el Protocolo INM-COVID-19, a las que se deberá proporcionar el Equipo de Protección Personal para prevenir contagios de COVID-19; diseñar e impartir cursos en materia derechos humanos de las personas migrantes, así como sobre la patología “COVID-19”, y el Protocolo INM-COVID-19, para el personal médico, jurídico y administrativo que se encuentre adscrito a las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados por el INM.

Por último, pidió actualizar Protocolo INM-COVID-19 y emitir una circular interna en la que instruya al personal médico adscrito a las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, sobre la obligación de integrar el expediente clínico de las personas migrantes que reciben atención médica, elaborando un protocolo a seguir para los casos en que existan urgencias médicas.

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