CNDH pide a autoridades protección para familia de ambientalista asesinado en Guerrero

Redacción Animal Político
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Archivo Cuartoscuro
Archivo Cuartoscuro

La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares al gobernador de Guerrero y al presidente municipal de San Miguel Totolapan para la familia de Carlos Marqués Oyorzábal, defensor ambientalista asesinado el pasado 4 de abril en la localidad.

Asimismo, pidió a la Fiscalía General del estado iniciar la investigación del homicidio de quien también era Comisario ejidal, considerando su labor de defensa, e indagar en las amenazas contra sus familiares.

Las medidas solicitadas están encaminadas a que “se realicen las acciones y protocolos necesarios para salvaguardar la integridad física y psicológica, seguridad personal y la vida de la familia de la víctima”, añadió la Comisión a través de un comunicado.

El posicionamiento nace a partir de una nota publicada por La Jornada el 6 de abril, en la cual se aseguró que los parientes de Marqués Oyorzábal estaban denunciando torturas y amenazas por parte de sus asesinos.

De acuerdo con el medio periodístico, la hermana del Comisario pidió ayuda a las autoridades a través de videos publicados en redes sociales.

“Primero empezaron con mi hermano, ahora dicen que van a acabar con nosotros, con toda la familia, con los niños, que nos van a quemar. Queremos que (las autoridades) se muevan rápido, porque esto urge”, citó la CNDH.

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La Comisión afirmó que las medidas cautelares ya habían sido notificadas a las autoridades competentes, y que está a la espera de su respuesta.

“De ser aceptadas”, señaló, “se dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas, vigilando que se respeten los derechos humanos”.

Carlos Marqués Oyorzábal era defensor ambientalista y Comisario municipal del poblado Las Conchitas, en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero.

Además, según el medio citado por la CDNH, era parte de la policía comunitaria “Pueblos Unidos”, que se ha opuesto al saqueo de recursos forestales de la zona por grupos armados.

El pasado 4 de abril fue asesinado después de haber sido secuestrado y su cuerpo fue desmembrado.

En un comunicado, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que a través del personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos había ofrecido protección a la familia del activista.

La dependencia afirmó que Marqués Oyorzábal había sido asesinado por un grupo de delincuencia organizada el 4 de abril. Cuatro días después, personal del mecanismo se entrevistó con su esposa para ofrecerle servicios de seguridad, pero fueron rechazados.

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“Se ofrecieron los servicios de seguridad adecuados, en particular la adopción de una medida urgente de protección, la cual consiste en la extracción de ella y sus 6 hijos de la comunidad en la que viven. La familia no aceptó la medida debido a que realizan las exequias correspondientes, además de argumentar no querer dejar su comunidad”.

Ante ello, la Segob, informó que implementaría una serie de acciones en vista de atender a personas defensoras de la tierra y territorio en la comunidad, para desincentivar las causas que detonan las agresiones hacia dicho grupo.

De la misma manera, afirmó que se habían realizado recorridos en la zona para recabar testimonios de pobladores que denunciaron la existencia de “un contexto de violencia derivado por la tala ilegal en la región”.

Con dichos señalamientos, el personal del Mecanismo pudo constatar los recorridos y patrullajes que realizan elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la zona, finalizó la dependencia.

Con información citada de La Jornada.

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