Clases porteñas: la Ciudad entregó la información a la jueza y pidió suspender la audiencia de la semana próxima

José María Costa
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El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, luego de entregar la información que había solicitado la justicia, pidió que se suspenda la audiencia a la que habían sido convocados para el próximo miércoles los ministros de Educación y Salud para explicar los protocolos para la vuelta a clases.

Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, por la mañana la administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó a la jueza Paola Cabezas Cescato la información disponible sobre el plan de testeos a docentes y no docentes previsto para el inicio de clases del 17 de febrero.

Cabezas Cescato es la magistrada que reemplaza a Roberto Gallardo mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelve el pedido de recusación de la administración de Juntos por el Cambio que acusó a Gallardo de "manifiesta imparcialidad".

"Se entregó toda la información que había sido requerida por el juez Gallardo como fundamento para sostener una audiencia obligatoria para el 10 de febrero a la que convocó a la Ministra de Educación, Soledad Acuña, y al de Salud, Fernán Quirós", dijeron las fuentes, y agregaron: "Por eso pedimos la suspensión de la audiencia, ya que carece de sentido porque la Justicia ya tiene la información que había requerido".

Según adelantaron desde la Ciudad, en la presentación de esta mañana "se denunció que la persona que presentó el amparo que motivó el pedido de Gallardo, Claudio Luis Elías, no es un representante gremial, ya que 'no trabaja en el ámbito educativo y no representa a ningún trabajador de la Ciudad y menos aún a los trabajadores docentes'".

Ciudad: desde el juzgado de Gallardo no descartan suspender el inicio de clases presencialesLos seis puntos para recusar a Gallardo

Los fundamentos de la administración porteña para recusar al titular del juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires N° 2, se basa en seis puntos:

La manifiesta falta de imparcialidad del Dr. Gallardo, de su encono para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) de puesto de manifiesto en innumerables precedentes y esbozado ya, tempranamente, en este caso.El Juez ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, cita a funcionarios de áreas esenciales a comparecer a una audiencia con carácter personal e indelegable y de acuerdo a trascendidos periodísticos acaecidos al tiempo de presentación de la presente recusación, ya tendría decidido suspender el inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires.Es evidente que el magistrado tiene intención de suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte, resolviendo por fuera de lo requerido, y en clara contraposición con las reglas procesales a las que debiera atenerse, vulnerando las garantías constitucionales del Gobierno de la Ciudad.El sentenciante ordena una serie de medidas (como convocar discriminadamente a algunos representantes gremiales sin que exista petición de las partes), que exceden absolutamente su competencia y su actuación en el proceso. E intima a esta parte a brindar información que excede la solicitada por el actor, "bajo apercibimiento de resolver con las constancias de autos", cuando no se ha corrido traslado alguno a esta parte, vulnerando el principio de bilateralidad.Y convoca a una audiencia que no fue requerida por las partes, cita a solo cuatro de los diecisiete gremios docentes, a saber, Unión de Trabajadores de la Educación (UTE Capital), Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), Unión Docentes Argentinos (UDA), y Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA), sin ningún tipo de explicación que justifique su accionar, y sin siquiera intentar argumentar por qué esa discriminación. Además omitió conferir una vista previa al Sr. Agente Fiscal como lo disponen los artículos 1 y 4 de la Ley 6381.Las decisiones implican un claro exceso de las funciones del Dr. Gallardo, quien directamente está seleccionando los sujetos en autos, y ordena prueba no solicitada, tal como si fuera parte actora, con lo cual demuestra la clara intención del magistrado de utilizar un proceso judicial para convertirse en el ejecutor de una política pública.

La posición de Gallardo que dejaba en duda el inicio de clases

"El derecho a la vida y a la salud, como la Constitución y la ley imponen, son prioridad. Cualquier otro derecho es obviamente secundario, por más importante que sea". Esa fue la respuesta tajante que recibió LA NACION de fuentes judiciales, el martes ante la consulta sobre la posibilidad de que la audiencia prevista para la semana que viene por el juez Roberto Gallardo con autoridades porteñas, signifique el freno al inicio de clases el 17 de febrero, como tiene previsto el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

"El amparo plantea que los grupos docentes y no docentes deben ser testeados antes de comenzar la actividad y luego testeados periódicamente, asimismo cuestiona que los docentes y no docentes no estén incluidos en un cronograma de vacunación", explicaron a este medio fuentes judiciales con acceso al expediente que inició Carlos Luis Elías, de la agrupación "Celeste" del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (Sutecba).

Las fuentes agregaron: "Lo presentó un dirigente de Sutecba, pero está planteado y caracterizado como proceso colectivo, por lo que el resto de los gremios deberán participar del pleito fijando postura, al igual que todo aquel que tenga un interés en el resultado del proceso".

Consultados sobre si el inicio de clases presenciales está supeditado al resultado de esa audiencia, las fuentes consultadas habían agregado: "De lo que se trata es de optimizar los niveles de seguridad sanitaria, priorizando el derecho a la vida y a la salud, como la constitución y la ley imponen. Cualquier otro derecho es obviamente secundario, por más importante que sea".

"La situación definitiva dependerá de lo que las autoridades respondan y de las garantías que puedan otorgar a los docentes, no docentes e indirectamente a los estudiantes y sus grupos familiares", cerraron.