Clases: la Corte Suprema se prepara para fallar al filo de que expire el decreto

Hernán Cappiello
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Escuela de CABA
Silvana Colombo

La Corte Suprema de Justicia se prepara para pronunciarse en la causa en que se debate la constitucionalidad del decreto presidencial que dispuso la suspensión de las clases presenciales en las escuelas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires por el coronavirus, al filo del vencimiento de esa norma, que opera a la medianoche del viernes.

En la Procuración General de la Nación, la procuradora ante la Corte, Laura Monti, y su equipo trabajaron con intensidad martes y miércoles para contestar lo antes posible la vista que les dio la Corte sobre el expediente.

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Si bien tienen un plazo de 72 horas, que vence el viernes, la voluntad es concluir lo antes posible y enviar ese dictamen al máximo tribunal. La opinión de la Procuración no es vinculante para los jueces de la Corte.

La Procuración General de la Nación está a cargo interinamente de Eduardo Casal, un funcionario judicial de carrera que quedó al frente del organismo como el procurador fiscal más antiguo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017. El kirchnerismo quiere remover a Casal, al que asocia con el macrismo.

En la Procuración se trabaja para terminar lo antes posible sin especular con los plazos. Estudian, más allá de la cuestión sanitaria, el problema jurídico planteado: esto es, si es constitucional el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández a la luz de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

Se analiza si es legítimo o no ese mecanismo en momentos en que está funcionando el Congreso y si el Presidente, en razón de la emergencia sanitaria, puede usarlo en este caso y eventualmente soslayar la autonomía local en materia educativa.

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Fernando Massobrio / archivo


La Corte debe resolver un caso de alto impacto político (Fernando Massobrio / archivo/)

Es probable que la respuesta de la Procuración se conozca este jueves, en coincidencia con el habitual acuerdo de ministros de la Corte.

En paralelo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también prepara una respuesta lo antes posible a la vista que le dio la Corte. También insisten en la Ciudad que ellos no quieren especular con estirar los plazos. Analizan los documentos que acompañó el Estado nacional en su contestación de demanda, el lunes a última hora de la noche.

En ese escrito, el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, y un equipo de abogados, contestaron los argumentos de Horacio Rodríguez Larreta sobre la inconstitucionalidad del decreto y la necesidad de abrir las escuelas. Pero, además, acompañaron estudios técnicos del ministerio de Educación y del Ministerio de Salud de la Nación sobre la incidencia del coronavirus desde que se produjo el retorno de las clases presenciales,

La Corte le dio ocasión a la Ciudad para que los analice y responda en 48 horas, plazo que vence mañana. Por eso es que un equipo de técnicos del ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós, analizaban esos cuadros y cifras para elaborar una respuesta.

El escrito con la posición de la Ciudad frente a esa nueva información seguramente también se incorporará mañana al expediente, en coincidencia con la llegada del dictamen de la Procuración General de la Nación.

Así las cosas, la Corte se encontraría entonces en condiciones de dictar un fallo entre mañana y pasado, al filo del vencimiento del decreto. Aunque es cierto que la Corte no tiene plazos y puede pronunciarse cuando quiera, es difícil que al haber dado al expediente un trámite “sumarísimo”, deje que el caso quede abstracto. Un escenario posible es que los jueces de la Corte tomen una decisión centrada en lo jurídico, defendiendo la autonomía porteña y explicando si es razonable o válido el uso de un decreto de necesidad y urgencia para suspender las calases presenciales, una facultad de la Ciudad.

Como este fallo se daría cuando falten horas para que expire el decreto, puede ser entonces que los jueces den definiciones, pero para adelante, sin entrar en la discusión de la razonabilidad de la norma ya vencida o a punto de hacerlo, pero valorando la autonomía de la Ciudad.

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Y, eventualmente, podrían exhortar a las partes a que procuren el diálogo y una solución política, como la que encararon en la negociación por el recorte de los fondos coparticipables que por decreto dispuso la Nación a la Ciudad.

Los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fueron de los convencionales constituyentes que definieron la autonomía porteña en la reforma constitucional de 1994 y quien mejor que ellos para saber lo que quisieron decir cuando le otorgaban este estatus a la ciudad de Buenos Aires.

Corren los plazos para que las partes contesten y la Corte, cuando obtenga las respuestas, estaría en condiciones de decidir.

La Ciudad cuestionó la constitucionalidad del decreto presidencial, argumentando que ataca la autonomía de la ciudad de la Buenos Aires, al tomar decisiones sobre la educación, un asunto reservado en la Constitución Nacional a la jurisdicción local.

La Casa Rosada rechazó estos argumentos y fundó su reclamo en motivos legales y sanitarios. “Subyace en la demanda una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”, escribió la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, jefe del cuerpo de abogados del Estado.

La Corte, que analizaría el fondo del reclamo y no solo la medida cautelar reclamada que pide la suspensión de la norma, corre contra reloj porque los efectos del decreto presidencial cesan el viernes a medianoche.