CDMX anunció el fin del abuso policial, pero los casos de abusos siguen en aumento

Los policías y funcionarios de la capital han hecho caso omiso ante la conducta indebida de sus agentes, afirman funcionarios y exfuncionarios de la policía, lo que deja a las víctimas de los abusos con pocas alternativas.
Los policías y funcionarios de la capital han hecho caso omiso ante la conducta indebida de sus agentes, afirman funcionarios y exfuncionarios de la policía, lo que deja a las víctimas de los abusos con pocas alternativas.

Juan Carlos García Cortés estaba haciendo mandados en su motoneta en Ciudad de México cuando un taxi le cortó el paso y dos hombres saltaron de él. Lo empujaron en la parte trasera, le pusieron una chamarra en la cabeza y comenzaron a golpearlo.

Los secuestradores de García no eran delincuentes callejeros, sino miembros de la recién creada unidad de élite de la policía de Ciudad de México encargada de combatir el secuestro y la extorsión, los mismos delitos que se le infligieron a García.

Tras golpear a García, los agentes lo amenazaron con acusarlo de homicidio si no les pagaba 50.000 pesos, unos 2500 dólares, según una denuncia formal presentada ante la fiscalía y las declaraciones de la familia García. Era más de lo que ganaba en ocho meses en un puesto de tacos donde trabajaba.

México tiene desde hace tiempo grandes problemas de corrupción en sus fuerzas policiales. Sin embargo, la ambiciosa jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de las principales aspirantes a suceder al presidente del país, ha hecho de la erradicación de la corrupción oficial en su propia fuerza una prioridad.

En junio de 2020, a poco más de un año y medio de asumir el cargo, anunció el éxito: “Todas las prácticas que tuvieran que ver con tortura, ilegalidad, etcétera, están totalmente canceladas”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el calvario de García ocurrió en 2021.

El episodio está entre miles de denuncias de mala conducta presentadas por los residentes de la Ciudad de México contra la principal fuerza policial de la capital en los últimos años, a pesar de la declaración de la jefa de gobierno. Incluso altos mandos de la policía dicen que la corrupción no ha sido erradicada de la fuerza de más de 81.000 oficiales. Los números lo confirman.

Entrevistas con agentes de policía actuales y retirados, registros gubernamentales y documentos revisados por The New York Times sobre detenciones ilegales y secuestros muestran que el cuerpo de policía de Sheinbaum ha empeorado, en ciertos aspectos, desde que asumió el cargo.

En lugar de frenar los abusos físicos y las detenciones falsas, los policías y los funcionarios de la ciudad han hecho caso omiso, según afirman funcionarios y exfuncionarios de la policía, dejando a menudo a las víctimas, muchas de ellas pobres, con pocas alternativas después de soportar violentos abusos de los derechos humanos.

En los casi cuatro años transcurridos desde que Sheinbaum asumió su cargo, la comisión de derechos humanos de la ciudad ha recibido más de 5000 informes contra la policía clasificados como actos contra la integridad física y violaciones a la libertad personal, incidentes que incluyen detenciones ilegales, torturas y amenazas de muerte.

Solo en 2021 se recibieron más de 1900 denuncias de este tipo, la cifra más alta en un solo año desde 2004, cuando la comisión empezó a clasificar públicamente los tipos de reclamos presentados contra empleados del gobierno.

Las denuncias de tortura, según la comisión, incluyen descargas eléctricas, estrangulamiento, ejecuciones simuladas y agresiones sexuales. En los primeros seis meses de 2022, la comisión recibió más denuncias en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La comisión —dirigida por un funcionario elegido por el Congreso de Ciudad de México— revisa cada informe y luego lo remite al departamento correspondiente para su investigación. Una portavoz de la policía le dijo al Times que, desde 2019, 477 agentes han sido despedidos por no respetar los principios de la fuerza o por no superar la verificación de antecedentes.

El aumento de las denuncias de mala conducta podría ser una señal de que los residentes tienen más formas de reportar los abusos que bajo la gestión del anterior jefe de gobierno, dijo Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de participación ciudadana y prevención del delito de la ciudad.

“Hay una mayor apertura a denunciar por parte de las propias personas”, dijo. “Es probable que se abran más expedientes de investigación porque se está investigando más”.

Sin embargo, Vázquez discrepó con la opinión de Sheinbaum de que la corrupción policial, incluida la extorsión a los ciudadanos, haya terminado. “Sería poco realista hablar de que se ha erradicado por completo”, dijo. “Pero estamos en vías de erradicación”.

El repunte de las denuncias de abuso policial también podría estar vinculado a los poderes de investigación e inteligencia más amplios que se les otorgaron a los oficiales, a partir de 2019, para combatir el crimen, según Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, un centro de investigación mexicano.

Las principales responsabilidades del grupo de trabajo se ampliaron más allá de patrullar las calles para investigar delitos que van desde el tráfico de drogas hasta homicidios, e incluyeron la creación de una fuerza especial en 2019 centrada en combatir la extorsión y el secuestro.

“Hay presión de los mandos para que haya resultados”, dijo Garza, comandante retirado de la policía de Ciudad de México. “Lo que buscan es que la gente se quede, por ejemplo, en prisión preventiva y si para eso tienen que a lo mejor simular que la persona traía droga”.

Los abusos de la policía se dirigen en gran medida a los residentes de bajos ingresos, que a menudo no pueden permitirse una representación legal, según agentes de policía actuales y retirados.

“Están enfocados en estos grupos vulnerables que ellos creen que no tienen los conocimientos, la educación, los estudios, para poder defender sus derechos”, dijo Jaime Ramón Bernal García, un policía retirado de Ciudad de México que fue acusado de desobedecer una orden y despedido en 2014. Dijo que su despido se produjo después de haber exigido mejores condiciones laborales para los policías. Posteriormente, fundó una organización sin fines de lucro que promueve los derechos laborales de los agentes de la ley.

Aun así, el despacho de Sheinbaum reafirmó los logros de la jefa de gobierno.

“Todas las prácticas relacionadas con tortura y detenciones ilegales han dejado de presentarse”, dijo la oficina de la jefa de gobierno al Times en un comunicado en marzo. El mes pasado, la oficina le dijo al Times que la fuerza también había reforzado su formación en derechos humanos este año para abordar el comportamiento citado en los casos más comunes de mala conducta policial.

“Queremos que la ciudadanía sepa que no vamos a permitir ni tolerar estas acciones”, dijo el despacho de Sheinbaum.

La afirmación de la jefa de gobierno de que su gestión ha reformado la policía de la capital mexicana refleja un impulso nacional más amplio para transformar las fuerzas de seguridad del país en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con el fin de erradicar la corrupción del gobierno.

Poco después de asumir el cargo a finales de 2018, López Obrador, disolvió la policía federal y creó una nueva fuerza, la Guardia Nacional, que dijo que sería “incorruptible”. (Los grupos de derechos humanos han acusado a la Guardia Nacional de las mismas prácticas violentas llevadas a cabo por la Policía Federal).

Sheinbaum está igualando el entusiasmo de López Obrador y fortaleciendo la Guardia Nacional a escala local, como “parte de una estrategia de reforzamiento de la seguridad”, ha dicho. Actualmente, más de 12,000 efectivos de la Guardia Nacional patrullan Ciudad de México.

Sin embargo, la profunda descomposición dentro de la principal fuerza policial de Ciudad de México, el brazo de seguridad cotidiana de la capital, persiste.

Las elecciones presidenciales de 2024 quizás hayan empeorado la mala conducta. La policía trabaja para mejorar la seguridad y reprimir la delincuencia con el fin de reforzar las estadísticas de detenciones antes de la esperada contienda presidencial de Sheinbaum, dijeron analistas y varios oficiales de policía. En algunos casos, se ha detenido a personas inocentes y se les ha obligado a confesar delitos no resueltos, incluso si los casos acaban siendo desestimados por los tribunales.

La mala conducta en el caso de García no es una excepción.

En la primavera de 2021, los agentes de policía detuvieron a un hombre llamado Omar, de 25 años, exigiéndole que confesara haber matado a una mujer en su barrio, según el testimonio de Omar ante el fiscal, facilitado al Times por su abogado. El abogado pidió que no se usara el apellido de Omar por temor a represalias de la policía.

Cuando Omar se negó, los agentes tomaron una bolsa de plástico y le cubrieron la cabeza, casi asfixiándolo, según su testimonio. A continuación, lo obligaron a confesar el asesinato en un video grabado, dijo.

Un juez de Ciudad de México desestimó el caso, alegando pruebas de tortura.

El año pasado, la comisión de derechos humanos de la ciudad publicó un informe mordaz en el que se citaban “una serie de patrones” de abusos, como la tortura y las detenciones arbitrarias, por parte de la policía de la ciudad y de una fuerza más pequeña dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El informe resaltaba casos de agentes que sembraban drogas a los detenidos, extorsionaban a los ciudadanos para obtener dinero en efectivo mientras los amenazaban con desaparecerlos e irrumpían en los hogares sin órdenes de detención y golpeaban a los residentes.

La comisión recomendó al jefe de la policía de la capital, Omar García Harfuch, que contratara a expertos para que ayudaran a identificar los incumplimientos de las normas nacionales e internacionales en materia de detenciones. También pidió que el cuerpo cumpliera con un registro nacional de detenciones destinado a limitar la tortura y las desapariciones forzadas a manos de los agentes de policía.

El director del departamento de derechos humanos de la policía dijo que todas las recomendaciones presentadas por la comisión estaban en proceso de ser implementadas, aunque la pandemia originó algunos retrasos.

En el caso de García, el trabajador del puesto de tacos, sus agresores lo condujeron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de que lo privaran de la libertad y se estacionaron afuera, según grabaciones de seguridad revisadas por el Times.

Después, alguien llamó a su esposa, María Karina Chia Pérez, exigiendo dinero en efectivo para su liberación y los documentos de propiedad de su motoneta, según la familia de García.

Chia llamó a todos sus conocidos, pero solo pudo reunir la mitad del dinero.

Como no pudo entregar el soborno, los hombres se pusieron uniformes y luego llevaron a García a la sede de la fiscalía, según las imágenes de vigilancia.

García fue acusado de tráfico de drogas. La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentarios.

Según el informe policial, los agentes encontraron a García con una bolsa llena de cocaína y marihuana en el mismo momento en que las imágenes de vigilancia mostraban que estaba retenido en el taxi frente a la oficina del fiscal general.

Tras siete meses en prisión, García se declaró culpable a cambio de su libertad condicional. Su hijo nació mientras estaba encarcelado.

“Se sentía mal”, dijo García sobre haberse declarado culpable “Por otra parte, pues me sentí tranquilo porque iba tener mi libertad para ver a mi hijo”.

Ahora, García intenta presentar cargos penales contra los agentes.

“Lo único que queremos es que se haga justicia”, dijo García.

Maria Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para The New York Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Encuéntrala en Twitter: @abihabib

© 2022 The New York Times Company

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