La CIDH remitió a la CorteIDH caso por torturas en Chile

Ceremonia en memoria de víctimas de la dictadura chilena en el centro de detención y tortura Villa Grimaldi, el 10 de septiembre de 2013 (AFP/Archivos | Martin Bernetti)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que envió a la Corte Interamericana (CorteIDH) un expediente por denegación de justicia a doce víctimas de tortura en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). De acuerdo con la CIDH, la causa responde a la "falta de investigación de oficio y diligente de los hechos de tortura sufridos por las víctimas en el marco de la dictadura militar chilena". La CIDH consideró que el estado chileno no cumplió "su obligación de ofrecer un recurso efectivo" a las víctimas para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura. De esa forma, el expediente fue remetido a la CorteIDH el 12 de abril porque Chile "no cumplió con las recomendaciones" formuladas por la Comisión. Entre las recomendaciones, la CIDH había pedido a Chile "investigar, juzgar y sancionar penalmente" los responsables por las torturas, y reparar "plenamente" a las víctimas y sus familiares por las violaciones de los derechos humanos sufridas. También había pedido a Chile actualizar su legislación para adecuarla "a los estándares interamericanos en materia de tortura y protección judicial", así como "adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares". Este expediente, conocido como "Omar Humberto Maldonado Vargas contra Chile", beneficia también a Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino y Manuel Osvaldo López Ovanedel. Beneficia asimismo a Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal. Con este caso, se espera que la CorteIDH se pronuncie sobre mecanismos para la aplicación de la "regla de exclusión, es decir, para asegurar que ningún proceso o condena en la cual se tomó en consideración prueba obtenida bajo tortura, tenga efectos jurídicos", apuntó la CIDH.