La CIDH, preocupada por falta de avances en la desaparición de 43 estudiantes en México

Paulo Abrao (i), secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la coordinadora del mecanismo y relatora de la CIDH para México Esmeralda Arosamena de Troitiño, en rueda de prensa en México el 21 de abril de 2017 (AFP | ALFREDO ESTRELLA)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este viernes su preocupación ante la falta de avances en México en el caso de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, desparecidos en Iguala en 2014.

La CIDH constata que "no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y que desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación", dijo en rueda de prensa Paulo Abrão, secretario ejecutivo de un mecanismo creado para dar seguimiento al caso.

Integrantes de este mecanismo realizaron esta semana una segunda visita a México para reunirse con autoridades y familiares de los estudiantes.

El 17 de marzo, en una audiencia en Washington, la CIDH elevó la presión al gobierno mexicano para cerrar el caso de los estudiantes, cuyo paradero, vivos o muertos, se desconoce desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos por policías de Iguala (sur), quienes los habrían entregado a narcotraficantes.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, coordinadora del mecanismo y relatora de la CIDH para México, dijo que se acordó con la fiscalía general "un cronograma" para cumplir en los próximos seis meses con los pendientes de las investigaciones, que será evaluado por la propia CIDH.

Entre los pendientes del caso están la necesidad de examinar "los indicios de involucramiento de miembros de la fuerza de seguridad del Estado y profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno", agregó Paulo Abrão.

Subrayó que también se debe profundizar en la línea de investigación sobre la posible conexión del caso con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La fiscalía sostiene que los policías de Iguala habrían entregado los jóvenes a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado para después incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

Pero esta hipótesis fue desestimada por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que coadyuvó en las investigaciones y que en sus conclusiones, presentadas en 2016, recomendó abrir nuevas indagatorias.

No obstante, en la audiencia de la CIDH de marzo pasado, Roberto Campa, subsecretario para derechos humanos de Gobernación (Interior), señaló que "no se ha consolidado otra hipótesis distinta" de esta caso que causó gran indignación dentro y fuera del país.

"El Mecanismo reitera que la difusión de esta hipótesis (...) provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso", advirtió Abrão.

Sobre esta visita, la fiscalía señaló en un comunicado que los miembros del mecanismo recibieron información "detallada sobre las acciones y actualizaciones en materia de investigación y búsqueda".