CIDH pide investigación balística tras muertes en Perú

Manifestantes antigobierno que viajaron a la capital desde otras partes del país se enfrentan a una línea de policías antimotines en una marcha contra la presidenta peruana Dina Boluarte en Lima, Perú, el miércoles 18 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por las docenas de manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. (AP Foto/Martín Mejía) (ASSOCIATED PRESS)

MIAMI (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el miércoles al gobierno de Perú a realizar una investigación imparcial de las balas que impactaron a por lo menos algunas de las 50 personas que murieron en las manifestaciones violentas en Perú, para determinar quién efectuó los disparos.

El comisionado Stuardo Ralón, uno de los miembros de la misión que estuvo recientemente en Perú, dijo que la CIDH ya está investigando denuncias de violencia de las fuerzas de seguridad que recibió por parte de familiares de manifestantes.

La solicitud a las autoridades peruanas tiene lugar en momentos en que las protestas que demandan la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y del Parlamento parecían extenderse hacia Lima, la capital del país.

Ralón efectuó su pedido en una breve presentación que realizó de manera virtual durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que él mismo y varios de los países miembros condenaron la violencia, pidieron de manera urgente un diálogo entre los diferentes sectores de Perú y el respeto a los derechos humanos.

“De estas denuncias que se han recibido serán fundamentales las investigaciones balísticas que se tienen que realizar para establecer las armas” que efectuaron los disparos, expresó Ralón. Explicó que las autopsias realizadas por la dirección de medicina legal encontraron disparos en la cabeza y en el tórax de personas fallecidas en las protestas.

“El Estado debe realizar en ese contexto investigaciones serias, imparciales y en el tiempo, y ser rápido para poder establecer qué fue lo que ocurrió”, dijo. Enfatizó la importancia de que “se realicen con protocolos adecuados estas pruebas balísticas y la custodia de los proyectiles que serán extraídos de los cuerpos físicos”.

Las protestas empezaron cuando la presidenta Boluarte, por entonces vicepresidenta, asumió al poder el 7 de diciembre para reemplazar a Pedro Castillo, el primer presidente de origen rural, quien fue destituido por el Congreso después de su infructuoso intento por disolver el Parlamento.

Castillo fue detenido ese mismo día y se encuentra en una cárcel para presidentes en Lima.

Medio centenar de personas murieron y cerca de 650 resultaron heridas.

Una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Perú en diciembre y, más recientemente, entre el 11 y el 13 de enero. Sus integrantes estuvieron en Lima y otras regiones del país, y se reunieron con representantes de diferentes sectores, incluyendo miembros del gobierno y de la sociedad civil.

Tras escuchar al comisionado y a más de una decena de países, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó al diálogo para allanar el camino hacia la paz.

“El derecho a la protesta, expresado pacíficamente, debe respetarse”, expresó Almagro. “No se pueden aceptar actos de vandalismo, pero mucho menos el uso desproporcionado de la fuerza, el control y represión de las manifestaciones, violentando el mayor y más sagrado de los bienes de la vida humana, especialmente de poblaciones que han sufrido desigualdad y estigmatización”.

Ralón, por su parte, destacó que hasta ahora las autoridades peruanas han colaborado con la misión y dijo que en un mes la CIDH presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones. Pidió asimismo que si por razones del orden público las fuerzas de seguridad deben intervenir, lo hagan respetando la legalidad y los estándares de necesidad y proporcionalidad.

“Se considera que la salida de esta crisis tiene que pasar necesariamente por un diálogo amplio, por acuerdos y por un respeto al Estado de Derecho”, expresó el comisionado y dijo que tiene que incluir a los distintos actores políticos, la sociedad civil, movimientos sociales, empresariales y demás organizaciones de todo el país. “Ese amplio diálogo es urgente porque existe una preocupación” de que de no apresurarse podrían haber más hechos de violencia, advirtió.