Chile: Cámara baja debate posible juicio político a Piñera

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SANTIAGO (AP) — La Cámara de Diputados de Chile se reunió el lunes en una maratónica sesión para votar la posibilidad de un juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera, que de ser admitido pasaría al Senado.

La oposición de centroizquierda necesita 78 de los 155 votos del pleno para aprobar la acusación. Tiene un total de 83 escaños en la cámara baja, pero no puede disponer de todos esos votos porque varios de sus diputados se oponen al juicio.

Para sumar los 78 requiere el del diputado Giorgio Jackson, quien no estaba presente en la sala porque tuvo que guardar cuarentena debido a que estuvo en contacto con un colega contagiado con COVID-19, cuarentena que concluyó el lunes a medianoche. Minutos después el diputado inició el viaje de 120 kilómetros desde su residencia en Santiago hasta el puerto de Valparaíso, donde se ubica la sede del poder legislativo.

Por ello, el encargado de presentar la acusación en el pleno, el socialista Jaime Naranjo, leyó centenares de páginas y documentos para hacer tiempo y esperar la llegada de Jackson al Congreso.

Cuando Naranjo deje de hablar, podría intervenir el abogado defensor de Piñera, Jorge Gálvez, lo que dilataría más la votación en la Cámara de Diputados.

Si el juicio es admitido, pasaría al Senado, donde la oposición necesitaría el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan.

La acusación de 16 diputados izquierdistas surgió luego de que se dieran a conocer los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que reveló negocios en paraísos fiscales de más 300 personas, entre ellas Piñera.

Entre millones de documentos hay un contrato de venta de una propiedad de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas firmado en diciembre de 2010, que condicionaba el pago de la última cuota de un negocio minero y portuario a que en la zona donde se instalara no fuera declarada de exclusión, parque o reserva natural, decisión que dependía de Piñera, quien llevaba nueve meses de su primer gobierno (2010-2014). El mismo año el mandatario reubicó una termoeléctrica que se levantaría en la misma área del proyecto familiar vendido.

“Somos testigos de las consecuencias de tener un mandatario empresario, que no separó los negocios de la política”, afirmó Naranjo.

Los acusadores afirman que Piñera infringió la Constitución y las leyes y comprometió el “honor de la nación por favorecer la venta del negocio a un amigo personal".

Por la misma información la Fiscalía Nacional inició una investigación a Piñera para establecer si hay posibles delitos de cohecho, soborno o fiscales, cometidos por acción u omisión. Piñera afirma que no se enteró de la venta hasta que concluyó su gobierno, que se pagaron en Chile todos los impuestos y que los hechos ya prescribieron.

“No hay prescripción en la comisión de ilícitos constitucionales”, dijo Naranjo.

Esta es la segunda ocasión en que se plantea enjuiciar políticamente a Piñera durante su actual mandato. La primera fue a fines de 2019, cuando fue responsabilizado de las violaciones a los derechos humanos durante la represión de un violento estallido social. Piñera esgrimió que la acusación no cumplía los requisitos constitucionales pertinentes, lo que fue acogido por la mayoría de los diputados.

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