La gigante petrolera Chevron inquieta al departamento de Estado por 'cabildear' a favor de Birmania

Kenneth P. Vogel and Lara Jakes
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Una refinería de Chevron en Richmond, California, el 10 de abril de 2020. (Preston Gannaway/The New York Times)
Una refinería de Chevron en Richmond, California, el 10 de abril de 2020. (Preston Gannaway/The New York Times)

WASHINGTON — El golpe militar en Birmania y las brutales medidas contra los inconformes la han dejado con pocos aliados en Occidente. Sin embargo, una de las operaciones de cabildeo corporativo más sofisticadas en Washington se ha movilizado con la intención de desviar presiones cada vez mayores sobre el gobierno de Biden para que imponga sanciones amplias contra la empresa petrolera y de gas del Estado que ayuda a financiar a la junta.

Chevron ha enviado cabilderos, entre ellos algunos exfuncionarios del gobierno federal, uno de los cuales al parecer apenas dejó el Departamento de Estado el mes pasado, a dependencias como el Departamento de Estado y oficinas clave del Congreso para advertir sobre los efectos negativos que podrían tener algunas sanciones, como interrumpir sus operaciones en Birmania, según cuatro personas al tanto de las actividades de cabildeo.

Evitar una mayor crisis humanitaria

La gigante petrolera y de gas con sede en California afirma que las sanciones podrían poner en peligro la viabilidad a largo plazo de un gran campo de gas de Birmania en el que es socia, además de arriesgar el recrudecimiento de la crisis humanitaria para las personas que dependen de esa operación para su suministro de electricidad y exponer a los empleados de la compañía a cargos del ámbito penal.

Chevron, la segunda mayor productora de petróleo y gas en Estados Unidos, tiene una relación de mucho tiempo con Myanmar Oil and Gas Enterprise, o MOGE, empresa del Estado con vínculos estrechos con los generales del ejército que tomaron el poder de los líderes electos el 1.° de febrero. Desde entonces, se calcula que el Ejército ha asesinado a 740 ciudadanos de Birmania y detenido a miles más.

Activistas de derechos humanos, demócratas y diplomáticos influyentes ejercen cada vez más presión sobre el gobierno para que le imponga sanciones a esa empresa pública, que según le informó al Congreso un investigador de las Naciones Unidas especializado en derechos humanos el mes pasado, “en este momento de hecho es controlada por una empresa criminal asesina”.

Fuente de ingreso

Una de las mayores fuentes de ingresos del Ejército, que ha financiado hasta el 70 por ciento de sus operaciones en años anteriores, según analistas, es un campo de gas conocido como Yadana. La operación del campo desde la década de 1990 ha estado a cargo de la empresa energética francesa Total SA en sociedad con una empresa petrolera y de gas de propiedad tailandesa, la compañía pública de Birmania y Chevron.

Este año, se espera que Myanmar Oil and Gas Enterprise recaude por lo menos 536 millones de dólares por concepto de gas y ventas por la operación del campo Yadana, según cálculos de EarthRights International, grupo sin fines de lucro que ha analizado los ingresos que le genera el gas a Birmania con base en información disponible al público en general.

Manifestantes se reúnen en Washington para denunciar los vínculos de Chevron con la junta militar de Birmania el 16 de abril de 2021. (Amr Alfiky/The New York Times)
Manifestantes se reúnen en Washington para denunciar los vínculos de Chevron con la junta militar de Birmania el 16 de abril de 2021. (Amr Alfiky/The New York Times)

Además, Chevron y sus socios en el proyecto Yadana le pagan impuestos al gobierno en Naypyitaw para poder operar en Birmania (por lo menos 120 millones de dólares en 2018, según EarthRights, que apoya las sanciones y se unió a decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos el mes pasado para pedirle a Chevron que no efectúe ningún pago a la empresa pública petrolera y de gas de Birmania).

Después de impuestos y otros pagos al gobierno de Birmania, Chevron se ha embolsado ganancias anuales de entre 100 millones y 150 millones de dólares por su participación en Yadana y una empresa de gasoductos que transporta el gas de Birmania a Tailandia, calcularon algunos expertos de EarthRights.

“Es una enorme fuente de efectivo sin complicaciones que el régimen obtiene en este momento”, señaló Marco Simons, director del área jurídica de EarthRights, quien les ha dado seguimiento a los ingresos generados por el gas en Birmania desde hace más de una década.

Ronda de sanciones

En una de sus primeras declaraciones importantes sobre política exterior, el gobierno de Biden se apresuró a principios de febrero a calificar la toma de poder militar como un golpe de Estado, por lo que en respuesta se impusieron restricciones a la ayuda estadounidense y se pusieron en marcha rondas de sanciones, que hasta ahora han sido unas seis, contra los dirigentes de la junta, unidades del Ejército y empresas de piedras preciosas, así como otras empresas financieras propiedad del Estado.

El gobierno anunció sanciones adicionales el 21 de abril en contra de las industrias maderera y de perlas de Birmania, cuyas exportaciones generan “financiamiento significativo” para el Ejército, según un funcionario de alto rango del Departamento del Tesoro.

Ahora, el presidente Joe Biden y funcionarios de alto rango de los Departamentos de Estado y del Tesoro enfrentan cada vez más llamados de los demócratas del Congreso, las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos para que impongan sanciones que podrían restringir o cortar de tajo la capacidad de Chevron y otras empresas de Occidente de hacer negocios con la empresa energética propiedad de Birmania.

El Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios sobre el cabildeo de Chevron o la posibilidad de nuevas sanciones dirigidas al sector del petróleo y el gas en Birmania.

Los funcionarios del Departamento de Estado tampoco hablaron sobre posibles sanciones. Una declaración del departamento indicó que el gobierno de Biden “seguirá empleando todas las herramientas disponibles para dejarle claro al Ejército que pagará caro sus acciones y que debe cambiar de curso por completo”.

El mes pasado, el Secretario de Estado Antony Blinken, sin dar nombres, ejerció presión sobre las empresas privadas al invitarlas a pensar dos veces en darle apoyo al Ejército de Birmania tras el golpe.

“Algunos países y algunas empresas de varias partes del mundo tienen inversiones significativas en empresas que apoyan al Ejército birmano”, aseveró Blinken al dar a conocer el informe anual del Departamento de Estado sobre abusos a los derechos humanos en todo el mundo. “Deberían evaluar esas inversiones y considerar si podrían ser un medio para negarle al Ejército el apoyo financiero que requiere para mantenerse en contra de la voluntad del pueblo”.

Braden Reddall, vocero de Chevron, dijo en un comunicado: “Condenamos los abusos a los derechos humanos en Birmania y apoyamos a los ciudadanos de ese país en la jornada hacia una democracia moderna, pacífica y próspera”.

Reddall mencionó que Chevron es “socio no operador” en el campo Yadana a través de una filial, la cual no controla, según dijo, los pagos directos a Myanmar Oil and Gas Enterprise, salvo el pago del impuesto sobre la renta. “Si no pagamos impuestos, incurriríamos en incumplimiento de contrato y eso podría poner a los empleados en riesgo, sin culpa alguna, de que se les imputen cargos penales”, dijo.

Energía crucial

Dio a entender que podría haber otras consecuencias negativas por las sanciones para la gente de la región, como la interrupción del suministro de energía. El gas de Yadana genera alrededor del ocho por ciento de la electricidad de Tailandia y la mitad de la electricidad en la mayor ciudad de Birmania, Yangon, señaló Reddall, y añadió que la energía “es crucial para los hogares, las escuelas y los hospitales”, así como la comunicación.

Yadana, explicó, es “un campo maduro que requiere trabajos constantes de mantenimiento para garantizar la seguridad y la producción futura”. Si el campo se cerrara por un plazo prolongado, dijo, “podría tener efectos negativos en su potencial de producción en el futuro”.

Reddall dijo que Chevron no ha tenido contacto con el nuevo gobierno militar y “no ha sostenido conversaciones con MOGE sobre la posibilidad de sanciones”. Se negó a hablar sobre las actividades de cabildeo de Chevron; se limitó a decir que la empresa “cumple las leyes y reglamentos de los lugares en que opera”.

Chevron desde siempre ha invertido sustancialmente en influencias en Washington.

Kelley Eckels Currie, antigua funcionaria de alto rango en el Departamento de Estado, dijo que Chevron había “cabildeado con insistencia” para que no se incluyera a la empresa petrolera y de gas del Estado en Birmania en las últimas acciones importantes para reprimir al Ejército del país, un proyecto de ley de 2007 que se concentró en la lucrativa industria de las piedras preciosas del país.

Las actividades de cabildeo de Chevron han inquietado en particular a los funcionarios del Departamento de Estado, según dos personas enteradas de las conversaciones.

Su irritación se ha visto exacerbada desde hace algunas semanas porque uno de los cabilderos de Chevron, Craig L. Hall, indicó en una biografía en línea que se retiró del departamento hace un mes tras dos décadas de carrera como diplomático, durante las cuales trabajó en políticas para el Sureste Asiático. Tres personas al tanto de sus actividades dijeron que se ha puesto en contacto con antiguos colegas para hablar sobre Birmania.

Nuevas reglas

El gobierno de Biden estableció reglas para evitar que las empresas, firmas de cabildeo y países extranjeros recurran a antiguos funcionarios de gobierno para ejercer influencia sobre sus antiguos colegas, un ejemplo del tráfico de influencias que los comités de vigilancia denuncian como acciones de monetización del servicio público que además les dan mucha influencia a intereses especiales. Sin embargo, Hall y los demás cabilderos de Chevron al parecer han seguido al pie de la letra las normas, que solo se aplican a candidatos políticos y ciertos oficiales de carrera de alto rango.

Hall no respondió a mensajes enviados a su correo electrónico de Chevron ni a su cuenta de LinkedIn, y tampoco logramos establecer contacto con él por otros medios para solicitar comentarios.

El cabildeo de Chevron en contra de las sanciones al petróleo y el gas es notable en particular porque el gobierno militar de Birmania tiene poca presencia en Washington.

El único cabildero registrado para el nuevo gobierno es un enigmático excomerciante de armas con oficinas en Montreal de nombre Ari Ben-Menashe, quien se ha registrado para representar a varios gobernantes autoritarios.

Se le tachó de fabulista en un informe del Congreso de la década de 1990, y no se sabe a ciencia cierta cuáles son sus vínculos con la junta en Birmania. No obstante, desde que se registró ante el Departamento de Justicia el mes pasado como cabildero para el gobierno militar de Birmania, se dice que ayudó a liberar a un periodista de Associated Press encarcelado por la junta e hizo arreglos para que otros periodistas tuvieran acceso a Birmania.

Ben-Menashe dijo que el cabildeo de Chevron en contra de posibles sanciones está en línea con los intereses del gobierno de Birmania y su empresa petrolera y de gas, que “apoyan a Chevron y sus acciones”, aunque se negó a ahondar en el asunto (Reddall dijo que Chevron no ha tenido “ninguna relación” ni contacto alguno con Ben-Menashe).

This article originally appeared in The New York Times.

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