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El chavismo detuvo a una activista de derechos humanos antes de que Maduro recibiera al enviado de la ONU

Nicolás Maduro saluda al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el Palacio Miraflores, en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)
Nicolás Maduro saluda al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el Palacio Miraflores, en Caracas. (AP/Ariana Cubillos) - Créditos: @Ariana Cubillos

BOGOTÁ.– “Mi visita es de solidaridad, diálogo y acción. Todos los países necesitan y merecen un espacio cívico libre y vibrante”. Las buenas palabras de Volker Türk –alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue recibido por Nicolás Maduro– chocaron con la realidad durante su visita a Venezuela, que terminará este sábado con una conferencia de prensa.

Los encargados de hacérselo saber fueron los agentes policiales que detuvieron durante unas horas a la profesora María Fernanda Rodríguez, solo un día después de que formara parte de la reunión de la sociedad civil con el sucesor de Michelle Bachelet. Precisamente Rodríguez forma parte de la asociación Lidera, una de las señaladas por Diosdado Cabello, número dos del régimen, como ejemplo para la ley que prepara el chavismo en contra de las ONG.

Nicolás Maduro saluda al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el Palacio Miraflores, en Caracas. (Federico Parra / AFP)
Nicolás Maduro saluda al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el Palacio Miraflores, en Caracas. (Federico Parra / AFP) - Créditos: @FEDERICO PARRA

“Esto es gravísimo para la defensa de los derechos humanos en un país sumido en una crisis”, condenó Erika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional (AI).

“Su objetivo es la persecución política. Organismos internacionales corroboraron que el Estado lleva un patrón de criminalización de todo el que defienda derechos humanos. Quieren controlar y destruir la demanda de derechos”, denunció en nombre de las ONG Lexys Rondón, vocera de Laboratorio de Paz. “Esta no es una ley contra las ONG, es solo la punta del iceberg. Este es un proceso que lleva 20 años de persecución. Aquí lo que se quiere es controlar todo”, añadió.

Estas organizaciones se dirigieron directamente a Türk de forma contundente para que la oficina eleve su perfil en Venezuela y “refuerce el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales ante un Estado no dispuesto a cumplir recomendaciones”. Una de las grandes quejas de los defensores de los derechos humanos desde que Maduro aceptara la puesta en marcha de la oficina de Bachelet en Caracas fue atornillar un mecanismo de seguimiento para lo aprobado. Nunca se hizo y la oficina trabajó bajo condiciones draconianas, atada de pies y manos, pese al compromiso de sus miembros.

Entre las reiteradas peticiones de defensores y familiares destacan que los delegados de esta oficina acudan a las cárceles para verificar las denuncias de maltratos y condiciones inhumanas de los presos, así como que también acompañen a los detenidos en los juicios donde salen a relucir las torturas que se usan contra ellos, además de demandar la asistencia médica que ratifique estas prácticas.

La revolución chavista también dificultó los viajes a Venezuela de relatores especiales de las Naciones Unidas. Las arbitrariedades bolivarianas con la letra chica de los acuerdos, una vieja política de Estado, conviven con las vulneraciones flagrantes. Ejemplos hay por doquier, pero uno es especialmente sangrante para quienes defienden los derechos humanos en el país petrolero: Javier Tarazona cumple más de 570 días en un calabozo chavista.

El régimen acusa al director de la ONG Fundaredes de traición a la patria, incitación al odio y terrorismo. La realidad es que Tarazona desveló durante años cómo los guerrilleros colombianos blindaban su santuario venezolano y participaban en el control social del gobierno de Maduro. No solo aireó las tramas de militares y guerrillas, sino también las matanzas en las que participaban.

Reclamos

Los familiares de los presos políticos reunidos con Türk, como ya lo hicieran con Bachelet (que entonces no pudo evitar las lágrimas), reclamaron la libertad para las 273 personas inocentes que permanecen en las mazmorras de Maduro, en especial para quienes sufren el deterioro de su salud y para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, que lleva 65 días en huelga de hambre. Según sus datos, diez presos políticos han muerto bajo custodia del Estado.

El destierro y la extradición fueron algunas de las fórmulas propuestas por los familiares, quienes viven el viaje de Türk a Venezuela con tensión añadida: la anterior visita de Bachelet se saldó con la posterior liberación de 22 detenidos.

“Reiteramos nuestra posición para el diálogo constructivo bajo el respeto y protección de los derechos humanos de nuestro pueblo”, arengó Jorge Rodríguez, jefe del órgano parlamentario chavista y “mano izquierda” de Maduro, tras reunirse con el funcionario.

Fue un encuentro previo al esperado cierre de Türk con el propio presidente en el Palacio de Miraflores, en el cual Maduro profundizó las ya conocidas excusas revolucionarias, que achaca todos los males del país a las supuestas sanciones internacionales.