La CGT se opone a regular el teletrabajo con una ley y pide que se negocie por actividad

Nicolás Balinotti

Los gremios rechazan el trabajo remoto porque temen que su poder se diluya y que sea una variante más de ajuste

El avance del coronavirus obligó a muchas a empresas a apelar al teletrabajo o home office, una práctica que mucho antes de la pandemia generaba ruido y poca adhesión entre los sindicalistas. Sobre esto debatió este jueves la cúpula de la CGT, que toma distancia de la iniciativa del Gobierno de tratar en el corto plazo un proyecto propio en el Congreso para regular el trabajo remoto. Los gremios piden que esa modalidad de trabajo se discuta por actividad, en cada convenio colectivo.

El rechazo de la CGT todavía no es orgánico, pero es la postura que domina por ahora en la cima de la central obrera. Sus máximos dirigentes se reunieron en la sede de Sanidad y se evaluó la postura a tomar al conocer de boca de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que es muy probable que la semana próxima se comience a tratar en comisión alguno de los 14 proyectos que están presentados.

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¿Por qué los gremialistas rechazan el trabajo remoto? Su poder de representación podría diluirse, además de significar un alivio importante en los bolsillos del empleador, ya que se ahorrarían los gastos por el lugar de trabajo, insumos, viáticos y hasta el pago de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Otro dato curioso es que todavía hay algunos dirigentes gremiales que no utilizan WhatsApp ni tampoco el correo electrónico y que se rehusan a la tecnología.

Uno de los dirigentes que rechazó de manera más tajante la regulación del teletrabajo fue el estatal Andrés Rodríguez, jefe de UPCN, según contó a LA NACION un dirigente que asistió a la reunión de la mesa chica de CGT.

Rodríguez entró en un vínculo tenso con el presidente Alberto Fernández cuando fue notificado que la paritaria de los estatales quedará congelada hasta que no se supere la pandemia. También debió acallar rumores sobre un eventual recorte salarial en la administración pública.

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En ATE y UPCN, los dos gremios estatales más representativos, aseguraron que entre un 60% y un 70% de los empleados públicos están hoy activos de manera remota por el aislamiento preventivo y obligatorio.

En paralelo, en el Ministerio de Trabajo se apura un proyecto de ley para avanzar en la regulación del teletrabajo después de varios planteos sindicales. Uno de ellos fue de ATE, donde algunos dirigentes califican esta práctica como "trabajo a domicilio", ya que los empleados utilizan material propio y tampoco hay legislación vigente.

Otro planteo que llegó al despacho de Claudio Moroni fue el del gremio de los docentes privados. El Sadop afirma que el 63% de sus afiliados no tienen computadora propia en sus domicilios, lo que afecta al dictado de clases virtuales que se está imponiendo en la mayoría de escuelas privadas.

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Según un informe de la asociación Esfera Pública, en Diputados se presentaron 14 iniciativas, de las cuales diez provienen del bloque oficialista Frente de Todos, cuatro del peronismo sindical y las otras cuatro de Juntos por el Cambio. En el Senado se presentaron siete proyectos de ley, de los cuales cinco pertenecen al oficialismo y los dos restantes a la oposición.

Las iniciativas presentadas apuntan a legislar distintos aspectos del teletrabajo, como el consentimiento del trabajador, la extensión y la carga de trabajo y la compensación de gastos. La primera tendencia de los legisladores al elaborar los proyectos fue incluir el derecho de desconexión, indica el informe. Posteriormente, incorporaron previsiones respecto de la conciliación de la vida familiar y laboral.