Cepa de Manaos en Formosa: las redes sociales exponen los muertos del grave colapso sanitario

El colapso del sistema sanitario trajo abandono, muerte, bronca. Fue a través de las redes sociales y los dispositivos digitales que la información vulneró el cerco informativo de la provincia de Formosa. Aún así, los trabajadores del sector de la salud no quieren dialogar con la prensa por temor a las represalias estatales. Sobre ellos se redoblaron los controles laborales, al mismo ritmo que crecieron allí los contagios desde el inicio de la pandemia. Formosa no está muy lejos de la Triple Frontera, ni de Brasil, que ya suma 430.000 mil muertos.

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Solo es posible llegar a estos testimonios a través de vecinos, contagiados, parientes; son historias que sólo escuchan quienes tienen contacto directo con los agotados trabajadores del sistema de salud, de las salitas barriales, de los hospitales; testimonios de personas que han sido derivadas a centros de aislamiento. “Están abandonados a su propia suerte”, dijo a LA NACIÓN la periodista Sonia Romero, graduada de la Universidad Torcuato Di Tella, que actualmente trabaja en una investigación sobre el colapso del sistema sanitario en esta provincia del Noreste.

Además, la periodista agregó: “Es mi provincia, donde yo nací. Y quiero contar la verdad sobre lo que pasa. Entrevisté a una enfermera que dice que a los abuelos los dejan morir, porque priorizan la atención de personas jóvenes. En los hospitales atienden a las personas en los pasillos porque no hay habitaciones, salas. Las personas tienen miedo de ir a los centros de aislamiento”. Formosa es, a pesar de la corrupción pública, un enclave de comercio y migraciones internas del Mercosur, de una altísima riqueza vegetal, animal, productiva.

Sin embargo, solo cuenta con 140 camas de terapia intensiva, de las cuales al menos un 84% permanecía ocupado; además, la gran mayoría de estos pacientes requirieron también asistencia respiratoria, tal como confirmaron pocos días atrás desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, Julián Bibolini y Mario Romero Bruno, especialistas del Consejo. Dijeron además que el ingreso irrestricto de personas por la frontera fue un factor determinante, al igual que la llegada de la cepa de Manaos, detectada en la ciudad de Clorinda en los inicios de abril, y que, según explican, produce una alta demanda de profesionales médicos. “Hemos hecho estudios en conjunto con el Instituto Malbrán enviando muestras de toda la provincia y nos notificaron que se ha encontrado la variante de Manaos en la ciudad de Clorinda”, dijo el ministro de la Comunidad de la provincia de Formosa, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez.

Los videos que alcanzaron las redes sociales cristalizan la gravedad de la situación. Son imágenes terribles de familias que deben -literalmente- envolver a sus propios muertos, y llevarlos donde alguien quiera recibirlos; familias que trasladan a sus enfermos casi inconscientes en la caja de una camioneta. Las denuncias de personas que llamaron por teléfono y jamás recibieron atención se repiten en diferentes publicaciones recientes. Así, la complejidad de la coyuntura preocupa también a organizaciones de base. Desde Formosa, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), denunció a través de una militante territorial, según publicó la agencia Anred, que las personas temen ir a los hospitales porque -aseguran- allí encuentran “una muerte segura”.

Al respecto, fue lapidario un reciente informe conjunto de organismos internacionales que recorrieron la provincia. “El gobierno de la provincia de Formosa, en el norte de la Argentina, ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19″, informaron Human Rights Watch (HRW) y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins”.

Por otro lado, el informe de HRW, señaló: “Las autoridades provinciales también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses, limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.