Opositores colombianos denuncian la presión oficialista a la Corte en el caso Uribe

Bogotá, 3 ago (EFE).- Congresistas de oposición colombianos calificaron como una presión a la Corte Suprema de Justicia la "campaña" del Gobierno y del partido Centro Democrático en defensa del expresidente Álvaro Uribe, cuya suerte decide esta semana ese tribunal en un caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El senador izquierdista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que "desde el partido Centro Democrático, la Presidencia de la República y los seguidores del uribismo se ha desatado una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas".

"No es la primera vez que esto ocurre. En octubre de 2018, ante la citación a indagatoria al senador Uribe se hizo una campaña con el mismo libreto y propósito. En ese entonces se intentaba convencer a la ciudadanía que Uribe está por encima de la justicia y que de darse esa diligencia judicial, sobrevendría un estado de conmoción nacional de consecuencias impredecibles", añadió.

ENFRENTAMIENTO DE OCHO AÑOS

El caso que enfrenta a Uribe y Cepeda comenzó en 2012 cuando el primero demandó por supuesta manipulación de testigos al segundo, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, proceso que acabó volviéndose en contra del expresidente.

El magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda, uno de los más enconados críticos de Uribe.

En la trama aparece el abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, a quien la Fiscalía acusó la semana pasada, junto con un socio suyo, Juan José Salazar, de sobornar testigos para obtener declaraciones favorables a Uribe, por lo que pidió prisión domiciliaria para ellos.

La Corte Suprema escuchó el año pasado a Uribe y realizó otras diligencias con las cuales debe decidir en breve, posiblemente esta semana, la situación del expresidente, que gobernó el país entre 2002 y 2010.

Una de las medidas que podría ordenar la Corte Suprema es la detención preventiva de Uribe, posibilidad que ha caldeado el ambiente en la redes sociales donde seguidores y opositores del expresidente están enzarzados en la polémica.

EN DEFENSA DE URIBE

Uno de los principales defensores de Uribe es el presidente Iván Duque, quien aseguró este lunes en Twitter que él no se refiere "a casos hipotéticos sobre eventuales decisiones judiciales sobre el expresidente", de quien dijo es "una persona (a la) que la palabra honorabilidad le encaja en todos los comportamientos de su vida".

También habló sobre el caso el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que afirmó que "la dedicación honorable" del exmandatario "al servicio de la patria y la defensa de la Constitución y la ley dan cuenta de la transparencia de su presencia pública y sus convicciones".

Sin embargo, el pronunciamiento más fuerte lo hizo el Centro Democrático, partido fundado por Uribe, que expresó en un comunicado su "grave preocupación" por versiones que circulan sobre su posible detención.

"El Centro Democrático, con el debido respeto que merecen las instituciones y la administración de justicia de nuestro país, expresa su grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que sugieren una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez", dice en un comunicado el partido.

DENUNCIAS DE INTIMIDACIÓN

Ante esto, Cepeda pidió a ese movimiento "cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", pues cree que "no se puede afirmar que se respetan las instituciones y al mismo tiempo arrojar un manto de duda sobre la independencia y la probidad de este tribunal supremo ante una decisión adversa".

En ese sentido, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz; de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares; de la Corte Constitucional, Alberto Rojas; del Consejo de Estado, Álvaro Namen, y del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, pidieron respeto a la independencia judicial.

"Por el valor superior de la democracia hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley", aseguraron en un comunicado conjunto.

Aseguraron además que "en la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico".

"Por eso, no solo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales", concluyeron.

(c) Agencia EFE