Yahoo Noticias La CEAV dejó de indemnizar a víctimas de militares en 2020; reparaciones cayeron 100%
La mañana del 4 de febrero de 2014 un grupo de soldados irrumpió en la casa de la señora Elvira Santibañez en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Sin ninguna orden de cateo, pero con el supuesto argumento de que estaba implicada con una banda de homicidas y secuestradores, los soldados tiraron a la mujer en el suelo, le amarraron las manos y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza.
“¿Ya me vas a decir de una vez o te mato? ¿si o no?… ¿ya vas a hablar?… ¡Te voy a dejar en muletas…! ¿qué te parece?” … le repite a Elvira una de las militares, al tiempo en que corta cartucho y otro la sofoca con la bolsa. Todo quedó registrado en video.
Santibañez no tenía relación con grupo delictivo alguno. Aun así, pasó más de tres años presa hasta que en 2018 un juez la liberó por falta de elementos. Tras revisar el caso, la CNDH emitió la recomendación 4/2017 en la que concluyó que ella fue víctima de graves violaciones a derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que debía ser indemnizada.
Sin embargo, Elvira no ha recibido un peso de la compensación económica a la que tiene derecho de acuerdo con la Ley General de Víctimas. La instancia que debe hacerlo posible, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV,) no ha emitido la resolución del pago pese a que no hay impedimento legal para ello.
Su caso no es una excepción. En 2020 y por primera vez en sus cinco años de existencia, la CEAV no indemnizó a ninguna víctima de violaciones a derechos humanos de parte del Ejército o la Marina. Ello pese a que hay casos como el de Elvira, donde las compensaciones son procedentes.
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Datos de la comisión obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia confirman la caída del cien por ciento en estas indemnizaciones en 2020, luego de que en 2019 la CEAV entregó reparaciones por casi 30 millones de pesos en favor de 36 víctimas de las violaciones castrenses.
Se trata de una situación inédita para la CEAV. Desde su creación la comisión siempre había concedido, año con año, reparaciones a víctimas de los militares. En 2015, se pagaron 21 millones en favor de 44 víctimas; en 2016 se pagaron 7.2 millones a 14 víctimas; en 2017 fueron 12.6 millones de pesos a diez víctimas; en 2018 la cifra fue de 38.1 millones de pesos para 73 víctimas; y en 2019 las cifras ya mencionadas.
Los únicos recursos que las víctimas de los militares recibieron en 2020 de parte de la CEAV fueron pagos por ayudas inmediatas como viáticos, servicios médicos y otros a los que tienen derecho mientras se resuelve su reparación integral del daño. Por este rubro se repartieron poco más de dos millones de pesos entre 31 víctimas.
El desplome en la entrega de apoyos a víctimas de los militares coincide con la caída generalizada superior al 80 por ciento en las indemnizaciones a las victimas en general en 2020, año en el que la crisis de operación de la CEAV se agravó con recortes presupuestales y la eliminación del Fondo de víctimas.
Animal Político solicitó desde el viernes pasado a la Comisión un posicionamiento sobre la razón de estas disminuciones, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no ha habido respuestas.
Consulta aquí las respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas:
CEAV_DGAYF_DFAARI_0043_2021 y CEAV_DGAYF_DFAARI_0044_2021
Cuestan violaciones más de 122 millones; Ejército lidera en abusos
Desde 2015 a la fecha, la CEAV ha entregado – a través del ya desaparecido Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) – más de 122 millones de pesos por concepto indemnizaciones y apoyos en favor de 388 víctimas de violaciones a derechos humanos de las distintas fuerzas de seguridad del país.
Del total de personas apoyadas 231, que equivalen a casi el 60 por ciento, son víctimas directas o indirectas de la Sedena. A todos ellos se les ha destinado poco más de 75 millones de pesos.
El que más de la mitad de las víctimas de abusos de las fuerzas de seguridad tengan al Ejército como autoridad responsable es doblemente relevante si se toma en cuenta que dicha institución oculta una parte de los casos. Animal Político reveló que la Seden ha indemnizado por su cuenta a más de un centenar de víctimas, sin notificar a la CEAV como marca la Ley General de Víctimas.
A los casos de la Sedena se suman 74 víctimas de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) a las que se han canalizado casi 40 millones de pesos por concepto de ayudas inmediatas e indemnizaciones.
La CEAV informó que también ha indemnizado a seis víctimas de violaciones a derechos humanos de la extinta Policía Federal a las cuales ha canalizado 1.7 millones de pesos. Esto se suma a otros 2.2 millones de pesos entregados como ayudas inmediatas a 28 víctimas de dicha corporación.
Aunque en menor proporción, la Comisión también aprobó en 2019 pagos por más de 400 mil pesos a cuatro víctimas de policías estatales.
Y reportó que ha entregado dos millones y medio de pesos en ayudas inmediatas a 31 víctimas de posibles violaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sin que hasta el momento hayan sido indemnizados todavía.
Animal Político también solicitó a la CEAV un balance sobre los apoyos a víctimas de la Guardia Nacional, pero la comisión señaló que no se ha entregado ninguno todavía.
¿Por qué no llegan los pagos?
Aunque en 2020 se redujo a cero la cifra de víctimas de abusos de las fuerzas armadas indemnizadas por la CEAV, los problemas en los pagos no son nuevos. Desde 2015 a la fecha, la comisión ha sido acusada incluso en más de 400 juicios de amparo por retardar por meses, e incluso por años, la salida ágil de los recursos hacia las víctimas.
El caso de Elvira Santibañez es un ejemplo de ello, explica su abogada Reyna Velasco. Desde 2018 existe un reconocimiento pleno por parte de la CNDH de que ella fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos, lo que en automático hace procedente su indemnización. Pero a más de dos años eso no ha ocurrido.
“Esto es una falta de voluntad de hacer las cosas. No le veo otra explicación. No hay justificación para que estos pagos fluyan y hacer lo que corresponde. No se trata de hacerle favores a las víctimas sino de hacer su trabajo. El caso de Elvira no es para nada el único caso sino uno más donde ya está el expediente integrado y no se emiten las resoluciones”, dijo la litigante.
En ese contexto, dijo Velasco, la desaparición el año pasado del FAARI es otro elemento que agravaría un problema que ya estaba presente. No obstante, esta situación también podría funcionar a la inversa y representar una oportunidad para recomponer un proceso que no estaba funcionando, señaló Yuriria Rodríguez Estrada, una de las integrantes de la terna final propuesta por el gobierno para ser la nueva titular de la CEAV.
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