Yahoo Noticias CDMX hace públicos proyectos de ordenamiento territorial; colectivos y especialistas señalan falta de diálogo con la ciudadanía
El Gobierno de la Ciudad de México entregó los proyectos del Plan General de Desarrollo (PGD) y el de Ordenamiento Territorial (PGOT) al Congreso capitalino, con lo que ambos documentos se hicieron públicos y comienza a correr el periodo de seis meses que el Poder Legislativo tiene para su aprobación, que originalmente tuvo que haberse realizado desde octubre pasado.
Esta es la segunda vez que el gobierno local busca la aprobación de estos instrumentos, cuyo objetivo es establecer las bases para la planeación urbana hasta 2040. En diciembre, se sometieron a consulta pública otras versiones de los documentos, que fueron criticadas y rechazadas por asociaciones civiles y grupos de vecinos, por lo que Claudia Sheinbaum los echó para atrás y anunció que se harían modificaciones y se volverían a dialogar.
Sin embargo, académicos, grupos de vecinos y activistas consideran que estas nuevas versiones que se discutirán en el Congreso capitalino tampoco cumplieron con generar consenso entre la ciudadanía y no cuentan con especificaciones claras sobre cómo se manejarán los problemas que se identificaron en los diagnósticos elaborados por las autoridades.
¿Qué dicen los proyectos?
El PGD es el instrumento que definirá las directrices de la CDMX por los próximos 20 años en cuanto a la gestión de los recursos públicos, con una visión de desarrollo económico, social y cultural, mediante la atención de problemas públicos prioritarios que, de acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), fueron identificados por las autoridades e integrantes de grupos de la sociedad civil.
Los “problemas públicos prioritarios” que se mencionan en el documento son la persistencia de profundas brechas de desigualdad social; la insuficiente inversión en salud integral, salud sexual y reproductiva, educación, cuidados, deporte, recreación y cultura; la desigualdad para hacer efectivo el derecho a la educación, así como la escasa producción y uso de conocimientos científicos-tecnológicos para la solución de problemas prioritarios.
También, la insuficiente infraestructura cultural en la capital, con precios elevados y difusión deficiente de las actividades; el trabajo precario; la vulnerabilidad de desarrollo económico frente a los efectos del cambio climático; el desequilibrio ecológico; las amenazas críticas al suelo de conservación, y la persistencia y profundización de condiciones de riesgo de desastre.
Además, reconoce que no se tienen claras las garantías de los usos de suelo; no se privilegia a la función social del mismo; el de conservación disminuye con la mancha urbana; hay abandono de espacios públicos y deterioro en la infraestructura pública; existe un aumento en inseguridad y violencia; hay insuficiencia en la procuración y acceso a la justicia; se da un uso inapropiado y deficiente de los recursos públicos, y que estos son de baja calidad.
Para su atención, el PGD detalla que será necesaria “la implementación de una estrategia general en la que se formularán e implementarán políticas, programas, proyectos y acciones que permitan el avance y logro en acceso efectivo y progresivo de los derechos”.
En el caso del PGOT, instrumento de planeación a 15 años, este busca que se garantice el “uso racional y sostenible para crear y preservar un hábitat sustentable y adecuado a las personas que habitan y transitan la ciudad, las futuras generaciones y todos los seres vivos”, con un “desarrollo más sustentable y sostenible del territorio”.
El proyecto de PGOT señala que este “tendrá carácter de ley” y se sujetará al PGD para atender problemas territoriales prioritarios, tales como la distribución del acceso a servicios y empleos y los derechos de salud, educación, alimentación, vivienda, cultura y deporte, reconociendo los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas.
Entre los problemas a atender también señala la dominancia de un modelo de desarrollo que antepone el interés privado por encima del social y comunitario, así como la carencia de una articulación entre el campo y la ciudad, y el mínimo desarrollo de la economía circular, la pérdida de biodiversidad y la disminución de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos.
Otras problemáticas que reconoce son el que no se garantiza el derecho a la vivienda adecuada y hay escasez de esquemas asequibles para los sectores de menos ingresos, y hay un incremento sostenido de asentamientos irregulares y el suelo adquiere cada vez más valor de inversión inmobiliaria, lo que hace que pierda su valor social y patrimonial.
De acuerdo con el PGOT, entre las medidas que se tomarán está la permanencia de los usos de suelo habitacionales en toda la capital para conservar la vocación residencial de las colonias, y no se permitirá la construcción de megaproyectos en zonas que no cuenten con disponibilidad de agua potable.
Para las zonas con mayor rezago social, promete que se proveerán “los mejores servicios públicos y equipamientos urbanos”, y que la propiedad y producción social de la vivienda serán una política prioritaria.
Ambos planes indican que serán monitoreados y evaluados periódicamente, y podrán ser revisados y actualizados cada cinco años “o cuando lo justifiquen cambios significativos en las condiciones que le dieron origen”, a través del IPDP, en coordinación con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, así como de las secretarías de las Mujeres, del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la promoción de la participación ciudadana.
Los señalamientos de “imposición” de los proyectos
Luego de la entrega de los proyectos al Congreso capitalino, grupos de pueblos originarios y vecinos de algunas alcaldías expresaron su rechazo a los planes y señalaron que el proceso mediante el cual han sido elaborados es una “imposición” del gobierno de Sheinbaum.
La Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco expresó que “las aspiraciones presidenciales y la prisa por mandar y aprobar los documentos a como dé lugar va contra los derechos de la ciudadanía”, y reclamó que no hubo diálogo con autoridades comunitarias para la elaboración de los planes.
Por ello, exigió la reposición del proceso de consulta y la discusión del PGD y el PGOT, y convocó a todos los pueblos y barrios originarios de la capital para movilizarse “en todos los lugares en los que sea posible para evitar un madruguete por parte del Congreso”.
Vecinos de Tlalpan y Coyoacán manifestaron su rechazo a los documentos, los cuales afirmaron que no buscan “un eje para la construcción de una ciudad de derechos, sino brindar un panorama de certeza a inmobiliarias y empresarios”.
“El freno a los desalojos, la construcción de vivienda social y asequible, la gestión equitativa del agua, la protección de asentamientos irregulares frente a inmobiliarias, entre otros temas que han sido motivo de diversas movilizaciones, no son resueltos por el PGOT como era la expectativa”, destacaron.
Los vecinos integrantes de la Acción Comunitaria Pedregal se sumaron al llamado de las movilizaciones sociales para detener el proceso de aprobación de los documentos “sin una visión general para un ordenamiento territorial”, que a su parecer contienen “incoherencias administrativas”.
Estos reclamos se suman a las críticas que fueron elaboradas por especialistas de la UNAM durante varios foros en los que fueron presentados algunos detalles del PGD y PGOT previo a su entrega al Congreso capitalino.
Algunos de ellos comentaron que en los planes no se contemplaron medidas para atender el encarecimiento de la renta y la adquisición de viviendas en la capital, ni contra la expulsión de vecinos provocada por el crecimiento de los alojamientos para turistas, o para mitigar las consecuencias del cambio climático. Además, señalaron que mientras no exista una Ley de Ordenamiento Territorial no puede publicarse un PGOT porque no cuenta con una norma que regule su avance.
Entre los asistentes a los foros estuvieron diversas agrupaciones vecinales, quienes manifestaron su descontento por la falta de participación ciudadana en la elaboración de los documentos, aunque el IPDP asegura que más de 42 mil personas asistieron a los espacios de discusión sobre ellos, en los que se recabaron más de 35 mil comentarios y recomendaciones.
En respuesta a los cuestionamientos sobre la consulta ciudadana de los proyectos, el IPDP señaló que tal como lo establece la Ley de Planeación, el Congreso tendrá que garantizar un parlamento abierto sobre estos instrumentos.
