CCE prevé daños irreversibles a finanzas y ambiente

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Ivette Saldaña y Antonio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- La propuesta de reforma eléctrica puede generar controversias y demandas por parte de empresas que han hecho inversiones en el sector, al amparo de tratados firmados por México.

Los inversionistas pueden acogerse a capítulos de inversiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), también conocido como CPTPP.

Pueden iniciar conflictos al amparo de los capítulos 24 y el 14, del T-MEC, y el 19, del TIPAT, dijo el académico del Tec de Monterrey y exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Jorge Molina Larrondo.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidió en que la reforma violará tratados internacionales. Además, significará una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares o bien se expondrá a reclamo de indemnizaciones y arbitrajes internacionales.

El organismo alertó que la iniciativa lastimará profundamente y generará daños irreversibles en materia económica y ambiental al país, por lo que pidió al Poder Legislativo reflexionar los efectos adversos que puede tener para las inversiones y las finanzas públicas.

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), "la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de derecho, al medio ambiente, las finanzas públicas y a la competitividad del país". El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se pronunció en el mismo sentido, advirtiendo que la propuesta federal reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas.

"De aprobarse, los principales afectados serán los mexicanos, quienes pagarán el costo a las finanzas públicas, ya sea a través de mayores tarifas eléctricas o mediante impuestos que serán necesarios para financiar los mayores costos de generación", recalcó el instituto.

De aprobarse, la iniciativa representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo, aseguró el Imco.

A su vez, la especialista de la agencia Moody’s, Roxana Muñoz, externó que la iniciativa afecta la confianza de inversionistas, desincentiva la llegada de capital en energía renovable y detiene las metas en generación limpia en el país.

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