La causa por el gasoducto: el juez Daniel Rafecas acelera la investigación, pero el principal testigo es también acusado

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Matías Kulfas, en una de sus últimas visitas a la Casa Rosada
silvana colombo

El juez federal Daniel Rafecas quiere resolver cuanto antes la causa por las supuestas irregularidades en las licitaciones para construir el gasoducto Néstor Kirchner. Para avanzar o para cerrarla. Sabe que mientras siga abierta será un ancla para el desarrollo de la obra, de por sí complicado, y no quiere ser el responsable.

El juez, que explicitó este mensaje dentro de su juzgado, ordenó para este viernes la declaración como testigo del exministro Matías Kulfas; para el lunes, la de Antonio Pronsato, que dirigió de la Unidad Ejecutora de Enarsa que tiene a su cargo la construcción del gasoducto, y para el martes próximo convocó a una audiencia a las empresas que extraen gas en Vaca Muerta para que le expliquen cuáles son los “requerimientos técnicos” del gasoducto que se necesita.

Daniel Rafecas.
Rodrigo Néspolo / archivo


El juez Daniel Rafecas. (Rodrigo Néspolo / archivo/)

El lunes pasado -el día que recibió la denuncia- Rafecas se llevó de distintos organismos públicos los documentos relacionados con la obra prevista para construir el gasoducto. Después advirtió que, más que eso, necesitaba los documentos de la licitación en marcha para la compra de los caños de tubería. Ayer debió ordenar nuevos operativos.

La expectativa central está puesta en lo que dirá Kulfas el viernes. Hasta ahora, el exministro no denunció en concreto ningún hecho de corrupción. Sugirió que Ieasa (ahora rebautizada Energía Argentina), la empresa que licita las obras, debió haber hecho un pliego diferente para que pudieran competir otras empresas y destacó que quienes conducen ese organismo son gente cercana a la vicepresidenta (la preside el santacruceño Agustín Gerez).

La situación de Kulfas es muy inusual: citado como testigo, fue el único imputado en esta causa. Según informaron fuentes judiciales, lo señaló el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento de instrucción como posible responsable del delito de omisión de denuncia. Todo funcionario público está obligado a denunciar los delitos de los que tiene conocimiento. Rafecas separó esa parte del caso y lo mandó a sorteo. Le tocó al juez Ariel Lijo. Pero todo indica que Lijo se lo va a devolver.

El futuro de las dos causas

El caso contra Kulfas por omisión de denuncia difícilmente prospere, a juzgar por los antecedentes de Comodoro Py investigando hechos similares. Un dato clave es que el artículo de la ley que establece este delito no dice que el funcionario tenga un plazo para hacer su denuncia. En este caso, todo es muy reciente.

En cuanto a la causa del gasoducto, de corroborarse la hipótesis de los denunciantes, podría haberse cometido un abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, estiman en los tribunales. Si se corroborara que existió un acto administrativo de direccionamiento, podría tratarse también de un caso de negociaciones incompatibles con la función pública. Este delito no requiere que se haya concretado el daño, pero sí debe demostrarse que el funcionario actuó como lo hizo para beneficiar a alguien.

Los principales empresarios del país se congregarán hoy en el marco de un encuentro en el que se celebrarán los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en cuya apertura se escuchará un mensaje grabado del presidente Alberto Fernández, en tanto la clausura estará a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán
Ricardo Pristupluk


Paolo Rocca, CEO de Techint, en la reunión por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) (Ricardo Pristupluk/)

Paolo Rocca, CEO de Techint, dijo ayer en el encuentro de AEA que no hubo “corrupción ni direccionamiento”. Y afirmó: “Salieron a buscar quién podía hacerlo y solo Tenaris tenía la capacidad. Enarsa podría haber cancelado la licitación o asignarlo a nosotros”.

Los investigadores, que ayer se hicieron de todos los antecedentes de la licitación para la compra de los caños, analizarán ahora cómo fue el expediente interno. Si estaban los avales de la línea técnica, por ejemplo.

Rafecas es el juez federal que había sido elegido por Alberto Fernández para cubrir el cargo de Procurador General de la Nación, vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, pero el Presidente no logró que el Senado diera su acuerdo para el nombramiento.

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