Castro confiscó sus apartamentos. Diplomáticos de EEUU y ahora turistas se quedan allí

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Javier García-Bengochea, actualmente un exitoso neurocirujano en Jacksonville, Florida, era solo un bebé cuando salió de Cuba con su familia, luego de que Fidel Castro confiscara sus negocios y propiedades en 1960 como parte de un amplio esfuerzo de expropiación que desencadenó lo que se convertiría en un embargo estadounidense de seis décadas.

Años después, dos edificios de apartamentos de lujo en los exclusivos barrios de Miramar y Alturas de Miramar de La Habana, confiscados a su familia, terminaron como una lucrativa renta en Airbnb y como residencia para diplomáticos estadounidenses en La Habana. García-Bengochea alega que tanto la empresa estadounidense como el Departamento de Estado de Estados Unidos le deben dinero.

“Al menos el Departamento de Estado pretende servir a nuestro cuerpo diplomático. Airbnb está promocionando cínicamente nuestra propiedad robada únicamente con fines de lucro y en violación de la ley de Estados Unidos”, dijo.

El apartamento en alquiler en Airbnb, descrito por los huéspedes como “hermoso”, “estupendo”, “magnífico” y “elegante” en un centenar de críticas entusiastas, es uno de los seis en un edificio construido por la familia de García-Bengochea en 1939. Está ubicado en una zona arbolada y tranquila en la Avenida 33 en Marianao. García-Bengochea heredó el reclamo de un tercio del lote de la propiedad y el edificio de uno de sus primos, Alberto Parreño. Debido a que Alberto era ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación, su reclamo fue reconocido por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, que valoró su pérdida en $66,666 en dólares de los años sesenta.

García-Bengochea detalló su reclamo en una carta enviada a Airbnb en agosto de 2019 en la que citó una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 que prohíbe a las empresas participar “en una actividad comercial utilizando o beneficiándose de la propiedad confiscada ... o de las ganancias del tráfico por parte de otra persona”.

La empresa nunca le respondió, dijo. Al momento de publicación de esta nota, se puede seguir reservando el apartamento en Airbnb por $107 la noche. Según los comentarios de los huéspedes, el apartamento se ha anunciado en Airbnb al menos desde febrero de 2017. El neurocirujano dijo que Airbnb también ha promocionado en su plataforma otros apartamentos en el mismo edificio a lo largo de los años.

Airbnb dijo en un comunicado que la compañía “se toma muy en serio acusaciones como estas y lleva a cabo una investigación exhaustiva cuando se nos informa de cualquier reclamo. Si determinamos que una lista infringe nuestras políticas, tomaremos medidas, que pueden incluir eliminar la lista y el anfitrión de nuestra plataforma“.

Este apartamento de La Habana que figura en Airbnb fue confiscado por el gobierno de Fidel Castro en 1960 y pertenecía a la familia de Javier Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano radicado en Jacksonville, Florida. Él tiene una reclamación certificada sobre esa propiedad. El apartamento se alquila por $107 por noche.
Este apartamento de La Habana que figura en Airbnb fue confiscado por el gobierno de Fidel Castro en 1960 y pertenecía a la familia de Javier Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano radicado en Jacksonville, Florida. Él tiene una reclamación certificada sobre esa propiedad. El apartamento se alquila por $107 por noche.

García-Bengochea no tuvo mucha más suerte con el Departamento de Estado.

Él notificó al Departamento de Estado en 2009 que la agencia federal estaba alquilando un penthouse de 7,000 pies cuadrados en un edificio que su familia poseía en Miramar. García-Bengochea heredó la propiedad de otro primo, Desiderio. Este no era ciudadano estadounidense al momento de la confiscación, por lo que su reclamo no fue certificado, al igual que los de miles de cubanos exiliados.

Pero García-Bengochea envió documentos a funcionarios del Departamento de Estado en los que mostraba que era propietario del edificio. Dijo que tuvo múltiples intercambios con funcionarios y se reunió con ellos al menos cuatro veces con su abogado. Aún así, recibió una respuesta de “no hacemos eso” a su solicitud de compensación, dijo.

La agencia siguió pagando alquiler al gobierno cubano hasta 2019, según García-Bengochea. Supuestamente, el Departamento de Estado había alquilado el apartamento desde 1978 como residencia de diplomáticos estadounidenses en La Habana. Una tasación inmobiliaria independiente encargada por García-Bengochea en 2016 estimó el alquiler adeudado en $2.6 millones.

“La posición del gobierno de Estados Unidos es que las confiscaciones de propiedad privada en Cuba eran ilegales según el derecho internacional. Sin embargo, sabiendo que todo en Cuba está confiscado, el Estado se benefició de [explotar] nuestra propiedad durante 40 años mientras se rehusaba a compensar a los dueños legítimos”, dijo García-Bengochea.

“¿Con qué autoridad moral puede nuestro gobierno exigir que Raúl Castro reconozca las reclamaciones de los estadounidenses si ellos mismos no están dispuestos a hacerlo?” preguntó. “Esta es una posición insostenible, el colmo de la hipocresía y está mal. Es una vergüenza“.

Una portavoz del Departamento de Estado confirmó que la agencia ha estado en contacto con García-Bengochea en varias ocasiones. Cuando se le preguntó por qué la agencia siguió alquilando el apartamento durante años después de la notificación, la portavoz respondió en un comunicado: “El Departamento no alquila este apartamento actualmente”.

La agencia no dijo por qué no lo compensó.

“El Departamento toma en serio cualquier alegación de tráfico de propiedad confiscada, y consideramos cuidadosamente las mejores formas de respaldar las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses”, señala el comunicado. “El Departamento se compromete a respetar la ley”.

Diplomáticos estadounidenses vivían en un ático de este edificio en La Habana confiscado sin compensación a la familia de Javier García-Bengochea.
Diplomáticos estadounidenses vivían en un ático de este edificio en La Habana confiscado sin compensación a la familia de Javier García-Bengochea.

Por qué los activos inmobiliarios de la familia García-Bengochea se convirtieron en negocios rentables, aunque no para él, tiene mucho que ver con el hecho de que las reclamaciones de propiedades confiscadas sin compensación por el gobierno cubano, incluidas las 5,913 certificadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nunca se han resuelto. Bajo una breve distensión, la administración Obama sustuvo conversaciones con el gobierno cubano sobre el tema, pero no llegaron a ninguna parte.

Y el camino legal que proporciona la Ley Helms-Burton para buscar compensación ha resultado ser un proceso tortuoso y costoso, con no pocos desafíos.

En 1996, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton. La ley permite a los dueños de esas propiedades, incluidos los ciudadanos cubanos naturalizados, demandar a las empresas de cualquier país — incluido Estados Unidos — que se beneficien (“trafican”) de ellas. Pero los sucesivos presidentes suspendieron una disposición clave, el Título III, que permite que las demandas procedan en los tribunales, por temor a conflictos diplomáticos generados por el alcance extraterritorial de la ley.

Veinte y tres años después, el presidente Donald Trump levantó la suspensión, abriendo la puerta a las 42 demandas presentadas hasta el momento. Pero entonces, el texto de la ley en sí y su interpretación han planteado nuevos desafíos para los cubanoamericanos como Bengochea, quienes heredaron las reclamaciones de propiedad confiscada en Cuba después de la aprobación de la ley en 1996.

Tras abogar durante varios años para hacer cumplir el Título III, García-Bengochea presentó tres demandas contra las compañías de cruceros Carnival, Norwegian y Royal Caribbean, que ofrecían cruceros a Cuba con una parada en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla. Él heredó de sus primos La Maritima Parreño, el puerto de embarque comercial y almacenes en Santiago de Cuba. Una parte de esa reclamación también está certificada.

En los tribunales, las empresas han argumentado que, dado que la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley LIBERTAD, excluye las demandas de quienes “adquirieron” la reclamación de una propiedad confiscada después de 1996, su caso carece de fundamento.

Su caso aún está en proceso de apelación, pero otro demandante, Robert M. Glen, ya ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga para reconsiderar esa interpretación de la ley, que efectivamente prohíbe la mayoría de las demandas, ya que muchos propietarios originales han fallecido.

Las compañías de cruceros también han argumentado que sus actividades están cubiertas por una excepción en la Ley Helms-Burton que autoriza transacciones y “usos de la propiedad incidentales a los viajes legales a Cuba, en la medida en que tales transacciones y usos de la propiedad sean necesarios para la realización de tal viaje “. Lo que significa viajar legalmente y “necesario” en ese contexto también se ha convertido en un tema de controversia. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos en Atlanta, donde se está considerando la demanda de García-Bengochea contra Carnival, invitó al gobierno de Estados Unidos a aclarar el significado de varios términos en el texto de la ley.

¿Está su nombre en la lista? El tiempo para demandar por bienes perdidos en Cuba puede acabarse

Pero muchos creen que el gobierno estadounidense debería hacer más para lograr una solución permanente para los titulares de reclamaciones certificadas.

“Los juicios extraterritoriales son una gran inversión. Los estadounidenses no deberían verse obligados a litigar un asunto que debería resolverse diplomáticamente ”, dijo Jason Poblete, abogado en Washington y observador de los temas cubanos. “Helms-Burton es una herramienta, una herramienta útil pero defectuosa”.

El senador republicano de la Florida Marco Rubio también quiere que la administración Biden sea más agresiva para responsabilizar a las empresas estadounidenses que hacen negocios en Cuba con propiedades confiscadas.

“Cualquier empresa estadounidense que se enriquezca ilegalmente a través de propiedades confiscadas por el régimen de Castro está violando la ley estadounidense y debe rendir cuentas”, dijo Rubio. “No es la primera vez que Airbnb anima a viajar a lugares conocidos por abusos contra los derechos humanos e incluso genocidio. A pesar de que la Administración Biden no ha mostrado ningún interés en estar realmente con la comunidad cubanoamericana, debería hacer cumplir la ley de los Estados Unidos y castigar a las empresas involucradas en prácticas similares“.

La administración de Biden multó recientemente a Airbnb por aparentes violaciones del embargo en un caso no relacionado. Airbnb auto-reveló las infracciones que el Departamento del Tesoro consideró “no graves”. Pero la agencia advirtió a las empresas sobre hacer negocios con Cuba sin tomar en consideración el riesgo de posibles violaciones de las sanciones.

Cuando se le pidió que comentara sobre los esfuerzos de la administración Biden para resolver las reclamaciones y sus puntos de vista sobre las actividades comerciales de las empresas estadounidenses que involucran propiedad confiscada en Cuba, la portavoz del Departamento de Estado dijo: “Entendemos que las reclamaciones de propiedad contra Cuba, así como los Títulos III y IV de la La Ley LIBERTAD han sido controversiales durante mucho tiempo, tanto con nuestros socios internacionales como con algunos estadounidenses que buscan una compensación por la confiscación de sus propiedades por parte del gobierno cubano. La administración está considerando cuidadosamente las mejores formas de respaldar las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses“.

Para García-Bengochea, llegar a una solución permanente a las reclamaciones es cuestión de tiempo.

“A menos que se resuelvan las reclamaciones en Cuba, nunca habrá clara titularidad de la propiedad, sin la cual el capitalismo no puede funcionar, y mucho menos ser transformador”, dijo. “Sin eso, pocas empresas globales considerarían nuevas inversiones en Cuba, como hemos visto. El hecho es que las reclamaciones son... el tema central de la saga de Cuba, y con cada año que pasa, una resolución se volverá más onerosa para la dictadura y sus socios, en profundo detrimento del pueblo cubano”.

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