Con castillos inflables y granadas, las pandillas debilitan el control de Maduro en Caracas

·7  min de lectura
Los niños hacen fila en El Cementerio, una comunidad en Caracas, Venezuela, el 6 de marzo de 2021, para jugar en un castillo inflable montado por la banda armada a cargo del área. (Adriana Loureiro Fernández / The New York Times)
Los niños hacen fila en El Cementerio, una comunidad en Caracas, Venezuela, el 6 de marzo de 2021, para jugar en un castillo inflable montado por la banda armada a cargo del área. (Adriana Loureiro Fernández / The New York Times)

CARACAS — Desde el interior de su palacio presidencial y con su dominio habitual de las ondas de radio, el presidente Nicolás Maduro pronuncia discursos destinados a proyectar estabilidad en su nación que está derrumbándose.

Pero a medida que el Estado venezolano se desintegra bajo el peso del liderazgo corrupto de Maduro y las sanciones de Estados Unidos, su gobierno está perdiendo el control de amplios sectores del país, incluso dentro de su plaza fuerte: Caracas, la capital.

En ningún lugar es más evidente el debilitamiento de su control sobre el territorio que en la Cota 905, una barriada que se aferra a una empinada ladera con vista a los pasillos dorados desde los que Maduro se dirige a la nación.

En el laberinto de casas precarias que conforman la Cota 905 y las comunidades colindantes de El Cementerio y La Vega, hogar de unas 300.000 personas, la pandilla más grande de la capital ha ocupado el vacío de poder dejado por una nación en descomposición: entrega alimentos a las personas necesitadas, ayuda a pagar las medicinas y los funerales, equipa a los equipos deportivos y patrocina conciertos de música. En las fiestas patrias, reparte juguetes y coloca castillos inflables para los niños.

El territorio que controla la pandilla está fuera del alcance de las fuerzas policiales. Y, según dijo un comandante de la policía local, con acceso a lanzagranadas, drones y motos veloces, los pandilleros están mejor armados y mejor pagados que la mayoría de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

Las pandillas ofrecen un tipo de justicia brutal: los ladrones atrapados en las áreas que controlan reciben un disparo en la mano. Los abusadores domésticos reciben una advertencia; los reincidentes son tiroteados, dijeron los residentes. Y los pandilleros que intentan salir de la delincuencia son perseguidos como traidores.

Pero muchos de los que viven bajo su control dicen que el gobierno de los pandilleros es mejor que la anarquía y la violencia que reinaban antes de que tomaran el poder. Los residentes dijeron que no tenían esperanzas de recibir ayuda del gobierno.

Caracas, Venezuela, vista desde La Vega, una barriada de clase trabajadora controlada por un grupo armado que distribuye alimentos y recluta a jóvenes allí, el 24 de marzo de 2021. (Adriana Loureiro Fernández / The New York Times)
Caracas, Venezuela, vista desde La Vega, una barriada de clase trabajadora controlada por un grupo armado que distribuye alimentos y recluta a jóvenes allí, el 24 de marzo de 2021. (Adriana Loureiro Fernández / The New York Times)

“La mayoría de nosotros preferimos vivir así”, dijo Belkys, una residente de la Cota que pidió ser identificada únicamente por su nombre de pila, por temor a sufrir represalias por parte de la pandilla. “No vemos una solución real”.

Durante algunos años, la ausencia del gobierno ha sido una realidad en gran parte de Venezuela. Ante el colapso económico, Maduro ha abandonado gradualmente las funciones básicas de gobierno en gran parte del país, incluida la vigilancia, el mantenimiento de carreteras, la atención médica y los servicios públicos; para destinar los recursos cada vez más escasos a Caracas, hogar de las élites políticas, empresariales y militares que conforman su base de apoyo.

Refugiado en sus residencias fortificadas de Caracas, Maduro aplastó a la oposición, purgó a la disidencia en las fuerzas de seguridad y enriqueció a sus compinches en un esfuerzo por eliminar los obstáculos a su gobierno autoritario.

En áreas remotas, amplias zonas del territorio nacional cayeron bajo el control de criminales e insurgentes. Pero el dominio de las pandillas de la Cota 905 y las barriadas circundantes, que se encuentran a solo 3,2 kilómetros del palacio presidencial, es evidencia de que su gobierno está perdiendo el control incluso en el centro de la capital.

En toda la ciudad, otros grupos armados también han afirmado el control territorial sobre los barrios de clase trabajadora.

“A menudo se ve a Maduro como un tradicional autócrata que controla todos los aspectos de la vida de los venezolanos”, dijo Rebecca Hanson, socióloga de la Universidad de Florida que estudia la violencia en Venezuela. “En realidad, el Estado se ha vuelto muy fragmentado, muy caótico y en muchas áreas es muy débil”.

A medida que el alcance del gobierno en los barrios marginales de Caracas se redujo, el crimen organizado creció, lo que obligó a los funcionarios de Maduro a negociar con las pandillas más grandes para reducir la violencia y mantener el control político, según entrevistas con una docena de residentes, así como policías, funcionarios y académicos que estudian la violencia.

En el proceso, las pandillas más organizadas comenzaron a suplantar al Estado en sus comunidades, asumiendo el control de la policía, los servicios sociales e incluso la aplicación de las medidas relacionadas con la pandemia.

Los agentes de policía dicen que la pandilla que ahora controla la Cota 905 cuenta con 400 hombres armados aproximadamente, gracias a las ganancias del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión, y que esta ejerce un control total sobre al menos 20 kilómetros cuadrados en el centro de la capital.

Los pandilleros con armas automáticas patrullan abiertamente las calles de las barriadas y las de las comunidades circundantes y vigilan los puntos de entrada desde torres de vigilancia ubicadas en los tejados. El primer puesto de control está ubicado muy cerca de la sede del cuerpo de policía secreta de Maduro.

A medida que la economía venezolana caía en picada, la pandilla de la Cota comenzó a ofrecer apoyo financiero a la comunidad, con lo que suplantaron los programas sociales en bancarrota de Maduro, que una vez ofrecieron comida, vivienda y útiles escolares gratuitos a los pobres.

Después de monopolizar el tráfico de drogas local, la pandilla de la Cota 905 impuso reglas estrictas a los residentes a cambio de parar la violencia y los delitos menores que alguna vez fueron endémicos. Y muchos residentes aceptan su firme postura contra el crimen.

“Antes, los matones robaban”, dijo Ojeda, un residente de la Cota 905 que, como otros en la comunidad, pidió que no se publicara su nombre completo por temor a hacer enojar a los pandilleros. “Ahora, son ellos los que se acercan a ti, con todo lo robado, sin que nada falte”.

Durante su mandato, Maduro ha pasado de la brutal represión dirigida a los grupos del crimen organizado a adaptarse a estos en un intento por controlar el aumento de la delincuencia.

En 2013, retiró a las fuerzas de seguridad de una docena de lugares conflictivos, incluida la Cota 905, y las nombró como “Zonas de paz”, mientras trataba de aplacar a las pandillas. Dos años más tarde, cuando la política no logró controlar la delincuencia, desató una ola de brutales asaltos policiales en las barriadas.

Las operaciones policiales resultaron en miles de ejecuciones extrajudiciales, según Naciones Unidas, lo que hizo que Maduro fuese acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y que se ganara el odio de muchos de los residentes de los barrios marginales. Ante el embate, las pandillas cerraron filas y crearon organizaciones cada vez más grandes y complejas, según Hanson y su colega, la investigadora Verónica Zubillaga.

Incapaz de derrotar a la pandilla de la Cota, el gobierno de Maduro volvió a las negociaciones con sus líderes, según reveló un comandante de la policía y dos funcionarios del gobierno que mantuvieron conversaciones con la pandilla y trabajaron para poner en práctica los acuerdos.

Nuevamente, las fuerzas de seguridad tienen prohibido ingresar a la comunidad, según el comandante de la policía, quien no está autorizado para discutir la política estatal y lo hizo bajo condición de anonimato.

Bajo el acuerdo con el gobierno, la pandilla de la Cota redujo los secuestros y asesinatos y comenzó a implementar algunas políticas estatales. Durante la pandemia, los pandilleros hicieron cumplir estrictamente las reglas de confinamiento y el uso de mascarillas, dijeron los residentes locales. Y la pandilla está trabajando con el gobierno para distribuir entre la comunidad los escasos alimentos y útiles escolares que quedan, dijeron los residentes y los dos funcionarios.

“La pandilla se centra en la comunidad”, dijo Antonio García, un residente de una barriada. “Se aseguran de que obtengamos nuestra bolsa de comida”.

En privado, algunos funcionarios del gobierno defienden los pactos de no agresión con las pandillas más grandes, señalan que la política ha reducido drásticamente la violencia.

Las muertes violentas en los barrios marginales de Caracas se han reducido a la mitad desde mediados de la década de 2010, cuando la capital venezolana era una de las ciudades más peligrosas del mundo, según cifras de Mi Convive, una organización local sin fines de lucro.

Pero académicos y analistas que estudian el crimen en la ciudad dicen que la reducción de los homicidios evidencia el creciente poder de las pandillas de Caracas contra un gobierno cada vez más débil. El desequilibrio, dijeron los expertos, coloca al gobierno y a la población en una posición cada vez más peligrosa y vulnerable.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.