Castilla y León obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal si quieren abortar

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

La sanidad pública de Castilla y León, Sacyl, contará con un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas “que lo requieran”, como fórmula para prevenir abortos, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan “escuchar el latido del bebé” y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha explicado el contenido de estas nuevas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha defendido que se trata de un acuerdo asumido por el Ejecutivo autonómico en su conjunto, con un agradecimiento específico hacia el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), con quien han negociado estas iniciativas y a quien ha visto “muy dispuesto”.

Así, las nuevas medidas que se han aprobado por instrucción del consejero, Alejandro Vázquez, y que este jueves se ha comunicado al Consejo, serán de oferta obligada para el profesional, el cual “deberá decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades” ―atención psicosocial, latido fetal y ecografía 4D―, mientras que su uso o no será una decisión voluntaria de la mujer. “No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere”, ha recalcado García-Gallardo.

El médico deberá decirle a la mujer que tiene tres posibilidades. Es imperativo para los profesionales

En concreto, se garantizará la atención psicosocial a todas las madres “que así lo requieran” a través de un psicólogo de Sacyl, una atención que será voluntaria para las mujeres pero “imperativa para los profesionales”, que deberán ofrecer tanto esta como el resto de medidas adoptadas por la Administración autonómica, y que busca que “tengan todo el apoyo para afrontar el embarazo en las mejores circunstancias y se sientan acompañadas”, a fin de que puedan escoger entre la decisión “natural y propia” de seguir con el embarazo y la “tragedia social” del aborto, la cual deja “una huella en las mujeres” e implica “un drama”.

Las medidas entrarán a funcionar “inmediatamente”

La intención de la Junta es que estos nuevos protocolos de atención a las mujeres embarazadas entren en funcionamiento “inmediatamente”, aunque ha reconocido que las cuestiones de logística, como un posible incremento de plantillas en el ámbito psicológico o adquisición de aparatos, corresponden a la Consejería de Sanidad.

El vicepresidente ha desgranado que la segunda de las medidas “provida” pactadas dentro del marco del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox se concreta en un “protocolo de latido fetal”, que se materializará en que las gestantes podrán acceder entre las semanas sexta y novena del embarazo a una ecografía, con la intención de que se vinculen emocionalmente al bebé, mientras que se mantendrían las actuales tres ecografías para las semanas 12, 20 y 33 de la gestación.

La intención, según figura en la documentación aportada por la Junta, es favorecer la “implicación emocional” de la familia respecto al feto, al observar “una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto de cuerpo”, aunque este momento del proceso ya sería incompatible con una interrupción del embarazo legal.

Por último, García-Gallardo ha defendido el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia para evitar practicar abortos, algo generalizado en Castilla y León, donde únicamente se realizan de forma habitual en el Hospital de Miranda de Ebro, mientras que en el resto de provincias suelen derivarse por parte de Sacyl a clínicas privadas.

En este sentido, el vicepresidente ha dicho que con estas medidas quiere enviar “un mensaje claro” en el sentido de que no se prestarán a la realización de “listas negras” de médicos que rechacen practicar abortos, en referencia a la nueva normativa estatal al respecto.

García-Gallardo ha justificado estas medidas, aún en fase de propuesta y que deberán ser materializadas en una Orden de la Consejería de Sanidad, en la realización de unos 2.500 abortos en Castilla y León en 2021, el 7 por ciento más que en el año anterior.

Este contenido no está disponible debido a tus preferencias de privacidad.
Actualiza tu configuración aquí para verlo.

Related...