Cargos al exministro salvadoreño por ayuda a maras prescribieron, dice defensa

Agencia EFE
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San Salvador, 31 jul (EFE).- Los cargos contra David Munguía Payés, exministro de Seguridad y de la Defensa de El Salvador, por supuestamente beneficiar a las pandillas durante un tregua impulsada por el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) prescribieron, dijo a Efe el abogado defensor David Ramírez.

La Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña acusó recientemente al militar retirado de los cargos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, incluía favores para estas bandas.

Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad.

"Existen tres delitos en los cuales la Fiscalía, en un intento un tanto insólito para poder procesar al general (Munguía Payés), ha estirado indebidamente los plazos, el cómputo de la prescripción", sostuvo el letrado.

Explicó que, en el caso de actos arbitrarios, "es bien evidente" que el plazo legal para que la Fiscalía procesara al exfuncionario concluyó, dado que la pena máxima es de 4 años.

El general fue nombrado ministro de Seguridad en noviembre 2011 y, por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue removido del cargo en mayo de 2013.

Para Ramírez, en ese momento comenzó a correr el tiempo de prescripción.

Sostuvo que el cargo de agrupaciones ilícitas en la modalidad de "favorecimiento a la permanencia" de una organización criminal "también ha prescrito", de acuerdo con su análisis.

Añadió que el agravante reclamado por el Ministerio Público para el cargo de incumplimiento de deberes, que eleva a pena hasta un máximo de 8 años, es "jurídicamente imposible" sustentarlo, dado que se respalda en el cargo de agrupaciones ilícitas.

La legislación salvadoreña establece que la pena de este cargo, que es de entre 4 a 6 años, se elevará en una tercera parte si da lugar a otro hecho delictivo.

"La jueza (del caso) no tuvo quizá la oportunidad de hacer una análisis a profundidad de esos elementos, sobre todo por el plazo que la ley le concede para poder resolver", acotó Ramírez.

La defensa de Munguía Payés presentó una "petición de excepción" de la acción penal y esta fue rechazada, pero esto no limita a la defensa para presentar nuevamente este argumento o presentar una apelación, explicó Ramírez.

Detalló que los representantes del Ministerio Público manifestaron, al momento de defender la vigencia de los cargos, que "existía un obstáculo" para procesar a Munguía Payés al ser nombrado ministro de la Defensa, lo que supuestamente "suspendía el plazo de la prescripción".

El militar desempeñó el cargo de ministro de la Defensa entre junio de 2009 y noviembre de 2011, mes en el que pasó a ocupar la jefatura del Ministerio de Seguridad. Al ser retirado de dicha cartera de Estado en 2013, regresó al Ministerio de la Defensa, donde permaneció hasta junio de 2019.

Los ministros salvadoreños pueden ser sometidos a un proceso en la Asamblea Legislativa para retirarles la inmunidad constitucional para enfrentar a la Justicia.

"Estamos hablando de un tema de legalidad del ejercicio de la acción penal, esta es una garantía que todo ciudadano tiene a ser sometido a un proceso penal bajo unas reglas claras", acotó.

JUICIOS PREVIOS

Para Ramírez, los juicios que enfrentaron en 2017 y 2019 cerca de una veintena de supuestos operadores de la tregua, la mayoría directores de cárceles y empleados del sistema penitenciario, "es un punto de partida" en el proceso que enfrenta Munguía Payés.

El primero de los juicios, en los que los imputados fueron absueltos, se anuló por una corte de apelaciones y en un segundo juicio fueron condenadas siete personas con penas de entre 2 y 3 años por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

Por otra parte, fueron absueltos todos los señalados de los cargos de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en las cárceles y falsedad ideológica.

Apuntó que estos antecedentes "no son vinculantes" en este nuevo proceso, por lo que no es obligatorio que se resuelva de igual forma.

"Es un punto de partida, tanto para la Fiscalía como para la defensa, en el sentido que nosotros vamos a utilizar lo que nos favorece", subrayó.

Indicó que si en el proceso de los supuestos operadores no se condenó por incumplimiento de deberes, "no tendría un sustento jurídico válido el hecho de que se le pudiera condenar al general".

Añadió que si los procesados por supuestamente obedecer órdenes ilegales no se les comprobó el delito, "menos a la persona que supuestamente dio la orden".

El abogado defensor también indicó que "no existe una vinculación directa" entre las supuestas irregularidades que se dieron en las prisiones y el exministro de Seguridad.

"La Fiscalía no ha logrado determinar que existe un nexo causal, que exista una decisión concreta de cometer el hecho delictivo" y que "indudablemente nos dé lugar a pensar de que él actuó con la voluntad de comer un acto arbitrario, un incumplimiento de deberes", sostuvo.

En el proceso contra los supuestos operadores de la tregua, Munguía Payés manifestó que el pacto fue una política de Gobierno de "pacificación".

Hugo Sánchez

(c) Agencia EFE