La canciller venezolana acude a la OEA previo a debate crítico

Ramon SAHMKOW
La canciller venezolana Delcy Rodríguez ofrece un discurso en Caracas, el 15 de marzo de 2017 (AFP/Archivos | Federico Parra)

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acude este lunes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la víspera de un debate pedido por 18 países miembros que critican la severa crisis en la nación suramericana.

Rodríguez se presentará en la sede del ente continental, en Washington, horas después de que su despacho pidiera suspender la sesión del martes, acusando a Estados Unidos de dirigir una campaña de "acoso" contra el presidente Nicolás Maduro.

La cancillería venezolana alega que el debate fue convocado "sin contar con el consentimiento debido del gobierno venezolano, tal como está contemplado en las normas".

Una fuente diplomática dijo a la AFP que la intervención de Rodríguez fue sugerida por los países del bloque caribeño Caricom, para dar a Caracas una voz de alto nivel tras las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de 14 países miembros que fustigaron la crisis en Venezuela.

Antiguos gobiernos aliados como Brasil y Argentina han criticado abiertamente a Maduro, pero el mandatario, heredero político del fallecido líder socialista Hugo Chávez, cuenta con el apoyo de la docena de países del Caribe a los que Venezuela por años ha suministrado petróleo en condiciones preferenciales.

El grupo de 18 países, que incluye a México, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay, pidió una reunión extraordinaria en el Consejo Permanente a fin de "discutir la situación" de Venezuela, sumida en una crisis institucional y económica.

Maduro había rechazado el debate en conversaciones telefónicas con sus homólogos de México, Enrique Peña Nieto, y Panamá, Juan Carlos Varela, según informó Caracas.

Pero el respaldo de 18 países -una mayoría del total de 35 países miembros de la OEA- garantiza que el debate sea aprobado el martes.

- Regreso de la canciller -

El jueves pasado, 14 de esos países exhortaron a Caracas a liberar los "presos políticos", devolver todas las facultades al Parlamento controlado por la oposición y convocar elecciones de gobernadores que han sido postergadas indefinidamente desde el año pasado.

La declaración fue apoyada por Almagro, autor de un voluminoso informe de 75 páginas en el que sugirió suspender de la OEA a Venezuela en caso de que no convoque en breve a elecciones generales "libres, justas y transparentes".

El llamado a elecciones (las presidenciales están previstas para 2018) también fue apoyado por Julio Borges, jefe del Parlamento venezolano, controlado por la oposición que acusa a Maduro de mantener un centenar de "presos políticos" y de una "crisis humanitaria" por el desabastecimiento de medicinas y alimentos.

En paralelo, los venezolanos padecen la inflación más alta del mundo, que, de acuerdo con el FMI, cerró 2016 en 475% y podría llegar a 1.660% este año.

Almagro dijo estar "plenamente de acuerdo" con los 14 países en que la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, "es el último recurso", pero también mostró su impaciencia, afirmando que "si Venezuela no retoma un camino democrático dentro de un mes, debe ser suspendido de la OEA".

Venezuela ya sufrió un revés diplomático en la región tras ver cesados sus derechos como Estado miembro del Mercosur en diciembre por no haber cumplido una serie de disposiciones comerciales y políticas.

La canciller venezolana regresará a la OEA después de que el 23 junio del año pasado intentó sin éxito impedir la presentación de la primera parte del demoledor informe de Almagro.

Desde esa fecha, los gobiernos están en un periodo de "apreciación colectiva", previsto en la Carta Democrática, sobre la situación interna en Venezuela, pero han sido cautos en avanzar medidas más drásticas.

Aprobada en 2001, la Carta Democrática faculta a la OEA a intervenir en casos de alteración constitucional en uno de sus países miembros.

Según esos apartados, si las gestiones diplomáticas resultan infructuosas, una Asamblea General extraordinaria de la OEA podría decidir, con el voto afirmativo de dos tercios de los 35 Estados miembros, la suspensión del país.