Campesinos de Oaxaca temen daño económico por reforma eléctrica

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JUCHITÁN, Oax., octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Los propietarios de las tierras donde están asentados los parques eólicos que operan bajo el esquema de autoabastecimiento en cinco municipios del Istmo de Tehuantepec, confiesan que viven en la incertidumbre ante la posibilidad de que la reforma eléctrica cancele estos permisos.

Si los diputados federales aprueban la iniciativa y desplazan a las empresas eólicas que funcionan bajo este esquema, "los dueños de las tierras seremos afectados", advierte Francisco López Chente Sánchez, presidente del Comité Regional de Parques Eólicos, que agrupa a 500 propietarios.

Los pequeños propietarios y ejidatarios están inquietos desde que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dijo que cancelarán contratos y permisos de parques que funcionan bajo esquemas de autoabastecimiento y productor independiente.

Desde hace 12 años operan en la región 23 granjas eólicas; de ellas, 17 son de autoabastecimiento: producen electricidad para inversionistas asociados, que a su vez son dueños de mineras, cerveceras, refresqueras, panificadoras y tiendas de autoservicio, entre otras.

Sólo seis de esos 23 parques funcionan como productor independiente de energía (PIE), en asociación y para la CFE, misma que ahora pretende limitar, con la reforma eléctrica, a menos de 50% la generación de energías renovables. Cuatro de esas granjas están en Santo Domingo Ingenio.

Porfirio Montero Fuentes, presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo (Uperi), que reúne a campesinos que rentan sus tierras a 20 parques eólicos, lanza la pregunta: "¿Te imaginas el gran daño económico, laboral y social que enfrentará la región istmeña donde se producen 2 mil 500 megawats si se cancelan los contratos y permisos?".

El líder de la Uperi pide a los diputados que "abran la posibilidad para que se revisen todos los contratos entre empresas eólicas y campesinos".

Armando Sánchez, integrante de la mesa directiva de los propietarios que rentan sus tierras a Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la española Renovalia Reserve, afirma que la iniciativa de reforma "genera mucha incertidumbre" entre los dueños de las parcelas.

La preocupación crece, añade, porque si se cancelan los contratos o permisos de las eólicas que se rigen bajo el autoabastecimiento, como Demex, que surte su electricidad a Bimbo, Grupo Calidra y Frialsa Frigoríficos, están en riesgo fuentes de trabajo y de ingreso.

"Creo que los diputados deben valorar qué conviene a todos los actores del sistema eléctrico del país, para que nadie pierda y que además vayan al fondo en la revisión de los contratos suscritos entre los dueños de las parcelas, sean pequeños propietarios o ejidatarios, y las empresas eólicas, para subsanar vacíos legales que dejan en la indefensión a los campesinos".

En opinión de Gastón Dehesa, presidente del grupo de propietarios Fuerza Espinaleña, que arrendan sus tierras a Eólica del Sur, empresa que inició operaciones con una inversión de mil 200 millones de dólares, existe la posibilidad de que algunas compañías del sector no resistan una reducción obligada de su producción.

"Si un parque eólico tiene una capacidad de generación de 200 megawats y la CFE le pide que baje su producción a 50%, ¿qué harán los propietarios?, ¿van a sacrificar sus ingresos?, ¿van a vender sus instalaciones con todo y contratos campesinos?, ¿van retirarse del mercado eléctrico?". Esos escenarios generan incertidumbre", explica.

"Tenemos reportes que la CFE le ha pedido a los empresarios del parque eólico Bi Yoxho, de la española Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), que disminuyan 40% de su producción", dice Chente Sánchez, presidente del Comité Regional de Parques Eólicos.

A principios de 2019, la Federación canceló la licitación de una Línea Directa de Transmisión (LTD) de mil 700 millones de dólares, que llevaría electricidad eólica al centro del país. Así, se suspendió la construcción de 21 parques eólicos en la zona, explica Montero Fuentes, de la Uperi.

Esos 21 parques, que construirían empresas como Gamesa, EconWind, Zapoteca Energía, Mitsubishi e incluso la CFE, producirían 2 mil 500 megas adicionales a los que ya se generan en el Istmo.

Al ser cancelados, la CFE dejó de construir una nueva subestación en Ciudad Ixtepec, donde pagó 22.5 millones de pesos por 45 hectáreas de tierras que, finalmente, abandonó.

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