Cambio de formas y dificultades para modificar el fondo

El cambio de expectativas que busca ahora el Gobierno con la designación de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, que incluyó la nueva degradación de Agricultura a Secretaría, coloca al campo como una suerte de tabla de salvación para la economía.

En pocos días se pasó de apuntar con el dedo desde lo más alto del Gobierno a los productores agropecuarios por demorar las ventas de soja, a considerarlo como un sector estratégico. Es más, hasta Massa nombró a la Mesa de Enlace y convocó a los ruralistas. Toda una curiosidad: Alberto Fernández, en sus primeros dos años, prácticamente ignoró a la agrupación ruralista y privilegió al Consejo Agroindustrial Argentino. Este juego que impuso la Casa Rosada, no el sector privado, tampoco fue efectivo. La ley de desarrollo agroindustrial apenas este año comenzó a ser evaluada en el Congreso.

Aunque el diálogo es bienvenido, lo que muchos ruralistas se preguntan ahora es si solo se tratará de una foto para instalar un clima diferente al que se venía presentando o significa el comienzo de un trabajo diferente. En un cruce de mensajes entre Massa y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, hubo una mención a la necesidad de “trabajar en equipo”.

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El interrogante que se abre es cómo hará Massa para hacer compatible su valoración de estratégica a la producción de proteínas (se entiende que animales y vegetales) con la maraña de intervenciones en los mercados y la presión impositiva, vía los derechos de exportación, y las distorsiones económicas.

Fue Pino quien dijo que el sistema de volúmenes de equilibrio para trigo y maíz, los fideicomisos y las restricciones a las exportaciones de carne no contribuyen a construir un escenario de confianza. El núcleo del problema sigue estando en la brecha cambiaria, que el Gobierno intenta disfrazar con la oferta del “dólar soja”, y en las restricciones para importar que, por otra vía afectan, al agro. Esto sucede con maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquímicos y otros insumos como neumáticos. Por más que se pongan en marcha excepciones a las propias restricciones creadas en los despachos oficiales no habrá un salto en la producción como el que necesita el país con este tipo de medidas.

Habrá que ver cuánto tiempo pasa para observar el choque entre las definiciones del ministro Massa sobre la necesidad de transformar los recursos en riqueza, en la que el campo es fundamental, y los reclamos del núcleo duro del kirchnerismo para aumentar los derechos de exportación, controlar precios e inventar empresas estatales.

El espanto de haberse encontrado con un dólar a más de $340, que desembocaba en una crisis política, por el momento hizo morigerar esa espiral de ideas de principios del siglo pasado.

Más allá de las diferencias ideológicas, entendibles en cualquier sistema democrático, el campo siempre se ha ofrecido como solución a los problemas del país y no como una barrera. En todo caso, necesita de reglas previsibles, similares a las que tienen otros países de la región.

Eso también implica darle al campo el lugar que se merece. La nueva degradación de Agricultura a Secretaría, que ya había ocurrido en el gobierno anterior aunque en forma temporal, da cuenta de los constantes vaivenes de la política. Es cierto que una Secretaría de Estado que forme parte de un Ministerio que tenga un plan coherente puede hacer lo mismo o más que si tuviera un rango superior.

No obstante, el peso económico y social que tiene el campo en el país necesita de una conducción política, con vínculo directo con quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, solo por citar a algunos países vecinos, tienen ministerios de agricultura y ganadería. Hay una razón simple: gran parte de sus exportaciones se originan en la agroindustria.

Cuando se trata de golpear las puertas de otros países para abrir mercados que generan exportaciones y fuentes de trabajo para el país, que muchas veces implican la discusión de cuestiones sanitarias en carnes o granos, ¿quién va, valija en mano, un secretario que tiene pedir permiso al ministro y que a su vez lo tiene que consultar con el Presidente o un ministro con trato directo y peso político propio? El argumento de que se puede encargar el canciller es endeble: en general privilegian los temas políticos por sobre los económicos. Y tampoco es cuestión de que con una Secretaría de Estado se asegure la baja del gasto público. Puede haber también un ministerio con presupuesto razonable. Se abre un nuevo capítulo y las incógnitas se suman.