Cambiemos denunció ante la OEA “el deterioro” de la democracia en la Argentina

Hernán Cappiello
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Germán Garavano
Enrique Villegas

El exministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano, y la exembajadora Paula Bertol se presentaron ante la OEA para denunciar “el deterioro institucional” de la democracia argentina y señalaron que está “amenazada por hechos que avasallan la independencia judicial y buscan impunidad violando la Constitución y los derechos humanos”.

Los exfuncionarios presentaron ante el presidente de la OEA, Luis Almagro, un informe de 104 páginas que describe los “ataques a la independencia de jueces y fiscales”; la reforma judicial, a la que consideran “el uso de un objetivo legítimo para terminar con la independencia judicial, concentrar el poder y lograr impunidad”, y los “ataques a la Corte Suprema de Justicia”.

Describieron la actuación del comité de juristas asesor del presidente Alberto Fernández que planteó reformas judiciales y a la que denominaron “Comisión Beraldi”, por el abogado de Cristina Kirchner, que la integró. Además, enumeraron los “intentos de retrotraer inválidamente traslados de jueces encargados de juzgar casos de corrupción”, lo que consideraron que se trató de “una interferencia más en la independencia de la justicia en la búsqueda de concentrar el poder”.

El trabajo describe las reformas planeadas para modificar el Ministerio Público Fiscal y la elección del Procurador General de la Nación y hace mención a “las presiones a la Justicia para ejercer políticas de venganza contra opositores políticos”. Pone como ejemplo el caso Vicentin.

Denuncia además como hechos graves “las intimaciones a jueces a jubilarse”, el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, la exposición de la vicepresidenta en su última declaración judicial y el plan para crear una comisión bicameral de control de jueces.

No faltaron en el trabajo los cuestionamientos a concursos de selección de jueces, a los ataques a los periodistas, al “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio) y al “patrullaje mediático” para lograr un “pensamiento único”.

Los exfuncionarios de Macri advirtieron a la OEA sobre el “debilitamiento de las estructuras institucionales, la búsqueda de impunidad, la actuación de la Oficina Anticorrupción, la protección a los ‘amigos’ en los casos que involucraron a Amado Boudou y en la causa Vialidad”, contra Cristina Kirchner.

Objetaron la “intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en la solicitud de prisiones domiciliarias de presos por corrupción afines al Gobierno” y cuestionaron el avance contra la “mesa judicial” del macrismo, el caso del Correo Argentino, y la causa “peajes”, que consideraron un expediente “armado”. También criticaron los avances sobre la privacidad y los “abusos” con motivos de la crisis sanitaria.

“Como señala la Carta Democrática Interamericana, la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia representativa”, dijeron Garavano y Bertol.

“La política estatal resulta funcional al objetivo de brindar protección y garantizar la impunidad de quienes -resultando funcionarios o aliados políticos del actual Gobierno- se encuentran acusados, y en muchos casos condenados, como responsables de graves casos de corrupción”, aseguraron.

El trabajo afirma que “con la excusa del ‘lawfare’, el Gobierno pretende rediseñar la estructura de la Justicia y del Ministerio Público” para cumplir con “sus objetivos políticos”. Y recordaron que la media sanción de la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal “es inconstitucional en tanto delega el poder sobre los fiscales en el Congreso”.

Para Cambiemos, “el Gobierno busca generar inestabilidad en los jueces actualmente en ejercicio” y en “todo aquel que pretenda contradecir las posturas gubernamentales, poniendo en grave peligro la independencia judicial”.

La presentación ante la OEA denuncia que se viene practicando una “violación al principio de separación de poderes, aprovechando la situación generada por la actual crisis sanitaria para acrecentar ilegítimamente el ámbito del poder y reducir los espacios de libertad de los ciudadanos”.

Advierte además que los hechos descriptos en el informe “no hacen sino reflejar la degradación de las instituciones democráticas” en la Argentina, “cuyos habitantes, poco a poco, advierten que han puesto sus vidas, sus fortunas y su honor, en manos de un gobierno que está lejos del objetivo de ‘promover el bienestar general’ y asegurar los beneficios de la libertad”, como manda el preámbulo de la Constitución Argentina.