¿Cambiará la Ley de Ajuste Cubano en la era Trump?

Por Wilfredo Cancio Isla-. Cincuenta años después de su implantación para proteger a los refugiados que escapaban del régimen comunista, la Ley de Ajuste Cubano (CAA) está sometida a fuertes cuestionamientos y su permanencia pudiera estar en juego como resultado de las restricciones migratorias que el presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña.

Los ataques contra la más prolongada legislación de beneficios migratorios para una nacionalidad en la historia de Estados Unidos se han intensificado durante los últimos tres años, coincidiendo con la flexibilización para viajar al extranjero -decretada por el gobierno de Raúl Castro en 2013- y el incremento desproporcionado de la inmigración cubana a través de la frontera de México.

Desde 2014, 115,808 cubanos han entrado de manera irregular por puntos fronterizos del territorio estadounidense, más de 93,000 de ellos durante la etapa de deshielo de las relaciones entre La Habana y Washington.

Al entrar a Estados Unidos, los cubanos reciben un parole, ayuda monetaria, cupones de alimentos y seguro médico, y pueden ajustar su estatus legal al cumplirse un año de su arribo al país.

Las travesías marítimas desde la isla también se han multiplicado. En el 2016, el flujo migratorio, que incluye interceptados o avistados en el Estrecho de la Florida y zonas adyacentes del Atlántico y el Caribe, así como los que logran llegar a la costa, alcanzó los 7,358 cubanos, cifra superior a los 4,473 del período anterior.

El propio Trump fue enfático cuando se le preguntó su opinión sobre los beneficios que obtienen los cubanos por el solo hecho de tocar suelo americano. “No creo que eso sea justo”, dijo en una entrevista con el diario Tampa Bay Times, en julio.

Los embates contra la ley, en vigor desde noviembre de 1966, arreciaron en el Congreso desde el pasado año. Dos congresistas, el republicano Paul Gosar (Arizona) y el demócrata Henry Cuéllar (Texas), han presentado presentaron sendas propuestas legislativas para eliminar la CAA, mientras que otro proyecto del representante por Florida, Carlos Curbelo, busca modificar la ley mediante una cláusula que condicionaría la ayuda del programa para refugiados a la obtención del asilo político.

“Lo que debemos parar es el abuso de la ley”, dijo Curbelo. “Los beneficios deben reservarse para los que ganen el asilo político, no para refugiados económicos”. La iniciativa busca cerrar el paso a numerosos inmigrantes de las nuevas oleadas que se declaran refugiados políticos para obtener estatus de residente legal y luego viajan con frecuencia a la isla, aprovechándose de los beneficios recibidos. Una actitud que ha creado inconformidad y rechazo por parte de exiliados cubanos de épocas anteriores.

“La Ley de Ajuste debe preservarse como un beneficio migratorio para todos los cubanos que deciden escapar por persecución política o por falta de oportunidades bajo un sistema totalitario”, dijo a Yahoo Noticias Willy Allen, abogado de inmigración. “Pero no los beneficios extendidos a personas que vienen a desangrar el sistema público o a recibir una ayuda del Seguro Social en un país donde jamás trabajaron”.

El proyecto de Curbelo cuenta ya con el respaldo de 128 congresistas y es homólogo al presentado en el Senado por el senador cubanoamericano Marco Rubio. De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la modificación legislativa de la CAA propuesta por Curbelo y Rubio ahorraría unos 2,500 millones de dólares en 10 años en gastos gubernamentales.

Pero el detonante que movilizó la opinión pública en torno a la CAA fue la crisis humanitaria provocada por la avalancha de miles de cubanos a través de Centroamérica, a fines del pasado año.

Varados durante meses en campamentos en Costa Rica y Panamá, los cubanos consiguieron salir gradualmente luego que los gobiernos de la región negociaran una solución para permitirles continuar viaje hacia la frontera mexicana con el fin de llegar a Estados Unidos. Al final, la crisis migratoria de Centroamérica logró unificar a los líderes regionales en un reclamo inédito a Estados Unidos para eliminar los beneficios excepcionales a los inmigrantes de la isla.

La batalla contra la CAA tomaba dimensión hemisférica con una carta de cancilleres de nueve países latinoamericanos pidiendo a Washington revisar su política migratoria hacia los cubanos. Sobre la mesa de negociaciones entre Washington y La Habana, el gobierno de Raúl Castro ha puesto la CAA como uno de los mayores obstáculos para normalizar la relación bilateral.

En las conversaciones de alto nivel como en las charlas migratorias, la delegación cubana ha insistido en su “profunda preocupación” por la persistencia de la Ley de Ajuste junto a dos provisiones fundamentales de la política migratoria estadounidense: la normativa de “pies secos/pies mojados”, que desde 1995 permite ajustar su estatus a quienes lleguen a tierra firme; y el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, establecido en el 2006 para beneficio de desertores de misiones en terceros países.

Aunque la Casa Blanca ha insistido en que no tiene intenciones de modificar la CAA, la potestad de cambiar o derogar la legislación es exclusiva del Congreso, con la opción de veto para el presidente.

Sin embargo, en manos de Trump estaría la opción de anular la regulación de “pies secos/pies mojados” y la disposición administrativa “Clarificación de Elegibilidad para la Residencia Permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano”, emitida por el Servicio de Inmigración y Naturalización el 26 de abril de 1999.

“El mismo día de la toma de posesión, el presidente puede derogar por orden ejecutiva el decreto de pies secos/pies mojados”, recordó Allen.

El memorando de 1999 es particularmente significativo, pues permite a los cubanos que arriben por cualquier punto de Estados Unidos recibir un parole, ser elegibles para ajustar su estatus como residente legal y recibir los beneficios de refugiado.

Fue justamente esta orden la que disparó las llegadas irregulares por los puntos fronterizos, y permitió el procesamiento de cientos de personas que quedaban en un limbo legal si no ganaban el asilo político. Si Trump lleva adelante su plan de control de fronteras y deportaciones masivas, podría optar por la eliminación de algunas provisiones migratorias como la orden de “pies secos/ pies mojados” y acelerar la devolución de los más de 35,500 cubanos deportables que permanecen en Estados Unidos.

“En vista de la postura de Trump contra la inmigración, particularmente los indocumentados, es de esperar que su administración tome alguna acción sobre la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos, pies mojados”, consideró Jorge Duany, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida.

Duany cree que el principal peligro de un cambio en la política migratoria hacia Cuba es que genere un aumento aún mayor en el número de cubanos que intenten llegar a territorio estadounidense por vías clandestinas, antes de perder su tratamiento privilegiado en la actualidad.

Pero todo dependerá de la política que el 45 presidente de Estados Unidos se proponga trazar respecto al régimen de La Habana.