Los camaristas Bruglia y Bertuzzi denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Hernán Cappiello
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Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino por su "remoción política" de los cargos que ocupan en la Cámara Federal. En su presentación señalaron que la medida se debió a la "venganza" o "búsqueda de impunidad" y pidieron como medida cautelar que el organismo internacional suspenda el concurso abierto para ocupar sus vacantes hasta que se expida.

En un escrito de 116 carillas, los dos camaristas dijeronque su remoción se trata de un caso de "gravedad institucional" que implica graves violaciones a los derechos humanos. Sostuvieron en su mensaje: "Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos".

Consideraron que "fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad" que fueron "montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados".

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"Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del Poder Judicial", denunciaron.

Los jueces hicieron un relato cronológico de los sucedido que comienza en agosto de 2019, donde revelan una historia hasta ahora desconocida. Relataron que con el triunfo electoral del Gobierno empezaron las versiones que apuntaban a removerlos. "Apuntaban directamente a operadores en la Justicia, uno de ellos central, que ocuparía con posterioridad un alto cargo oficial en el gabinete, con visitas comprobables a funcionarios que podían resultar luego dirimentes, con objeto de idear un mecanismo para conseguir nuestra remoción", explicaron Bruglia y Bertuzzi.

Indicaron que allí se desencadenó "un plan letal" centralizado manejado por una o mas personas. "En plena pandemia, momento más difícil del país donde casi no funcionaban los órganos del Estado salvo para cuestiones críticas, en menos de dos meses intervinieron tres estamentos del Estado, dos de ellos órganos colectivos de complejo funcionamiento, con la obligatoria intervención de comisiones, previo al tratamiento definitivo por los cuerpos".

Así relataron que el proceso lo inició el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, donde tenían mayoría oficialista, incluyendo un juez que actuó como vocero, se esmeró por mostrarse absolutamente partidario. "Se hizo en dos semanas, con tanta velocidad que hasta una de las votantes oficialistas se confundió o no entendió siquiera lo que votó, balbuceando lo que puede verse en la filmación previa a anunciar su voto", relataron.

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"Lo que ilegalmente se decidió, también con la colaboración del juez converso, fue que debían pasar nuestros pliegos por el Senado, con amplísima mayoría de senadores oficialistas, para que dieran su consentimiento. Algo impensado". Lo demás es conocido, el proceso en el Senado en tiempo récord y el decreto presidencial de remoción en horas. "Como ya se había cerrado la posibilidad de publicarlo el día siguiente en el Boletín Oficial, debió implementar un suplemento especial que ordenó imprimir el mismo día del original", recordaron los camaristas.

"Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos", especularon.

A esta decisión le siguió el trámite judicial en el fuero Contencioso Administrativo "fuertemente ligado a los intereses más primordiales de cualquier partido gobernante, vital e indescifrable, complejo para el entendimiento general, simple para el conocedor avezado".

Y luego la Corte remató el asunto. Acudieron "con muchas expectativas ya que dos años atrás ya había resuelto lo que debía ser objeto de pronunciamiento aquí, imposible otra solución que no sea contradictoria e inexplicable. Pero empezaron los rumores sobre un fallo salomónico. Pasaban los días y la versión se iba extendiendo, facilitada por algún experto en comunicación de la Corte, que hasta buscó la forma que nos llegara la noticia como un cierto éxito para nosotros", denunciaron.

Y dijeron que "se repartieron volantes entre el periodismo tratando de realizar una suerte de apología en tanto se establecería un freno al poder del Estado". La Corte resolvió sobre "temas no planteados y no decide sobre lo que debía hacerlo".

"Al no decidir sobre lo planteado" y lo que era objeto del conflicto "quedó en pie la conducta viciosa del Consejo y no sabemos al día de hoy si tiene esas facultades revisoras y retroactivas que se arroga". Dijeron que la Corte dictó "un fallo calificado como salomónico" que será históricamente recordado, creando una categoría neutra "los traslados provisorios" superpuesta con las subrogancias dando nacimiento a una categoría de tercera generación, 3.0, híbrida y estéril como la mula´".

"La Corte resolvió en forma retroactiva, especialmente vedada, y afectando seriamente la seguridad jurídica, cuestión que la invalida fatal y definitivamente, afectando la inamovilidad y estabilidad de decenas de jueces que, a partir de la resolución, pierden su status y se convierten en transitorios", sostuvieron.

Bertuzzi y Bruglia tras el fallo de la Corte pueden permanecer en sus cargos como camaristas pero hasta que el Consejo de la Magistratura termine los concursos para cubrir sus lugares. En el Consejo de la Magistratura afirman que terminarán los trámites antes de mediados de 2021, con lo que los camaristas deberían entonces dejar sus despachos. Por eso este reclamo internacional ante organismos que velan para que no se violen los derechos humanos.