Córdoba. Prisión preventiva para un docente que cobraba por aprobar a alumnos

Gabriela Origlia
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La Justicia también procesó, pero sin prisión preventiva, a Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba
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CÓRDOBA.- La Justicia Federal de Córdoba ordenó el procesamiento con prisión preventiva del docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Luis Olmedo, como presunto coautor del delito de extorsión continuada. La acusación alcanza también a Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino. También dictó el procesamiento sin prisión preventiva de la decana de la facultad, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, como presunta autora responsable del delito de omisión de deberes de funcionaria pública continuada.

La causa se inició por denuncias de alumnos de esa carrera que plantearon que Olmedo les cobraba para aprobar la materia de Microbiología, de la que estaba a cargo. La decisión del juez Ricardo Bustos Fierro ordena al fiscal Maximiliano Hairabedian que se analicen “posibles maniobras de lavado de activos de origen delictivo por parte de los tres acusados como coautores”.

La resolución incluye mantener la prisión domiciliaria que tienen desde hace unos meses Olmedo, Massimino y Casalis y trabarles embargo hasta cubrir $ 5 millones. La decana deberá cubrir $ 300.000. La Justicia determinó que el docente tiene la “obligación de abstenerse de tener relación virtual, digital o personal, con los alumnos” de la facultad y a la decana le impone que Olmedo deje de realizar tareas docentes que signifiquen contacto con estudiantes.

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Olmedo fue acusado por alumnos y exalumnos de poner en marcha una academia de formación a la que los estudiantes debían asistir para poder aprobar la materia del segundo año de la carrera, de la que él era titular. Les cobraba alrededor de $30.000 para darles las preguntas que se harían en los exámenes. Los estudiantes aportaron documentación y contaron que recibían malos tratos y que había abuso de autoridad por parte del docente.

La resolución repasa que hay coincidencia de numerosos testigos, tanto estudiantes, egresados y docentes sobre las “inconductas” de Olmedo de imponer “como condición para aprobar la materia de Microbiología, cuyo único titular de cátedra por muchos años” fue él. “Debían realizar un pago a través de una academia, que estaba a cargo”, primero de Casalis y luego de Massimino. Plantea que ese dinero lo obtenían “mediante el miedo de los alumnos a ser aplazados arbitrariamente en la materia”. Olmedo tiene 68 años.

“También hay consenso testimonial en que las sucesivas autoridades de la facultad no habrían tomado medidas para investigar los hechos que estaban en boca de todos los estamentos de ese centro de estudios”, señala el texto judicial. Agrega que la noticia de que Olmedo “habría venido realizando estas maniobras extorsivas, habría sido sostenida en el tiempo, reiterada, lo habrían expresado las mismas personas que lo sufrían en carne y hueso, los docentes que estaban en contacto con ellos, lo habrían planteado consejeros y nunca habría habido voluntad de investigarlo”.

LAVADO

El juez pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) información de la base de datos denominada E-Fisco: de esa documentación surge que Olmedo tiene una cuenta corriente bancaria de disposición conjunta con Massimino en el Banco Macro. Inducen, de los movimientos, que la cuenta era por los “réditos económicos” de la academia”.

En cuanto a la relación entre Olmedo y Casalís, el primero le realizó una donación de un inmueble, que “probaría una transferencia de derechos reales” en favor de Casalis. También donó otra casa a la hija de Casalís (de quien era padrino), valuada en US$120.000, según datos aportados por la escribana interviniente en la operación. Para el magistrado la suma es “significativamente relevante para acreditar el grado de cohesión entre ellos por la actividad ilícita lucrativa que importaba la academia”.

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Entre las propiedades de Olmedo figuran dos departamentos en Nueva Córdoba (una cochera en uno de los domicilios), un local en alquiler en zona céntrica y una casa adquirida como inversión en Villa Dolores.

“Puede claramente advertirse que ese cúmulo patrimonial, no se condice con su actividad de docencia, en la que declaró que gana mensualmente unos ciento veinte mil pesos ($ 120.000); sería palmariamente evidente que con dicho ingreso no podría haber incrementado su patrimonio de la manera que refleja su situación tributaria”, dice el texto y ordena la investigación por supuesto lavado.