Córdoba: un fiscal pidió imágenes de la protesta en contra de las restricciones sanitarias y prevé imputar a los manifestantes

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La Justicia pide identificar a los participantes en la protesta de ayer en Córdoba
La Justicia pide identificar a los participantes en la protesta de ayer en Córdoba

CÓRDOBA.- El fiscal provincial de Córdoba, Andrés Godoy, avanza en una investigación para imputar a los participantes de la manifestación en contra de las restricciones sanitarias por el avance del coronavirus. Pidió a la Policía las filmaciones de los domos y las de la cámara de seguridad para individualizar a quienes violaron el artículo 205 del Código Penal.

La protesta de ayer reunió en un mismo reclamo a los que se sumaron a la convocatoria nacional en rechazo a las medidas y a los comerciantes autoconvocados que marcharon en contra del nuevo confinamiento.

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No es la primera vez que el fiscal Godoy queda en el centro de la escena. El año pasado su decisión de imputar a dos médicos del geriátrico Santa Lucía de Saldán, donde –en plena fase 1- hubo 56 contagios y 11 muertes, derivó en una multitudinaria marcha de los profesionales de la salud.

Las imputaciones recayeron sobre Lucas Figueroa, que detectó que tenía el virus al hisoparse por decisión propia, y Marcelo Santiago Lázaro, director médico de la institución. Para el fiscal, incurrieron en la propagación de la enfermedad.

Marcha en Córdoba por las nuevas restricciones
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Marcha en Córdoba por las nuevas restricciones (Twitter/)

Godoy tuvo un pedido de juicio político por esa decisión. El fiscal lleva dos años en la Justicia provincial; tiene más antecedentes en el fuero federal, donde fue secretario de la Fiscalía 2. En julio del año pasado fue nombrado en una fiscalía subrogante que tomaba casos que quedaban en la “nebulosa” judicial.

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En medio de la pandemia, se creó la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), para atender hechos delictivos vinculados a la propagación de la pandemia. En ese cargo actuó contra los médicos del geriátrico y, en otras marchas durante la fase 1, imputó y demoró a sindicalistas que lideraron protestas callejeras.

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