A César le dijeron que solo tenía ‘una gripa’, y a la semana murió; la empresa intentó ocultar que fue COVID

Manu Ureste (@ManuVPC)
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César Augusto con uniforme en su trabajo
César Augusto con uniforme en su trabajo

César Augusto Fernández, de 38 años, siempre quiso ser comunicador. La televisión, la radio, y la fotografía, fueron su gran pasión desde que comenzó a estudiar la carrera en la Universidad Veracruzana y luego dejó su Tierra Blanca natal para trabajar en varios medios en el puerto jarocho.

Pero pronto la violencia se atravesó en su camino.

Corría el año 2012. Los años del exgobernador Javier Duarte, hoy preso. Y los años negros de los Zetas, de las extorsiones, de los secuestros, y de las agresiones a la prensa en una entidad que, durante el sexenio de Duarte, fue la más letal del mundo para el gremio, solo por detrás de Siria.

Ante este panorama, César escuchaba a sus dos hermanos, Érick y Julio César, que en su grupo de WhatsApp le pedían que saliera de ese infierno.

“Mi otro hermano, Julio César, trabajaba en una plataforma petrolera y le iba bien. Así que le recomendamos que también se metiera a la plataforma, aunque sabíamos que lo que amaba era la comunicación”, cuenta desde Tijuana Érick Fernández.

César los escuchó. Y en 2012 puso tierra y mar de por medio, y empezó a trabajar arriba de una embarcación que daba mantenimiento a plataformas de Pemex en aguas de Ciudad del Carmen, en Campeche.

No era su sueño. Pero el sueldo como coordinador de control de obras era mejor y además podía intercalar largas semanas en mitad del mar, con semanas en casa junto a su esposa y sus hijos.

Así que todo iba bien para César Augusto. Hasta que en este 2020 llegó la pandemia de COVID-19.

“Cuando trabajaba en la comunicación toda la familia teníamos miedo por él -recuerda Érick-. Mi mamá a cada rato también le decía que ya se cambiara de trabajo para estar más seguro. Y pues mira donde fue a sucederle lo peor”.

“Deja de estar de llorón y ponte a trabajar”

Rosa Andrea Esquivel Montero, de 32 años, es la pareja de César Augusto, y la madre de sus tres hijos: una niña de 11 años, la mayor; un niño de cuatro; y un bebé de apenas un año.

Tras terminar la entrega de productos que vende a través de su página de Facebook para sacar algo de dinero con el que sobrellevar la pandemia, a las nueve de la noche acepta la llamada para esta entrevista.

Nada más empezar la plática, Andrea suspira y ríe nerviosa. Dice que han pasado tantas cosas y tan rápidas que no sabe por dónde iniciar. Así que se arranca por el pasado mes de abril, cuando la pandemia arreció en México.

En ese entonces, la preocupación de la pareja era que las semanas avanzaban y la llamada de la compañía de su pareja, Hasen del Golfo, una subsidiaria de Grupo Evya, no se producía y el dinero en casa se agotaba.

“Nos dijeron que estaban tardando más tiempo en subirlos al barco por la pandemia, para no arriesgarlos tanto”, explica Andrea, que añade que, de hecho, a César Augusto y al resto de trabajadores les hicieron pruebas de todo tipo antes de regresar al barco, incluyendo la de COVID-19.

Como salió negativo, la compañía lo llamó para darle el ok. Y el 26 de abril, como solían hacer antes de separarse por una temporada, Andrea y César se abrazaron, se besaron, y se despidieron. Esa fue la última vez que lo hicieron.

Tras la llamada de la compañía, César Augusto recorrió más de 600 kilómetros hasta el puerto de Ciudad del Carmen, en Campeche, donde subió a La Bamba, la embarcación donde trabajaba. A bordo ya lo esperaba su compañero de camarote, el ingeniero de planeación Sergio Hugo Espinosa.

Una vez en el barco inició con su trabajo habitual desde hace ocho años: enviar los reportes de cuántos trabajadores estaba laborando en las plataformas, qué materiales necesitaban, los costos, facturas, etcétera.

Todo transcurría con normalidad, salvo por un detalle. “En una de las veces que pudimos comunicarnos por teléfono me dijo que notaba muy raro que les habían restringido el acceso a internet”, apunta Andrea. “No les permitían acceso a Facebook y les habían bloqueado los sitios web para leer noticias”.

Aun así, la vida en la embarcación transcurría con normalidad. Empleados llegaban al barco y otros se marchaban en el funcionamiento habitual de un buque que da servicio a plataformas petroleras.

Pero, el 30 de mayo saltó la alarma. César estaba muy preocupado porque su compañero Sergio Hugo estaba en cama y con síntomas de COVID-19.

“Me contó que fue al doctor del buque para pedir que aislaran a su compañero en otro camarote mientras se determinaba si tenía o no el virus. Pero el doctor no le hizo caso. Le dijo que solo era una gripa”.

Inconforme, César Augusto fue con un administrador de la empresa para plantearle su preocupación. La respuesta fue que no podían aislar a su compañero “porque no había camarotes disponibles”. Así que se dirigió entonces con representantes de Pemex, encontrándose con una respuesta mucho más contundente: “Le dijeron que no era nada, que dejara de estar de alarmista y de llorón, y que se pusiera a trabajar”, narra Andrea.

El veracruzano regresó a su puesto de trabajo, como le ordenaron. Hasta que el 4 de junio comenzó a sentirse mal. “Ya empecé con tos y fiebre, espero que no pase nada y regresar bien con ustedes”, le escribió por WhatsApp a su pareja. De nuevo, volvió con el doctor, que solo le dio un paracetamol porque aparentemente tenía “una gripa normal”.

A la par, su compañero de camarote empeoró, por lo que, ahora sí, la empresa reaccionó y el día 8 de junio lo trasladó en helicóptero a tierra. De inmediato, César Augusto pidió que también lo sacaran del barco. Pero a él le dijeron que no. Que antes tenía que terminar su guardia.

“Amor, sácame de aquí”

César aguantó como pudo. Pero ya para el 10 de junio, casi una semana después de que avisara de que tenía los primeros síntomas, comenzó a tener dificultades respiratorias y desaturación de oxígeno. La compañía decidió sacarlo también, aunque a él no lo movió en helicóptero, sino en una lancha por mar abierto, tal y como muestra el pase de transporte marítimo con número CME-09062020-0095, del que este medio guarda copia.

Este dato, el del traslado en lancha y no en helicóptero, es el que que la familia de César Augusto cree que pudo ser clave en el deterioro tan rápido que experimentó el veracruzano en apenas tres días.

“¿Cómo bajas a una persona a una lancha en las condiciones en las que ya estaba mi hermano, con temperatura alta y dificultades para respirar, y lo pones a viajar durante seis horas por mar abierto, exponiéndolo a la humedad, al viento, al frío, etcétera?”, cuestiona Erick Fernández. “Definitivamente, más allá de que fue una negligencia, fueron inhumanos”.

César Augusto llegó a la clínica del IMSS número 4 ese mismo 10 de junio. A Andrea la compañía no le avisó del traslado, sino que fue un compañero de trabajo el que lo hizo. Así que no fue hasta la noche del jueves 11 cuando la veracruzana tomó un autobús para trasladarse hasta Ciudad del Carmen.

Andrea llegó a la mañana siguiente, pero ya era tarde: “No pude verlo. Solo llegué para firmar el consentimiento para que lo intubaran. Estaba grave”.

Horas antes, durante el largo y tortuoso trayecto nocturno en autobús, Andrea dice que su pareja le escribió un mensaje. El último.

“Me dijo: amor, sácame de aquí”.

Pero la evolución del virus fue rápida y fulminante. De nada sirvieron los anticoagulantes, ni los antivirales, ni la dexametasona, ni el intubado. Apenas iniciado el viernes 13, a las 0:32 horas, César Augusto falleció.

El reporte médico al que Animal Político tuvo acceso confirmó lo que el veracruzano alertó tantas veces cuando fue al médico de la embarcación y le dieron un portazo con la orden de que volviera a trabajar: que se había contagiado de COVID-19, la causa que le provocó la muerte a él y a compañero de camarote, Sergio Hugo, quien ya había fallecido un día antes.

La otra odisea

Andrea Montero cayó en un profundo estado de conmoción. No se lo creía. Hacía tan solo unas semanas se había despedido de su pareja “perfectamente sano”, y de pronto estaba en una ciudad extraña donde alguien le había pedido por teléfono que fuera a recoger a César en una urna.

Y, precisamente, en la funeraria fue donde comenzó la otra pesadilla.

A pesar de que en documento con folio 200039550, expedido por el Hospital General de Zona Número 4 del IMSS en Ciudad del Carmen, se deja establecido por escrito que las causas de la muerte de César fueron “insuficiencia respiratoria aguda” y “neumonía atípica por COVID-19”, la funeraria se negó a incluir la palabra COVID-19 en la acta de defunción.

Andrea les dijo que si no había muerto por COVID-19, que entonces le entregaran el cuerpo para llevarlo a enterrar a El Jícaro, una pequeña localidad del municipio de Tierra Blanca, en la cuenca veracruzana del Papaloapan, de donde era originario César.

“Pero tampoco quisieron porque decían que, probablemente, había muerto por COVID-19, aunque en el acta no lo podían poner porque era una enfermedad que, según ellos, no estaba reconocida por el gobierno”, explica Andrea.

La abogada laboralista Susana Prieto señala en entrevista que este tipo de matices en las actas de defunción de los trabajadores, como obviar que la causa de la muerte fue la COVID, está facilitando las cosas en esta pandemia para que las empresas evadan responsabilidades y demandas por posibles negligencias, o para evitar pagos por indemnizaciones o seguros de vida.

Situación que también está provocando una avalancha de quejas de los trabajadores en esta pandemia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet), que solo entre abril y finales de septiembre ha recibido 82 mil peticiones de asesoría por despidos injustificados, recortes arbitrarios, o impago de indemnizaciones, entre otros motivos.

En el caso de César Augusto, Andrea dice que la táctica de la empresa Hasen del Golfo fue no reconocer en ningún momento que su empleado había muerto por COVID. Incluso, asegura que llegó a ocultarles los registros clínicos de su pareja, donde quedaba establecido que la causa de muerte fue la COVID-19.

La empresa les dijo que el reporte clínico lo tenía el hospital del IMSS donde César falleció. Y el hospital les dijo que el reporte se le había entregado a la persona que lo ingresó, es decir, a una doctora de la compañía. Pero cuando Julio César Fernández, el otro hermano de César, habló por teléfono con la doctora para pedirle el informe, esta se deslindó diciendo que desconocía quién lo había ingresado ese 10 de junio a la clínica, tal y como queda constatado en una grabación a la que se tuvo acceso.

“Casi nos dijo que César había ingresado él solito”, dice irónica Andrea.

Érick agrega que otra de las tácticas de desgaste fue ignorarlos para no darles ninguna explicación por la semana que César estuvo en la embarcación con síntomas COVID-19 sin una atención médica especializada.

“Marqué muchas veces a recursos humanos, pero nadie nos contestó”, expone Érick, que dice que a los pocos días la compañía ya estaba ofertando en Facebook las dos vacantes que dejaron su hermano y su compañero.

“En la oferta de empleo la empresa aseguraba que manejaban todos los protocolos de seguridad e higiene por la pandemia. Y yo entonces, muy enojado, dejé el comentario de que no era cierto, y avisé a la gente para que tuvieran mucho cuidado, porque mi hermano y su compañero acababan de morir y la empresa no se estaba haciendo responsable de nada”.

Enseguida, la empresa reaccionó: lo bloqueó de su perfil de Facebook.

En paralelo, Andrea contactó a una abogada de Hasen del Golfo para informarle que su marido César Augusto le había comentado varias veces que, en caso de muerte, tenía un seguro de vida con la compañía por 500 mil pesos. Que, incluso, varios compañeros de su César se lo corroboraron.

Ante la insistencia de Andrea, la empresa la citó un 9 de julio en sus instalaciones en la colonia Miami de Ciudad del Carmen, casi un mes después de la muerte de César Augusto.

Una vez de vuelta a esa ciudad que le provoca “terribles recuerdos”, la veracruzana dice que la empresa prácticamente “se burló” en su cara.

“Se botaron de la carcajada y me dijeron que de dónde había sacado eso. Que no era cierto. Que solo era un apoyo por muerte de 100 mil pesos, de los cuales nada más me iban a otorgar 80 mil. Para mí fue una burla total, porque eso es lo que vale para ellos la vida de mi esposo: 80 mil pesos”.

Ese mismo día, los abogados de la empresa le pusieron delante a Andrea un documento en el que se establece que César Augusto, tal y como señala el certificado de la defunción elaborado por la funeraria, había muerto por “neumonía atípica”, sin que haya rastro de la palabra COVID-19 en todo el documento, y en el que se calcula un finiquito neto de 105 mil pesos.

“Yo les pregunté que por qué me daban el finiquito de mi esposo si él no renunció a su trabajo, ni lo habían despedido ¡El falleció por COVID en su trabajo!”, exclama Andrea, quien admite que acabó firmando el documento.

“Te agarran en un momento de tremenda inestabilidad emocional y económica, y te dicen: firma aquí, y si no, pues no te damos nada. Es decir, te agarran totalmente destrozada, sin dinero, sin saber qué hacer, ni a quién pedirle ayuda. Y pues claro que firmas lo que te pongan delante”.

“No somos un simple número”

A cuatro meses de la muerte de su hermano, Érick dice que el calvario continúa para la familia. Además del fallido seguro de vida por 500 mil pesos, su cuñada también está teniendo problemas para que ella y sus hijos reciban la pensión del seguro social por la muerte de César, debido a que no estaban casados legalmente, y a que la empresa también le negó las nóminas con las que hacer los trámites. Mientras que su madre tampoco ha podido cobrar otro seguro de vida que su hermano dejó con un banco.

Por eso, Érick pide una mayor intervención de la Secretaría del Trabajo y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en casos como el de César.

“Necesitamos secretarías más participativas -recalca-. Porque se tiene que hacer justicia. Nada me va a regresar ya a mi hermano, pero necesitamos que se haga justicia por él y por todos los que están pasando por esta situación”.

Y a las empresas, concluye el veracruzano afincado en Tijuana, “hay que exigirles que sean más responsables, más humanas, y que realmente sigan los protocolos sanitarios, porque no somos un simple número”.

Animal Político buscó por medio de su página web y a través de correo electrónico y llamadas telefónicas a la compañía Hasen del Golfo, para solicitarle una entrevista o postura sobre este caso. Pero, al momento de publicar este reportaje, no había ofrecido respuesta.

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