Desde la cárcel. Multimillonaria estafa contra miles de beneficiarios del IFE

LA NACION
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Al menos 19 personas, 14 hombres y 5 mujeres, fueron detenidas hoy, acusadas de integrar una banda que, con el penal cordobés de Bouwer como centro de operaciones, realizaba estafas por vía telefónica accediendo a las cuentas de beneficiarios que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en una maniobra en la que recaudaron alrededor de 18 millones de pesos por mes.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que las detenciones fueron realizadas tras 44 allanamientos pedidos por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien encabezó una investigación de seis meses que recopiló 70 hechos cometidos por esta organización e incluyó el análisis de 6000 llamadas mensuales que realizaba la banda.

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En mayo de este año, LA NACION dio cuenta de una maniobra de similar envergadura e idéntico procedimiento, también realizada por internos de otro penal cordobés: el de Cruz del Eje.

En la detallada investigación -a la que tuvo acceso Télam- se describió que la banda estaba conformada por nueve personas que operaban dentro de la cárcel de Bouwer y que realizaban los llamados extorsivos, y otros diez cómplices que, fuera del penal, se encargaban de realizar la logística de cobro.

Allanamiento en la cárcel de Bouwer, Córdoba, por estafas telefónicasAllanamiento en la cárcel de Bouwer, Córdoba, por estafas telefónicas

Se calcula que la banda delictiva comenzó a operar desde el 26 de marzo de este año, luego de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus.

El modus operandi de estos delincuentes se basaba en realizar llamados a personas que eran beneficiarios del IFE haciéndose pasar por empleados de ANSES y/o de empresas multinacionales.

Una vez que lograban obtener la atención de la ocasional víctima, la hacían dirigirse a un cajero automático y les solicitaban que modificaran las claves personales y que se las comunicaran, lo que, acto seguido, les permitía vaciar las cuentas bancarias y solicitarles préstamos personales.

"Un valor promedio de estafas cercano a los 50.000 pesos (teniendo en cuenta que hay hechos que van desde los 3500 hasta los 600.000 pesos, aproximadamente) nos muestra valores estimados de 1.500.000 pesos mensuales de recaudación por operador y con mínimos costos", describieron los investigadores en uno de los escritos del expediente.

Tras las denuncias de 70 damnificados de la zona norte del conurbano -San Isidro, San Fernando, Pilar y Tigre-, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, ordenó comenzar con la investigación y puso al frente de ella a su adjunto, Ferrari.

"Si bien la investigación se centró en casos ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense, la banda operaba a lo largo y ancho del país", dijo a Télam una fuente vinculada a la pesquisa.

Una vez finalizada la investigación, tras cuatro meses de entrecruzamientos de comunicaciones e información, el juez de Garantías N°7 de Pilar, Walter Federico Saettone, avaló el pedido del fiscal Ferrari para realizar 44 allanamientos en las celdas de la cárcel de Bouwer y en los domicilios particulares de los acusados.

Además de los nueve detenidos en el penal cordobés, fueron arrestados diez imputados que realizaban la logística de los cobros y se está investigando la participación de al menos 30 personas más, que se cree que actuaron como "bancarios", es decir, prestaron su nombre para realizar las transferencias con el dinero robado.

Por último, las fuentes señalaron que a todos los acusados se les congelaron las cuentas bancarias y se secuestraron los celulares de los sospechosos, que quedaron imputados por el delito de "asociación ilícita y estafas reiteradas".