La Cámara de Casación ordenó reabrir una causa contra Carlos Zannini, Ricardo Nissen y Alejandra Gils Carbó

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Carlos Zannini
Carlos Zannini

La Cámara de Casación Penal ordenó investigar a la fiscal comercial Gabriela Boquin, a al procurador del Tesoro Carlos Zannini y al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen por su desempeño y sus intervenciones en lo que refiere a la causa de la firma Correo Argentino. La decisión la tomó la sala III del máximo tribunal penal, con las firmas de Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, al hacer recurso a un planteo presentado por los querellantes que representan a la firma Correo Argentino S.A.

El caso había sido iniciado en mayo de 2020 por una denuncia de los representantes de Socma, la principal accionista de Correo Accionista S.A, quienes cuestionaban supuestas irregularidades por parte de la justicia comercial en el avance del proceso concursal de la firma, así como también de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo que hicieron pedidos y presentaciones para que fuera decretada su quiebra.

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“Se habrían verificado una serie de irregularidades que podrían derivar en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático”, sostuvieron los denunciantes. Y cuestionaron el modo en que se designó a la nueva administradora judicial de la concursada.

El expediente ya tuvo varias idas y vueltas. En primera instancia el juez Sebastián Casanello archivó la denuncia por inexistencia de delito. Esa decisión fue primero revocada por la Cámara Federal, que encomendó avanzar con nuevas medidas de prueba. Y fue nuevamente archivada por Casanello, con un fallo que luego sí fue ratificado por la Cámara con las firmas de los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. El camarista Martín Irurzun votó en disidencia. Ahora ese fallo de la Cámara Federal fue revocado y los camaristas de Casación le encomendaron al juez Casanello y al Ministerio Público Fiscal retomar la investigación y seguir con el trámite de la causa.

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Los camaristas dijeron en el fallo, al que accedió LA NACION, que se debe profundizar la investigación. “Sentados los hechos revelados y a los efectos del [fallo] dictado del auto en estudio lo relevante no consiste en poder afirmar la existencia de un delito, sino –en sentido inverso— estar en condiciones de negarlo con certeza , extremo que, por el momento, resulta prematuro afirmar pues se verifican medidas de prueba pendientes que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación, ya sea para confirmar la decisión que se impugna como para la continuación de la pesquisa”, consideraron.

En tanto, la semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial suspendió el concurso preventivo del Correo Argentino de la familia Macri, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida si debe o no intervenir en la causa la Justicia de la Ciudad, como lo pidieron los accionistas de la empresa. Ese fallo fue firmado por las juezas de la Cámara Comercial Matilde Ballerini, María Elsa Uzal y Guadalupe Vázquez, en disidencia.

Correo Argentino SA tiene una deuda que mantiene con el Estado nacional desde 2001. Se trata de una obligación que la empresa, propiedad de la familia del presidente Macri, contrajo mientras tenía la concesión del Correo. El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, año en que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindió la concesión. En el decreto de rescisión, el Poder Ejecutivo Nacional señaló que la empresa sólo cumplió con el pago del canon durante el primer año de concesión y que a 2001 la deuda del Correo con el Estado en concepto de canon ascendía a $296 millones, que en ese entonces equivalían a US$296 millones, porque en el país regía la ley de convertibilidad.

A partir de aquí se dio un conflicto donde se discute el monto de la deuda y como pagarlo.

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