Buscan castigar a quienes bloqueen las carreteras

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Horacio Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Los presidentes de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), y de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena (Morena), en la Cámara de Diputados, se unieron para presentar una reforma a fin de castigar hasta con siete años de prisión y una multa de hasta 86 mil pesos a quienes bloqueen cualquier carretera del país o vías del ferrocarril, y obtengan un lucro o impidan el cobro en cualquier caseta.

En el documento que firmó Carlos Elhier Cinta Rodríguez, también se busca que quienes dañen las vías de comunicación o los medios de transporte, o interrumpan obras viales, o cualquier operación, sean penados con hasta siete años y multados con hasta 43 mil pesos.

"Quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de trasporte, que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados", define la iniciativa, que busca reformar el artículo 533 y adicionar otro a la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La diputada Juanita Guerra dijo que con esta reforma se pretende robustecer el marco sancionatorio punitivo en lo que respecta al bloqueo de carreteras y defender el derecho constitucional de los mexicanos a la movilidad y libre traslado en el país.

"Las carreteras son de nuestros activos más importantes, no sólo desde la perspectiva de la conexión y traslado de personas, sino también porque en donde hay una vía de comunicación, hay progreso, desarrollo económico, intercambio social, cultural y de servicios.

"Nadie puede negar que donde hay una carretera que conecte regiones hay un desarrollo humano. La red de carreteras mexicanas no sólo forma parte de una distribución de bienes y servicios, en términos orgánicos", afirmó Juanita Guerra.

Agregó que el boteo en las casetas genera pérdidas al sector por más de 7 mil millones de pesos, sin considerar los costos adicionales no cuantificados en el daño patrimonial de los autos, costos logísticos, afectaciones a particulares que se ven impedidos en realizar sus actividades y cadena de movilidad.

Estos costos son directos, como en los casos de las concesiones a Fonadin y a Capufe, por un carácter público, daños que son y están cuantificados, de 2019 a 2020, por 7 mil millones de pesos.

"Esta propuesta es congruente con el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que esta problemática ha adquirido relevancia nacional y se ha señalado en diversos medios de comunicación, que estos actos no serán permitidos y que no existe causa social que lo justifique", explicó la legisladora morenista.