Buscan que bienes confiscados a criminales sean para SP

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y la diputada Juanita Guerra, presentaron, a nombre de su bancada, una iniciativa para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y la utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia.

Lo anterior, en respuesta a la reiterada petición de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien desde la pasada legislatura ha solicitado una reforma en la materia, petición que reiteró en la plenaria de Morena que se desarrolló el pasado 26 de agosto.

En su exposición de motivos, la propuesta sostiene que el crimen organizado representa una de las más importantes amenazas a la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado en sí, por lo que la realidad del país "demanda el gasto de recursos para su combate".

En este sentido, la iniciativa de reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, propone que los recursos de los bienes confiscados cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante sentencia ejecutoriada después de la intervención del SAE, "se destinen en partes iguales a tres fondos: 1. para la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos; 2. a Programas Sociales y 3. al fortalecimiento de la estrategia de la seguridad".

Dichos recursos se obtendrán mediante la aplicación de los procedimientos de extinción de dominio, de los recursos decomisados y que obran en las bodegas y almacenes del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y de los recursos abandonados en las instituciones de crédito.

Con la reforma se establece que los depósitos e inversiones relacionados con el crimen organizado, y que no presenten movimiento alguno en el transcurso de tres años contados a partir de que se depositen en la cuenta global, "prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública".

También se ordena que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, "prescribirán en favor de la Seguridad Pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan".

Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública.

En los artículos transitorios, se faculta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, para instrumentar mecanismos de coordinación, convenios y acuerdos con las instituciones que conforman el sistema bancario, "a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado de los recursos financieros".

De igual forma, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera anual, mecanismos de distribución de los recursos, "el cual deberá establecer un porcentaje de 30 por ciento para las entidades federativas y un 70 por ciento para los municipios y alcaldías de la Ciudad de México".

Finalmente, se señala que los recursos financieros a los que se hace referencia, formarán parte del presupuesto y serán objeto de fiscalización y revisión de la cuenta pública.