Buscan anular nuevo código penal hondureño por violaciones a DDHH

Tegucigalpa, 19 May (Notimex).- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) busca la abrogación del nuevo código penal hondureño, en vigor desde el pasado 10 de mayo, por presuntas lesiones a los derechos humanos e inconsistencias tanto en el catálogo de delitos como en la determinación de las penas.

La asociación civil publicó este martes el primer tomo de su estudio al código penal, donde explica a detalle los motivos por los cuales el poder judicial debe dar marcha atrás en la implementación del documento. Según el CNA, éste criminaliza las protestas y reduce condenas a delitos considerados como graves, entre otras arbitrariedades.

“El CNA entrega a la ciudadanía un análisis profundo desde una perspectiva académica y jurídica, de cómo el nuevo Código Penal de la Impunidad lesiona los derechos humanos y salvaguarda a los extraditables”, informó la organización en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con el estudio, podrían enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel quienes manifiesten desacuerdo con decisiones políticas y gubernamentales. Aquellos que incurran en este crimen podrían ser considerados “terroristas”, en función de los señalado por el artículo 587 del nuevo código.

El CNA también se opone a la disminución de penas para delitos como trata de personas, explotación sexual de menores de edad, pornografía infantil, coacción y secuestro. En contraste, incrementa los castigos para aquellos delitos contra la libertad religiosa.

Asimismo, el grupo consideró graves inconsistencia en el catálogo de sanciones. Según su estudio, existe una ampliación en las alternativas al encarcelamiento. No obstante, para la mayoría de los delitos se impone la privación de la libertad y, en determinados delitos, la cadena perpetua. Esto, según el marco normativo de Honduras, resultaría inconstitucional.

El nuevo código penal ha sido objeto de escrutinio público desde el 18 de enero de 2018, cuando el Legislativo lo aprobó. Posteriormente, el decreto fue publicado oficialmente el 10 de mayo de 2019. Sin embargo, las protestas de la ciudadanía y de distintas organizaciones postergaron un año más su entrada en vigor.

Según lo declarado por el consejo anticorrupción independiente del gobierno, el nuevo código penal estuvo viciado desde el inicio, ya que el documento aprobado no fue el analizado por la sociedad civil entre 2015 y 2016. Después, incluso tras su publicación, se realizaron aún más modificaciones.

“Este Código ha sido objeto de varias reformas, por lo que tanto en lo implícito como en lo explícito presenta irregularidades”, subrayó el CNA.

-Fin de nota-

 

NTX/I/DFG/ECA