Más brecha cambiaria y falta de financiamiento: las consecuencias de no arreglar con el FMI antes del 21 de marzo

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Martin Guzmán, asisten a una conferencia organizada por el Vaticano sobre solidaridad económica, en el Vaticano, 5 de febrero de 2020.
Remo Casilli/File Photo

Durante los últimos dos años, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que no había apuro para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Lo importante de un acuerdo con el FMI es hacerlo bien, más que rápido”, repitió en varias oportunidades. Sin embargo, el monto de los vencimientos que hay con el organismo en los próximos meses y el nivel de reservas del Banco Central muestran otro panorama.

El mismo funcionario había anunciado en noviembre pasado que el Gobierno quería lograr un acuerdo técnico antes que finalice 2021, pero el estado de negociaciones que describió esta semana desanimaron hasta al más optimista.

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Solo en el primer trimestre, la Argentina enfrenta pagos de deuda con el Fondo por US$3976 millones, entre capital e intereses, de los cuales US$2877 millones vencen el 21 de marzo. Pocos días después se le debe pagar al Club de París casi US$2000 millones. Adicionalmente, hay que sumarle el vencimiento de intereses de US$693 millones de este mes por los bonos que reestructuró Guzmán en 2020.

Las reservas netas del Banco Central (las disponibles para utilizar) al 23 de diciembre pasado (último dato disponible), en tanto, serían en torno a los US$3709 millones (US$358 millones líquidas, US$169 millones en DEG y US$3183 millones en oro), según el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (Geres).

La buena noticia es que los precios y las cantidades de la cosecha fina del campo están siendo mejores a la esperada y esto permitió al Central no solo no vender dólares en la primera semana del año, sino que pudo comprar US$106 millones.

“Desde antes creíamos que la fecha de marzo iba a ser bastante difícil de cerrar, aun si en diciembre Guzmán presentaba la carta de intención al FMI. Ahora estamos a principios de enero y estamos lejos de eso. Por lo tanto, el plazo de marzo se vuelve bastante inverosímil o poco factible de llegar”, dice Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

La carta de intención al Fondo se presenta una vez que Guzmán haya logrado un acuerdo con los economistas técnicos del organismo. Ese entendimiento luego tiene que ser aprobado por el Congreso (hay que llamar a sesiones extraordinarias en el verano) y por el directorio del FMI. Según indicó el ministro, la principal diferencia por la cual no hay acuerdo pasa por el sendero fiscal: mientras que la Argentina propone alcanzar un equilibrio de las cuentas del Estado en 2027, el Fondo suele pedir reducir el déficit más rápido, en dos o tres años.

Hasta el discurso de Guzmán pensaba que se podría llegar a un acuerdo antes del vencimiento de marzo; ahora parece que el Gobierno no está haciendo las cosas como para lograrlo, se mueve muy lento. Se necesita más acción, es un Gobierno al que le cuesta tomar una dirección. A esta velocidad no llegamos”, opinó Miguel Kiguel, director de la consultora Econviews.

Un ejemplo de ello fue la decisión de ayer del Banco Central de subir dos puntos porcentuales la tasa de interés. Si bien es un gesto hacia el Fondo de tender a tasas reales positivas, la suba a 40% cuando hay una inflación interanual de 50% fue criticada por los analistas. “Después de haber emitido para financiar al Tesoro por entre 1,7 y 1,8% del PBI solo en diciembre y con expectativas de inflación arriba de 50%, seguro que con una TEA debajo de 50% la demanda de pesos vuela”, dijo de manera irónica el economista Gabriel Caamaño en Twitter. “Para eso, mejor, no hagan nada”, agregó el analista de la consultora Ledesma.

El panorama a partir de marzo

Las consecuencias de llegar al 21 de marzo sin un acuerdo con el FMI todavía es un escenario que los analistas económicas están evaluando. “Cada organismo tiene un periodo gris, hasta que se regulariza la situación”, dice Sigaut Gravina, quien cree que la Argentina podría tener hasta dos meses de gracia sin entrar formalmente en arrears (atrasos, como se le dice en la jerga financiera).

“Me parece que irá a una instancia que habrá una especie de puente, si las negociaciones avanzan. Para abril podría estar la carta de intención y en mayo pasa por el Congreso. Al mismo Fondo le conviene que la Argentina no entre en arrears. Con privados también hubo un momento de default, mientras que se aplazaron los pagos y se siguió negociando”, dice el economista.

Sin embargo, advierte que la situación no es gratis para el país: aumenta la incertidumbre, sube el riesgo país, se agranda la brecha cambiaria y eso genera más distorsiones en el comercio exterior e incentivos para el contrabando. “No se puede estar pedaleando en el año mucho tiempo. En el segundo trimestre tiene que haber una definición. Si entramos en un arrears extremo, en el cual se decide no pagar ningún vencimiento y abandonar las conversaciones hasta 2023, puede haber caída de financiamiento del resto de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, y problemas con la prefinanciación de importaciones”, explicó.

Por ejemplo, el pedido del Banco Central a las automotrices para que sus casas matrices prefinancien las importaciones de autos se vería dificultado, ya que habría problemas de las empresas para girar dinero a la Argentina porque estaría en default con todos los países del mundo, que son accionistas del FMI.

“Si no se logra un acuerdo con el FMI, se gatilla el default con el Club de París, que nos dio tiempo hasta marzo de este año. Además de tener consecuencias financieras, están las económicas, porque habrá que pagar los intereses resarcitorios de aproximadamente US$800 millones, que negoció Axel Kicillof en su momento”, dice Kiguel, exsecertario de Finanzas.

En la consultora EcoGo estiman que habrá un acuerdo “sobre las cuerdas en marzo”, pero en el caso de que no existe, creen que eso pueda provocar “un evento financiero disruptivo”. “Esto tendrá un impacto tanto sobre las cuentas fiscales nacionales, como de las empresas. Desde el fisco nacional habrá dificultades con el financiamiento con otros organismos multinacionales y con otros países. Por ejemplo, se complicarán los desembolsos de China para la construcción de las represas de Santa Cruz. Por otro lado, habrá algún golpe en el financiamiento de las empresas locales, que tengan que refinanciar obligaciones negociables”, advirtió, por su parte, Sebastián Menescaldi.

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