Brasil permitió la tala de árboles en peligro de extinción para exportar madera

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Akuanduba es una deidad de la mitología de los indígenas arara que habitan el estado de Pará. Según la leyenda, si alguien cometía algún exceso, yendo contra las reglas, la deidad hacía sonar una pequeña flauta para restablecer el orden.

Fue de esta leyenda arara que la Policía Federal (PF) de Brasil tomó prestado el nombre que bautizó la operación de investigación lanzada en mayo de este año contra el exministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, el expresidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) Eduardo Bim y otros funcionarios públicos y empresarios de la industria maderera con sospechas de irregularidades en procesos de exportación de madera.

Ahora, seis meses después de la Operación Akuanduba, Agencia Pública tiene nueva información sobre cuánta madera se exportó y qué países y empresas recibieron el producto durante los 15 meses que estuvo en vigor una medida del Ibama (7036900/2020) que está en el centro de la investigación. La investigación indica que las exportaciones de madera se vieron facilitadas por la orden que dejó obsoleta una Instrucción Normativa (15/2011) que establecía que las exportaciones de madera requerían una autorización específica del Ibama y preveía procedimientos más estrictos para el control de las exportaciones, como la inspección de la carga por muestreo.

La orden, que dejó obsoleta la normativa, fue suspendida en mayo por orden del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. En la decisión, Moraes dijo que las investigaciones apuntarían «a la existencia de un serio esquema de facilitación del contrabando de productos forestales». Para Moraes, existe la sospecha de la participación del exministro de Medio Ambiente Ricardo Salles y del expresidente del Ibama, Eduardo Bim, en la supuesta trama.

Entre los investigados se encuentran también funcionarios nombrados por Salles en el Ibama, además de empresas del sector maderero, especialmente las vinculadas a las empresas madereras de la asociación paranaense Asociación de Industrias Exportadoras de Madera del Estado de Pará (Aimex), en el norte de Brasil, uno de los estados más afectados por la tala ilegal en el país.

174 mil toneladas a Estados Unidos y Europa

Según una investigación de Agência Pública, sólo las empresas madereras asociadas a Aimex han exportado 174,000 toneladas de madera desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro – el 57% de estas exportaciones se produjeron durante la vigencia de la medida de Ibama.

La investigación constató que, entre febrero de 2020 y mayo de 2021, las empresas vinculadas a Aimex comercializaron al menos 12,500 toneladas de madera de especies forestales consideradas en peligro de extinción por el Servicio Forestal Brasileño (SFB).

Los datos se obtuvieron en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) a partir de la plataforma Panjiva, una base de datos de información comercial e inteligencia de mercado mantenida por la empresa estadounidense S&P Global.

El volumen de madera comercializada, según los datos de la plataforma, fue mayor en los 15 meses de vigencia del decreto del Ibama (de febrero de 2020 a mayo de 2021) que entre 2016 y 2019, cuando las empresas comercializaron 11,000 toneladas de madera de especies consideradas en peligro de extinción.

Madera_desforestacion_Brasil_AgenciaPublica
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Ibama durante la acción de vigilancia sobre la custodia de la madera y la deforestación ilegal en 2008 (Foto: Fernando Augusto/Ibama)

Las especies encontradas en la base de datos de Panjiva, a pesar de estar en riesgo según la clasificación del Servicio Forestal Brasilero (SFB), pueden ser comercializadas legalmente. Para extraer madera legalmente en Brasil, es necesario contar con un plan de gestión forestal aprobado por las secretarías estatales de ambiente.

En la base de datos consultada no es posible saber a qué planes de gestión está vinculada la madera vendida. Tras el lanzamiento de la operación Akuanduba, Aimex publicó una nota en la que afirma que la madera es legal.

Los destinos de la madera

Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania y Bélgica fueron los países que registraron el mayor número de envíos de madera considerados amenazados por el FSB mientras estuvo en vigor el decreto de Ibama.

La madera más enviada durante el período fue la angelim-pedra (Hymenolobium excelsum), la itaúba (Mezilaurus itauba), la garapeira (Apuleia leiocarpa) y el cerezo (Amburana acreana). Estas maderas, consideradas como especies vulnerables por la SFB, se utilizan principalmente en la construcción civil y naval, por su resistencia y durabilidad.

Sin embargo, las exportaciones de madera no se produjeron de forma homogénea entre los miembros de Aimex, según el análisis de los datos de nuestro informe. Seis empresas fueron responsables del 78.5% de los envíos de madera considerada en peligro durante la vigencia de la orden Ibama.

Entre las tres empresas madereras que más exportaron en el período están Ebata Produtos Florestais Ltda y Tradelink, implicadas en la investigación de la PF. Ambas comparten un pasado común: multas por infracciones ambientales, demandas en el área socioambiental en los tribunales federales y estatales, y conflictos socioambientales con comunidades ribereñas de la Amazonia.

En cuanto a la Operación Akuanduba, Tradelink dijo que todas sus operaciones «fueron legales y siguieron las normas del IBAMA y la interpretación adoptada por la agencia medioambiental respecto a la legislación pertinente». El exportador afirmó que «se trata de una investigación y ninguna de las acusaciones ha sido probada».

Consultadas por Agência Pública, Ebata Produtos Florestais Ltda y Aimex no hicieron comentarios. En recientes declaraciones, Aimex criticó las decisiones judiciales y la labor de la Policía Federal en el ámbito de la Operación Akuanduba. En un comunicado hecho público, la asociación maderera afirma que «en la defensa de los intereses de sus miembros y del sector forestal de una manera firme pero absolutamente honesta, legítima y democrática».

*Este reportaje forma parte del Especial Amazonia Sin Ley, de Agencia Públicaapublica.org y contó con la colaboración del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

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