Bonos para el transporte público o cómo acentuar las desigualdades

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A través de un decreto ley, el Gobierno ha aprobado nuevas medidas para paliar los efectos de la espiral inflacionista para las familias, entre ellas un fondo de 221 millones de euros para el transporte, con los que se financiará a partir de septiembre la reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje.

Ante la subida continuada de los combustibles y tras el descuento mínimo de 20 céntimos en la gasolina, el Gobierno pretende ahora fomentar el uso del transporte público. Pero esta medida, a priori estupenda, presenta varios problemas graves. No solo su aplicación será compleja, ya que no existe un único abono transporte para todos los territorios, sino que, además, genera un agravio comparativo y destapa una situación discriminatoria entre los ciudadanos.

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El Gobierno financiará a partir de septiembre la reducción de los bonos y títulos multiviaje. Foto: Getty Creative.
El Gobierno financiará a partir de septiembre la reducción de los bonos y títulos multiviaje. Foto: Getty Creative.

El principal damnificado: el autobús

La nueva medida del Gobierno de bonificar al 100% todos los abonos que dependan de Renfe ya se ha cobrado su primera víctima. El sector del autobús trabaja con sus departamentos jurídicos para emprender medidas legales ya que financiar al tren interferirá en el normal desarrollo de sus actividades. Según la Confederación Española de Transporte en Autobús, la medida “prima a un modo de transporte frente al autobús, que es el transporte que más viajeros mueve y mayor número de poblaciones conecta diariamente en nuestro país”. En concreto, se calcula que en el cuarto trimestre del año las empresas de transporte colectivo por carretera podrían registrar un descenso de sus ventas de hasta el 30%, aunque en algunas rutas la cifra podría ser incluso mayor.

Una medida que llega tras dos años difíciles, sufriendo los efectos derivados de la crisis del coronavirus en los que el sector no ha logrado recuperar los niveles previos al estallido de la pandemia. Una situación a la que hay que sumar el aumento de los precios de los combustibles que han disparado los costes de las empresas.

Más discriminación para la España vaciada

La controversia no se queda ahí. Esta medida es además discriminatoria porque da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen, y por tanto también a sus ciudadanos. La población de aquellos territorios que no cuenten con un servicio de ferrocarril se verán obligados a continuar usando su vehículo propio para desplazarse, asumiendo los precios de la gasolina prohibitivos, o el autobús sin subvenciones.

La España vacía, menos conectada y cada vez más despoblada es la que más sufre los estragos de la movilidad. La medida anunciada por el Gobierno crea desigualdad entre los distintos municipios en función de qué medio de transporte público pueden utilizar sus habitantes.

La Plataforma del Ferrocarril de Pinares ha pedido a la Junta de Castilla y León que no diferencia entre los usuarios del autobús y los del tren que viajan habitualmente a Madrid desde Ávila. “La Junta no puede ni debe establecer diferencias en las subvenciones” que otorga para los diferentes medios de transporte, porque, a juicio de la plataforma, “lo que se hace es fomentar la utilización de un medio de transporte público sobre otro”. Esto, en última instancia, discrimina a los territorios por los que no pasa un tren en el trayecto hasta Madrid.

Transporte público dañado por la pandemia

La pandemia impulsó el uso del vehículo privado ante el miedo al contagio, haciendo disminuir el uso del transporte público por parte de la población. Ahora existe necesidad de reforzar las frecuencias de los trenes, desatendidos durante dos años, antes de empezar a fomentarlo. Los expertos creen que puede empeorar el servicio si no se aumenta el número de trenes, lo que podría generar descontento y restar usuarios al transporte público.

Ante una inflación desbocada que no hace más que ensanchar las desigualdades económicas entre ciudadanos, son necesarias medidas efectivas. No se pueden atender las necesidades de una parte de la población y obviar las del resto. El traspaso de competencias y la ausencia de un marco legal general impiden avanzar hacia un modelo de transportes de calidad.

La movilidad en España es un rompecabezas formado por piezas desiguales. Pero urge ponerlas en orden. Se trata de un problema que la crisis de Ucrania ha hecho mayúsculo. Teniendo en cuenta cómo está el precio de la energía no se puede posponer por más tiempo.

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