Bonistas contra Kicillof: amenazan con denunciar a la provincia y ejecutar el default

Sofía Diamante
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El próximo lunes vence la onceava extensión que realizó el gobernador Axel Kicillof para negociar la deuda de la provincia de Buenos Aires y todavía no hay perspectivas de que se vaya a realizar una mejora de la oferta que permita llegar a un acuerdo con los acreedores.

De hecho, el Grupo Ad Hoc de Bonistas, compuesto por más de 40 fondos instituciones que tienen aproximadamente el 50% de los US$7148 millones de la deuda externa, indicó que "está sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación".

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También señaló que, si la provincia no "cambia decisivamente el curso de acción, los miembros del grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes".

Según indicaron, el ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la provincia. "Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento", amenazaron.

Los tenedores de bonos son representados por el estudio de abogados White & Case LLP, el mismo que forzó hace tres semanas una demanda en Nueva York contra la provincia de Entre Ríos, luego de no llegar a un acuerdo por la reestructuración de la deuda de US$500 millones. En ese entonces, la acusación se percibió en el mercado financiero como un llamado de atención para Kicillof.

El estudio White & Case LLP también representa a los fondos Fidelity, BlackRock y Ashmore, entre otros, en la negociación de la reestructuración de la deuda de US$6200 millones de YPF, que promete ser también otro frente de conflicto con el Gobierno.

"Desde abril de 2020, cuando la provincia lanzó una oferta de canje unilateral que fue rotundamente rechazada por los bonistas, la provincia ha extendido reiteradamente el plazo de aceptación de su inadecuada oferta sin buscar un espacio de diálogo con los bonistas. Durante este período, el grupo ha señalado repetidamente que la oferta de la provincia no refleja su capacidad de pago y que, por lo tanto, no contará con el apoyo necesario de los bonistas", indicaron los bonistas.

Asimismo, dijeron que "la provincia no ha hecho ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo con los inversores ni por subsanar el incumplimiento de pago de sus bonos en circulación".

Luego remarcaron que, durante estos meses de prórroga, cinco provincias argentinas iniciaron y concluyeron negociaciones de reestructuración exitosas con sus respectivos bonistas, "implementando, en cada caso, soluciones que fueron producto de negociaciones de buena fe". Estas provincias son Mendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones), Neuquén (US$694 millones), Río Negro (US$300 millones) y Córdoba (US$1685 millones).

"El contraste entre estos procesos consensuales y de buena fe y el proceso no cooperativo que eligió la provincia no podría ser más marcado. La única conclusión a la que puede llegar el grupo es que, a diferencia de otras provincias que enfrentan presiones similares, la provincia no siente la urgencia de resolver su default", acusaron los acreedores en un comunicado.

En el gobierno bonaerense indicaron que, desde el inicio del proceso de reestructuración de deuda, "el equipo económico está dialogando con los bonistas para alcanzar un acuerdo que sea consensuado y sostenible en el mediano y largo plazo".

"Siempre hemos planteado en los diálogos de buena fe que mantenemos con los acreedores privados externos que cualquier acuerdo tiene que estar alineado con la realidad fiscal y la capacidad de pago de la provincia y también teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas y el impacto sobre las reservar internacionales. Seguiremos trabajando para alcanzar un acuerdo que cumpla con esas características", dijeron en la cartera económica de la provincia.

Además de Buenos Aires y Entre Ríos, las provincias que siguen reestructurando sus deudas son Salta (US$383 millones), Tierra del Fuego (US$170 millones), Chaco (US$250 millones), La Rioja (US$300 millones) y Jujuy (US$210 millones).

Hoy se reunieron los ministros de estas provincias para "reafirmar su compromiso para avanzar en la restauración de la sostenibilidad de las deudas provinciales de forma coordinada y responsable".

En un comunicado que emitieron, indicaron que "resaltan la relevancia de mantener un adecuado flujo de comunicación y coordinación sobre los avances en los distintos procesos individuales" y "rechazan el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación".

A su vez, los acreedores también formaron la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas (CBPA), que está formada por un grupo de administradores de fondos internacionales con tenencias de más de US$3000 millones en bonos emitidos por provincias argentinas.

"En particular, tratamos de garantizar que las negociaciones sobre las reestructuraciones de deuda, cuando sea necesario, se lleven a cabo de manera justa y basada en principios. No hacerlo pondría en peligro el futuro de este mercado, en detrimento de las provincias y sus residentes", dice la presentación de la página web que formaron.