Bolsonaro suma su voz a las críticas de las ONG a la ley contra las falsas noticias

Agencia EFE

Brasilia, 1 jul (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se sumó este miércoles a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en las críticas a un proyecto de ley que fue aprobado la víspera por el Senado y que busca combatir la diseminación de falsas noticias (fake news) en las redes sociales.

El líder ultraderechista afirmó en declaraciones a periodistas que difícilmente la iniciativa será aprobada por la Cámara de Diputados y dio a entender que, en caso de que ello ocurra, podrá usar sus atribuciones como jefe de Estado para vetar el proyecto.

"No va a andar. Creo que va a ser difícil que sea aprobado por la Cámara. Y si avanza nos resta aún la posibilidad del veto", afirmó el capitán de la reserva del Ejército brasileño en una conversación con seguidores frente a los portones del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia.

El proyecto, aprobado la noche del martes por el pleno del Senado y que ahora depende de la aprobación de la Cámara Baja para convertirse en ley, ha sido blanco de críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y HRW, que consideran la iniciativa una amenaza a la libertad de expresión en Brasil.

La llamada ley contra las "fake news" también ha sido criticada por las principales plataformas de redes sociales, como Facebook, WhatsApp y Twitter, que consideran que permitirá a las autoridades recolectar masivamente los datos privados de sus usuarios.

El jefe de Estado, que se ha caracterizado por sus duras críticas a las organizaciones no gubernamentales desde que asumió su mandato, se sumó a la campaña contra el proyecto por considerar que amenaza la libertad de sus aliados y seguidores para divulgar sus puntos de vista en las redes sociales.

Bolsonaro es investigado por las autoridades electorales en procesos por supuestamente haber usado robots para difundir falsas noticias durante la campaña electoral que lo condujo a la Presidencia en 2018.

La Corte Suprema, además, abrió el mes pasado una investigación contra aliados y allegados del mandatario por usar las redes sociales para difundir supuestas propuestas antidemocráticas.

El gobernante dijo que ni él, que se considera como una de las personas más atacadas en las redes sociales, reclama contra la libertad de expresión en internet. "Hay que garantizar la libertad. Nadie es criticado tanto como yo en internet y nunca protesté", dijo.

Los defensores del proyecto consideran que servirá para combatir la producción y diseminación masiva y organizada de informaciones falsas, contenidos difamatorios y discursos de odio que amenazan a las instituciones democráticas.

El texto aprobado por el Senado prevé, entre otras cosas, que las autoridades puedan rastrear mensajes replicados en aplicaciones de conversaciones y que todos los proveedores de redes sociales cuenten con sede en Brasil para que puedan ser intimados judicialmente.

Igualmente obliga a los proveedores a identificar a todas las personas que creen cuentas en sus aplicaciones -con número de identidad y teléfono- para impedir las llamadas cuentas fantasmas y a vetar el uso de robots que puedan automatizar el envío de mensajes.

Para facilitar la aprobación del proyecto en el pleno del Senado, el ponente de la iniciativa retiró a última hora un artículo que establecía una alteración en el Código Penal para tipificar la diseminación de falsas noticias como crimen.

Los grandes gigantes tecnológicos como Facebook y Google divulgaron la semana pasada un comunicado conjunto en el que defendieron un debate más profundo sobre el asunto.

Según estas plataformas, la iniciativa permite una "recolecta masiva de datos personales, profundizando la exclusión digital y poniendo en riesgo la seguridad de millones de ciudadanos".

Las plataformas consideran que la ley viola el derecho de sus usuarios a la "protección de datos" y por ello pide el aplazamiento de la votación hasta que se construya un texto equilibrado, con el fin de evitar un "golpe en la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, y en la economía del país".

(c) Agencia EFE

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