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Bolivia impugnará fallo de la CorteIDH sobre caso de torturas contra 26 personas

La Paz, 26 ene (EFE).- El Gobierno boliviano anunció este jueves que buscará impugnar un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) referido a un caso de actos de tortura y malos tratos por parte de agentes policiales en contra de 26 personas detenidas en 2001 por un atraco violento que dejó tres muertos.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo a los medios que la sentencia "es lamentable" pues, a su juicio, "está incentivando" a que en el futuro las personas "vayan a robar camiones blindados, a disparar a sus camaradas, disparar a la Policía y que luego de unos años sean indemnizados".

"Por tanto, como Gobierno nacional vamos a hacer las impugnaciones correspondientes y vamos a presentar los oficios que sean necesarios para evitar que delincuentes, que personas que mataron a sus camaradas (...) estén recibiendo una indemnización económica", señaló.

Del Castillo recordó de esta forma el atraco perpetrado el 14 de diciembre de 2001 por una banda criminal liderada por el entonces coronel de policía Blas Valencia, en la avenida Kantutani, una de las principales vías que une el centro y sur de la ciudad de La Paz.

Un camión de la compañía filial de la española Prosegur Compañía de Seguridad, que llevaba 700.000 dólares, fue atacado a tiros, causando la muerte del conductor y de dos guardias de seguridad que transportaban el dinero.

Por este suceso, Valencia y cuatro peruanos fueron condenados en 2003 a 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.

Valencia cumple actualmente sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.

El caso ante la CorteIDH se refiere a los allanamientos y detenciones realizados por la Policía Boliviana dentro de las investigaciones por el asalto.

La sentencia de la CorteIDH, notificada el miércoles a las partes, declara al Estado boliviano como responsable internacional por las violaciones a diversos derechos y otras vejaciones cometidas por los agentes policiales durante los allanamientos y detenciones ilegales para capturar a los sospechosos del atraco.

La CorteIDH indicó que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas durante esa época fueron "contrarios a la normativa constitucional vigente al momento de los hechos, y que, por el uso de fuerza desmedida implicaron una violación de la Convención".

"Durante los allanamientos nocturnos se afectaron de forma desproporcionada los derechos de los niños y adolescentes presentes, así como el derecho a la vida familiar. Asimismo, las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones", explica la Corte en el documento.

La entidad ordenó diversas medidas de reparación al Estado, entre ellas, una revisión de la sentencia condenatoria a las víctimas, el establecimiento de protocolos para la realización de allanamientos y otros actos de investigación judicial en donde estén presentes menores de edad y el pago de sumas indemnizatorias a las víctimas.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países del hemisferio que han reconocido su jurisprudencia.

(c) Agencia EFE